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‘Chifagate’: el encuentro clandestino con un empresario chino que pone al presidente de Perú en la mira
El presidente interino de Perú, José Jerí, se puso a disposición de la Fiscalía para “brindar las declaraciones y aclaraciones que correspondan” en torno a sus polémicas reuniones con un empresario chino, mientras la izquierda en el Congreso comienza a explorar la vía hacia una moción de vacancia que podría sumar una nueva destitución y otro mandatario más sometido a la justicia.
Luego de apenas 100 días de gestión en sustitución de la destituida Dina Boluarte, el presidente interino de Perú, José Jerí, se enfrenta a su crisis más grande en medio de sospechas de manejos para favorecer a un empresario de origen chino en el otorgamiento de contratos sin licitación.
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Jerí fue captado en sendas reuniones clandestinas con Zhihua ‘Johnny’ Yang, un hombre de negocios que, según medios peruanos, estaría vinculado al hermano de la expresidenta Boluarte, Nicanor, procesado por presuntos actos de corrupción.
El primero de esos encuentros se produjo en un restaurante de comida china, que en Perú se conocen como ‘chifa’, lo que ha dado nombre de ‘chifagate’ al caso, por el que ahora Jerí podría enfrentar una moción de vacancia si prosperan las gestiones de parlamentarios de la oposición de izquierda para sumarlo a la larga lista de presidentes destituidos y procesados en su país.
Sin agenda, sin registro y fuera de Palacio. Imágenes muestran al presidente José Jerí reuniéndose con un empresario chino en un local privado del centro de Lima
Jerí dirigió sendas comunicaciones al Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, y al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara, en las que mostró su disposición de ofrecer las “declaraciones y aclaraciones que correspondan” para el “adecuado esclarecimiento de los hechos”.
Encapuchado y acompañado
El primer encuentro de Jerí con ‘Johnny’ tuvo lugar el 26 de diciembre cerca de la medianoche, cuando asistió con su escolta presidencial y acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pero vestido con un abrigo con capucha para evitar ser reconocido.
Jerí explicó inicialmente que la reunión tenía como objetivo planificar los festejos del Día de la Amistad entre China y Perú, previsto para los próximos días.
El segundo encuentro se produjo el 6 de enero en una tienda de productos chinos, propiedad también de ‘Johnny’, a la que Jerí se presentó usando gafas oscuras y una chaqueta de la Fuerza Aérea Peruana.
Al saber que los videos de vigilancia se habían filtrado a los medios y que las imágenes serían mostradas públicamente, Jerí lanzó una intempestiva comunicación en redes sociales a las 2 de la madrugada del 18 de enero.
El presidente interino reconoció en un mensaje grabado que estuvo acompañado de Tiburcio y que había actuado de forma errada, aunque negó que estuviera planificando algún negocio ilícito.
La aclaración se produjo como respuesta a denuncias periodísticas de que planeaba el otorgamiento de un contrato sin licitación para la colocación de cámaras de vigilancia en unidades de transporte público, como una forma de enfrentar la situación de inseguridad personal que atraviesa el país.
¿Error “juvenil” o trampa deliberada?
El vicepresidente, Ernesto Álvarez, ha salido en defensa de Jerí, al afirmar que fue sorprendido en su buena fe, embaucado en una “trampa por los elogios, por su juventud”, según él tendida por empresarios que le cobraban haber quedado apartados de contratos oficiales.
“A mí me parece que ha habido una trampa. Si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda y ese control solo lo puede tener el empresario y su entorno, y esta visita y la otra han sido filtradas en forma paulatina para hacerle daño”, afirmó Álvarez, en declaraciones al portal del diario El Comercio.
Por su parte, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospiglosi, consideró que Jerí había tenido una “actitud incorrecta” que “él mismo reconoció en un mensaje a la nación”, pero se mostró opuesto a la activación de una moción de vacancia.
Rospiglosi recordó que Perú se encuentra en medio de un proceso electoral, previsto para el 12 de abril, y que “si alguien encuentra algo ilícito en el presidente tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo”, pero después del 29 de julio, cuando está previsto el traspaso de mando, para evitar un nuevo vacío de poder.
