El 6 de noviembre, Telenoche informó que el Departamento de Riesgos del BROU había reclasificado el riesgo crediticio de la AUF de 2A a 4: deudores con capacidad de pago muy comprometida. De acuerdo con el Banco Central, el nivel comprende a los deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución, o de hasta 180 días en los pagos o que haya pérdidas muy significativas en los últimos tres años.
En octubre de 2022 el fideicomiso se trasladó formalmente a República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (Afisa), que pasó a actuar como fiduciaria del acuerdo. En junio de 2023 el crédito aumentó a US$ 9 millones al año, para lo cual la AUF cedió como garantía derechos de televisión de las Eliminatorias al Mundial 2026, el patrocinio de la selección nacional en ese torneo y los ingresos por la participación de Uruguay en el Mundial 2026 y en la Copa América 2024, que se disputó a mediados de año en Estados Unidos.
Dos meses atrás, un grupo de clubes de Primera, Segunda y Tercera División denunció penalmente a la AUF y a varios de sus actuales y anteriores jerarcas, entre ellos, al presidente Ignacio Alonso. La demanda sostiene que existen irregularidades en los balances contables, posibles desvíos de fondos y hechos de apariencia delictiva. Entre otras cosas señala que la asociación no incluyó en sus balances alrededor de US$ 25 millones, recibidos entre otros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en adelanto por la participación de selecciones uruguayas en torneos continentales.
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Casa central del Banco de la República, en Montevideo
Pablo Vignali/adhocFOTOS
Dos de las instituciones que impulsan la demanda son Cerro Largo y Liverpool. Sus presidentes, Ernesto Dehl y José Luis Palma, enviaron en octubre una carta al Directorio del BROU en donde informan que la AUF consiguió en julio de 2023 un préstamo de US$ 10 millones con la Conmebol mediante la misma garantía que sustenta su fideicomiso con el BROU.
El Observador informó el 22 de octubre que se trata de un contrato por el cual la Conmebol anticipó a la AUF US$ 10 millones por la participación de seleccionados uruguayos en campeonatos bajo su organización. “En ese contrato se autoriza a la Conmebol a hacer retenciones sobre el 50% de cualquier suma que pudiera recibir la AUF por su participación en torneos continentales y, adicionalmente, acuerdan que otros activos como los derechos de televisión de las Eliminatorias 2026, patrocinio de selecciones nacionales por Copa del Mundo 2026, patrocinio técnico selección nacional, ingresos por participación en Copa del Mundo 2026 y en Copa América 2024 son cedidos a efectos de garantizar el desembolso realizado”, indica la carta.
El documento fue remitido a Gustavo Igarza, coordinador general de Servicios Jurídico y Notarial del BROU. En una respuesta enviada al directorio del banco, a la cual accedió Búsqueda, Igarza afirma que, a partir de la exposición de Cerro Largo y Liverpool, “parecería” que la AUF no volcó los fondos provenientes de la Copa América 2024 al fideicomiso con el banco “sino en forma parcial”. De confirmarse esa presunción, “el BROU se encuentra habilitado a disponer la reducción o suspensión de la asistencia financiera a la AUF, si así lo considerase conveniente para la defensa de su crédito”, concluye Igarza. También envió su opinión el gerente legal de Afisa, Martín Reyes. En este caso, el documento al que accedió Búsqueda indica que la fiduciaria no estaba al tanto del contrato entre la AUF y la Conmebol.
“Si no fuera porque nos avivaron Dehl y Palma, todavía estamos por enterarnos de que nos habían duplicado la garantía”, señaló Pablo Sitjar, representante de Cabildo Abierto en el Directorio del Banco de la República. Añadió que, si bien el directorio valora las advertencias emitidas por la coordinación general de Servicios Jurídico y Notarial, la intención en este momento es “ordenar a la AUF” para regularizar su situación.
En setiembre, debido a la denuncia penal presentada por los clubes, el BROU congeló durante 20 días la línea de crédito de la AUF. Se rehabilitó con los votos discordantes de Sitjar y Leandro Francolino, miembro del directorio por el Frente Amplio, quienes advirtieron por la disminución del patrimonio contable de la AUF de US$ 5.568.155 a US$ 668.518 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023.
Por lo pronto, el 7 de noviembre el Directorio del BROU decidió en forma unánime reducir la línea de crédito de US$ 9 a US$ 7,5 millones. Además, requirió como nueva garantía el reciente contrato firmado entre la asociación y Nike. Este acuerdo fue aprobado oficialmente el 31 de octubre y establece que la firma estadoundiense vestirá a las selecciones uruguayas durante ocho años a cambio de US$ 42 millones.
¿Qué respuesta prepara la AUF?
Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Cooper, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo son las instituciones que demandaron a la AUF. El caso lo investiga la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez.
La acción legal fue también impulsada por Tenfield, que mantiene diferencias con Alonso desde que asumió la presidencia en 2019. El presidente de la AUF, reelecto en 2023 y hasta 2027, busca independizarse de la empresa de Francisco Casal, cuya propiedad sobre los derechos audiovisuales de la liga local finaliza el 31 de diciembre de 2025.
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José Luis Palma, presidente de Liverpool
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
El 31 de octubre la AUF convocó a su Congreso, el máximo órgano decisorio, para aprobar el contrato de vestimenta con Nike. Tuvo 56 votos a favor. Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Liverpool, Progreso, River Plate y Uruguay Montevideo votaron en contra; también Danubio, Montevideo Wanderers y Peñarol, tres clubes que no firmaron la denuncia que investiga Rodríguez pero que sí se han manifestado públicamente más cercanos a Tenfield.
Todos forman parte de la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo, una organización satélite a la AUF que entiende que Alonso ganó poder a costa de los clubes profesionales, cuya influencia en la AUF quedó mermada por el crecimiento de actores como los futbolistas, los entrenadores y los árbitros. Buscan gestionar los torneos de Primera y Segunda División y por tanto elegir de manera autónoma a quién vender los derechos de televisión luego de diciembre de 2025.
En el Congreso de la AUF, Palma fue uno de los principales críticos de la gestión de Alonso: se refirió a la denuncia penal y a la opacidad en la comunicación. Argumentó su voto en contra al patrocinio de Nike porque la AUF no entregó a los clubes el contrato para que puedan analizarlo. Se trata del mismo contrato que exige ahora el Banco de la República para mantener el fideicomiso. Ayer miércoles, Palma entregó al presidente del banco, Salvador Ferrer, un informe jurídico que solicitó a los abogados Eduardo Bebekián y Adrián Leiza. El análisis cuestiona la legalidad del contrato AUF-Nike.
“He tomado conocimiento de que el banco que usted preside tiene afectado o afectará en garantía el flujo de fondos del nuevo contrato que la AUF celebrará con la empresa Nike. Considero mi deber como ciudadano poner en vuestro conocimiento el informe legal, el cual se basó en la documentación que les suministré a los profesionales firmantes de la consulta”, dice Palma a Ferrer. “Las consecuencias legales podrían llegar a comprometer no solamente responsabilidades de las autoridades de la AUF, sino también a la garantía con el BROU”, agrega.
La AUF, por su parte, envió al banco un informe oficial firmado por un escribano en el que se dan detalles y cifras del acuerdo con Nike. Desde el banco insisten en la necesidad del envío de la documentación completa. Fuentes de la AUF señalaron que por el momento descartan hacerlo debido a que “el contrato es confidencial” y la situación “se volvió demasiado pública”, por lo cual temen que sea filtrado.
