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La decisión de la Ursec es específica para los partidos del Campeonato Uruguayo 2025
Sandro Pereyra/GAMBA-adhocFOTOS
La decisión se basa en una serie de disposiciones legales aprobadas a partir de 2020, entre ellas, el artículo 233 de la Ley 20.075 de 2022, reglamentada por el decreto 324 de 2023. Ambas normativas establecen que la Ursec, el organismo encargado de regular y controlar los servicios de telecomunicaciones en el país, podrá solicitar a los proveedores de acceso a internet (ISP) la inhabilitación del acceso a transmisiones ilegales en directo y en línea de eventos deportivos. “A tales efectos, los titulares de los derechos cuyos derechos sobre eventos deportivos puedan ser vulnerados deberán presentar ante la Ursec solicitud fundada con carácter de declaración jurada”, indica la Ley 20.075.
La resolución de mayo de la Ursec, a la que accedió Búsqueda, dio lugar al reclamo e incluso habilitó a Tenfield a que, en caso de detectar una transmisión ilícita que vulnere sus derechos sobre las transmisiones ilegales, “solicite bajo su exclusiva responsabilidad, directamente a los proveedores de acceso a internet, para que dentro de sus posibilidades técnicas inhabiliten el acceso a las transmisiones ilegales de eventos deportivos en directo en línea, dentro de los treinta minutos a partir de la recepción de la notificación de la solicitud”.
Para lograr el cumplimiento de la resolución, Tenfield deberá individualizar el “evento deportivo específico a proteger”, el dominio o los dominios que puden bloqueados y “la fecha, hora de inicio y de finalización del bloqueo”.
¿A quién informó la Ursec?
La resolución sobre los partidos del campeonato local —que está próximo a iniciar su cuarta competencia del año, el Torneo Clausura— fue notificada por la Ursec a Tenfield, a los proveedores Antel, Telefónica (Movistar), AM Wireless Uruguay (Claro), Dedicado y Starlink, a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y a distintas compañías de cable, entre ellas, Montecable, Nuevo Siglo, TCC, Cable Visión y CablePlus.
No es la primera decisión de este tipo que toma la Ursec. En enero de 2024 DirecTV formuló ante el organismo una denuncia por la “difusión de señales de televisión sin legitimación u oferta de productos y servicios en infracción”. La empresa estadounidense reclamaba que sitios de internet ofrecían de manera no autorizada la reproducción o la retransmisión de señales de televisión por suscripción nacionales e internacionales, entre ellas, los canales deportivos ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.
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La Ursec notificó a cables y proveedores de Internet sobre la necesidad de eliminar transmisiones no autorizadas del fútbol uruguayo
Pablo Vignali/adhocFOTOS
La Ursec dispuso el bloqueo de dos URL (https://lovesomecommunity.com y https://totototorina.com) amparándose en la Ley 19.924 de 2020 y en su decreto reglamentario, el 345 de 2022. Estas normativas argumentan que, como consecuencia de la evolución tecnológica y la facilidad para acceder a servicios de transmisión de datos de calidad, “cada vez es más simple reproducir, distribuir, publicar, transformar, comunicar o poner a disposición del público, en cualquier forma o procedimiento, obras protegidas por parte de persona física o jurídica que no se encuentre legitimada a ofrecer dichas señales”.
Pocos meses antes, en agosto de 2023, y debido a una denuncia de DirecTV, la Ursec había definido el bloqueo temporal por 30 días de siete sitios web que retransmitían de forma ilegal contenidos de la señal deportiva Dsports. Entre ellos estaban los dominios rojadirectaenvivo.club, rojadirectaenvivo.fr y librefutboltv.com. Empresas de cable como Cable Visión y Florida Satelital también habían elevado reclamos al organismo.
La piratería del fútbol en Uruguay
Unos US$ 28.000 millones se pierden cada año en el mundo debido a la piratería, de acuerdo con un informe de 2021 de Ampere Analysis, una empresa británica de investigación y análisis de datos. “Comprendiendo plenamente las motivaciones, actitudes y comportamientos de los consumidores, es posible modelar el verdadero costo de la piratería deportiva”, afirmó al respecto de ese informe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la agencia especializada de las Naciones Unidas encargada de promover la protección de la propiedad intelectual de manera global.
Según la OMPI, los avances en las tecnologías de la comunicación han revolucionado la cobertura deportiva televisiva y han permitido que miles de millones de personas en todo el mundo puedan participar del espectáculo y la emoción de los grandes eventos deportivos. Sin embargo, también han puesto en jaque el derecho de autor y los derechos conexos que sobre esos eventos tienen ciertas empresas.
“Las organizaciones televisivas y mediáticas pagan sumas enormes de dinero por el derecho exclusivo a transmitir en vivo los principales eventos deportivos. Para la mayoría de las organizaciones deportivas, la venta de derechos de transmisión y medios es actualmente la principal fuente de ingresos, lo que permite financiar grandes eventos deportivos, remodelar estadios y contribuir al desarrollo del deporte a nivel de base. Las regalías que obtienen los radiodifusores por vender sus imágenes exclusivas a otros medios les permiten invertir en la costosa infraestructura organizativa y técnica necesaria para transmitir eventos deportivos a millones de aficionados en todo el mundo”, argumenta la OMPI en una serie de artículos sobre el tema publicados en su sitio web oficial. “La piratería de señales no solo amenaza los ingresos por publicidad y ventas de los radiodifusores que han pagado por los derechos exclusivos de cobertura en vivo de eventos deportivos, sino que también pone en riesgo el valor de esos derechos y, por ende, los ingresos de las organizaciones deportivas”, concluye.
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La piratería en el fútbol es un tema de amplia preocupación en la industria
Pablo Vignali/adhocFOTOS
A diferencia de otras jurisdicciones y pese a su impacto económico, en Uruguay este delito sigue siendo poco perseguido. La AUF no realiza campañas al respecto ni lo incluye entre sus prioridades, aunque el interés crece en federaciones vecinas como la de Paraguay (APF) y Argentina (AFA). Por ejemplo, en junio, durante la final entre Huracán y Platense del campeonato argentino de Primera División, la AFA realizó una llamativa promoción: segundos antes del partido, una persona vestida de negro y encapuchada entró a robarse la pelota en la mitad de la cancha, enfrente al árbitro que preparaba el pitido inicial.
Aunque la efectividad de esta campaña es discutible —produjo bastantes memes en redes sociales, por ejemplo—, refleja la preocupación del fútbol argentino por el aumento de la piratería de partidos en plataformas ilegales como Fútbol Libre, Pelota Libre o Roja Directa.
Esta preocupación es de larga data en mercados como el de Europa. En España, La Liga —que administra las competiciones de primera y segunda división profesional— cuenta con divisiones especializadas dedicadas de forma exclusiva a combatir la piratería, luego de años de enfrentamientos legales y técnicos contra la emisión ilegal de partidos: el impacto económico de la piratería audiovisual en el fútbol profesional español es enorme, estimándose pérdidas anuales superiores a los 600 millones de euros.
Roja Directa, una de las plataformas piratas más conocidas, fue condenada en diciembre en España a pagar 31,6 millones de euros. La sentencia, dictada por un juzgado de La Coruña, fue tras una demanda de Mediapro, empresa española de producción y gestión de derechos audiovisuales. Mediapro posee contratos exclusivos para producir y distribuir la señal de los partidos de La Liga y el fallo determinó las pérdidas económicas por la difusión no autorizada de sus contenidos durante la temporada 2014-2015.
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Roja Directa, una web originaria de España, tiene hoy distintas copias que ofrecen transmisiones deportivas por internet de manera gratuita
Este tipo de sentencias no son habituales. Las asociaciones de fútbol y las empresas propietarias de los derechos han criticado la falta de cooperación judicial en muchos países. En 2019, la FIFA emitió una declaración junto con la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol), la Bundesliga (liga profesional de fútbol alemana), La Liga (liga profesional española), la Serie A (liga profesional italiana), la LFP (Liga de Fútbol Profesional de Francia) y la Premier League (liga profesional inglesa). La declaración aseguraba que sus derechos sobre ciertas competiciones deportivas fueron vulnerados “de forma sistemática y masiva” por la operadora de televisión beoutQ. Un informe técnico corroboró que las retransmisiones piratas de beoutQ se hicieron utilizando infraestructura satelital perteneciente a Arabsat, una empresa de telecomunicaciones intergubernamental de Arabia Saudita. “Nuestros intentos de presentar una demanda formal de propiedad intelectual contra beoutQ en Arabia Saudita se han visto frustrados. Si bien hemos sido informados del cese de las retransmisiones por parte de beoutQ, deseamos hacer un llamamiento a Arabsat y a otros proveedores de satélites para que dejen de ofrecer una plataforma a la piratería”, pidió la FIFA en el comunicado.
Además de las dificultades legales, los titulares de derechos enfrentan desafíos tecnológicos y de mercado: la proliferación de plataformas digitales, la creciente sofisticación de las tecnologías de transmisión y la descentralización de las fuentes ilegales dificultan la detección y el bloqueo de las transmisiones no autorizadas, con plataformas piratas que operan mediante redes complejas para ocultar su ubicación a través de tecnologías como IPTV, redes peer-to-peer y enlaces satelitales.
Por otro lado, estudios indican que una parte del público que consume contenidos deportivos de forma ilegal lo hace porque percibe que los precios de suscripción son muy altos. Según una encuesta realizada por Ampere Analysis en su informe de 2021, el 74% de los consumidores “está dispuesto a dejar de usar transmisiones ilegales si existe una alternativa legal disponible y si las transmisiones piratas se vuelven poco confiables”. La encuesta se realizó a más de 6.000 aficionados en 10 mercados.
Aunque en Uruguay por el momento las iniciativas contra la piratería son puntuales —como las de Tenfield y DirecTV ante el Ursec—, en enero se registró un avance con la participación del gobierno en una instancia regional del programa GLEN (Red Global de Aplicación de la Ley contra el Crimen Transnacional y de Alta Tecnología).
Se trata de un programa conjunto del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos diseñado para combatir delitos cibernéticos, falsificación y piratería a escala internacional e integrado por asesores legales especializados en delitos informáticos y propiedad intelectual. En ese marco se organizó una capacitación en Ciudad de Panamá dirigida a fiscales y policías de varios países latinoamericanos. El foco estuvo puesto en la falsificación en la industria deportiva, pero con una mirada más amplia: se promovió el enfoque de la propiedad intelectual como herramienta para combatir delitos complejos como el lavado de activos y el crimen organizado.
