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Aduanas revisa su código de conducta, mientras percibe más “confianza” para recibir denuncias
El año pasado el organismo recibió unas 440 denuncias, la mayoría sobre presunto contrabando
El rol de las Aduanas como “guardianas” frente al delito fue debatido en un evento
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El chileno Fabián Villarroel, funcionario aduanero en su país durante 18 años, experto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en temas de liderazgo y facilitación del comercio y hoy director de aspectos regulatorios para Sudamérica en DHL Express, contó que hace un tiempo participó en un seminario en el que hubo críticas hacia la labor del personal aduanero. El moderador preguntó a los presentes —comerciantes y empresarios vinculados al comercio exterior— qué pensaban sobre ellos, y la respuesta fue que eran “corruptos”, “flojos” y que “lo único que quieren es trabar y dificultar” los negocios. Villarroel se sintió “ofendido” y pidió para intervenir haciendo otra pregunta, si sabían lo que pensaban los aduaneros sobre los actores del sector privado, a lo que él mismo contestó que “quieren hacer trampa, que nunca quieren pagar impuestos, que siempre andan evadiendo”.
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El abogado chileno cerró con una reflexión su relato, realizado al disertar el lunes 9 en la Jornada de Integridad y Transparencia Aduanera organizada por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) uruguaya. Dijo que de un lado y del otro hay “estereotipos”, que llamó a “romper” para que el diálogo entre el sector público y el privado no resulte “estéril”. Según él, esa es la “única forma” de avanzar en el objetivo de que los países “alcancen el desarrollo”.
En el mismo foro, Victoria Fontana, gerenta de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU), coincidió en cuanto a que, para atacar la problemática de la corrupción, una “alianza público-privada es indispensable”.
Planteó que la corrupción “no solo necesita de dos actores, como se dice habitualmente, el corrupto y el corruptor, sino que necesita del indiferente, que con su pasividad legitima” ese tipo de delitos. “No es un espectador inocente, sino que es parte del problema”, recalcó.
Ese, precisamente, es el foco de la campaña “Yo me sumo, no soy indiferente”, lanzada recientemente por la DNA para involucrar a sus funcionarios.
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Fontana citó algunos datos. Dijo que, según la OMA, las aduanas manejan el 98% del comercio mundial, lo que las “convierte en guardianas estratégicas”. A su vez, señaló que la Organización de las Naciones Unidas estima que la corrupción equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial, un impacto que consideró “inmenso”. Luego añadió que las aduanas, “al manejar casi todo el comercio mundial, juegan un rol” significativo, porque el “costo de corrupción” supone diversas consecuencias para las economías nacionales, como el incremento de los costos operativos para las empresas, la “erosión de la percepción institucional internacional” del país, se “desincentiva la inversión extranjera”, crece la informalidad, hay una pérdida de ingresos fiscales y supone una “distorsión del comercio justo”, además del “impacto en los consumidores, porque los costos adicionales de la corrupción se trasladan a ellos, afectando el poder adquisitivo”.
“La decisión de eliminar la corrupción es un deber de todos”, afirmó la ejecutiva de la ADAU.
María Victoria Cornacchione, encargada del Departamento de Transparencia Institucional de la DNA, resaltó los diferentes “pactos de entendimiento” celebrados por ese organismo con actores del sector privado, como la propia ADAU, y alentó a que todos establezcan su propio “código de conducta” para, de esa forma, “atacar de forma coordinada aquellas conductas no probas”.
Informó que, actualmente, la DNA tiene en proceso de revisión su código de conducta. “Una institución no tiene que lanzarlo y dejarlo ahí. No basta con publicarlo y decir: ‘Ya cumplí’”, sostuvo.
Ese código, presentado en 2016 por el organismo, señala, por ejemplo, que el funcionario no puede “colocarse en situaciones en las cuales sus intereses, laborales, económicos o financieros, de su grupo familiar o de terceros con ellos relacionados, puedan entrar en conflicto o interferir” con el cumplimiento de sus tareas en la Aduana.
La jerarca consideró que el sistema de denuncias implementado por la Aduana está funcionando adecuadamente. Dijo que a través de ese canal, “el sector privado y el público (…) se sienten con la posibilidad, la protección adecuada, para presentar una denuncia” de supuestos hechos de corrupción o de otro tipo de conductas presuntamente ilícitas. Aseguró que las cifras se han incrementado desde 2021, lo que interpretó como el reflejo de un mayor “nivel de confianza hacia la institución”.
Según datos de 2023 obtenidos por Búsquedamediante un pedido de acceso a la información pública, la DNA recibió 436 denuncias, por ejemplo, sobre presunto contrabando (270) y actuación irregular de funcionarios (14).
