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A través de las fronteras uruguayas se mueve mucha plata. Con todos los trámites en regla, salieron y entraron mercaderías por unos US$ 21.700 millones el año pasado —un monto equivalente a más de la cuarta parte del Producto Interno Bruto—, aunque esquivando los controles pasó, además, una cantidad no cuantificada de contrabando y de drogas traficadas. A eso se suman los contenedores “en tránsito” hacia otros destinos. Y por fuera de este gran comercio exterior, también cruzaron las aduanas las compras que cargaron consigo los viajeros en sus valijas y mochilas. Se dice que donde está el dinero hay corrupción.
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Un veterano despachante de aduana —los agentes que intervienen en la tramitación de las operaciones para clientes importadores y/o exportadores— comentó que, hace no mucho, pagar “coimas” para apurar el papeleo o saltarse algunos controles era parte de los costos, pero que eso ya no es tan frecuente. Una mayor profesionalización del personal aduanero y de los propios despachantes, así como la digitalización de ciertos trámites, habrían contribuido a sanear la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), al menos en parte. De hecho, las denuncias de ilícitos aduaneros han aumentado en los últimos años. Aquellas que señalaban presunta corrupción oscilaron de tres a ocho anuales entre 2020 y 2023, aunque otras tipologías de supuestas irregularidades fueron más numerosas.
Desde hace algunos años la propia institución trabaja en el combate de la corrupción interna, un estigma que la acompaña de toda la vida y a muchas de las aduanas del mundo.
En esa línea, el 7 de diciembre, conmemorando el Día Internacional contra la Corrupción, la DNA y la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay convocaron a una campaña en redes sociales para concientizar y reflexionar, utilizando el hashtag #Nuestrasaccioneshacenladiferencia. Ese gesto simbólico se suma a la capacitación de sus funcionarios para darles “herramientas que ayudan a trabajar de manera profesional, efectiva, honesta y siendo por sobre todo intransigentes con las prácticas corruptas y faltas de transparencia” —según señala la Memoria de 2023 el organismo publicada por estos días— y a otras acciones adoptadas en los últimos años, como la aprobación de un Código de Ética y de un Plan Anticorrupción, en cuyo marco, apenas instalado el actual gobierno en marzo de 2020, reglamentó el procedimiento para recibir denuncias de ilícitos aduaneros.
El mecanismo está disponible —en línea, por mail, de manera presencial o a un teléfono 0800— para toda persona que desee notificar “hechos, acciones, omisiones o conductas que, presuntamente configuren faltas, infracciones, delitos aduaneros o que sean contrarios al Código de Ética” y a cualquier normativa vigente en la materia. Aduanas pide especificar “cómo, cuándo y dónde ocurrieron u ocurrirán los hechos” que van a ser denunciados y que se detalle la situación, proporcionando —en caso de poseer— documentación que respalde la denuncia (fotografías, audios, correos electrónicos, documentos escaneados, informes, ubicación, entre otros). A efectos de diligenciar la denuncia con la “mayor eficiencia”, es necesario que ésta sea “precisa y contenga la mayor cantidad de datos posibles”. Sugiere al denunciante proporcionar un correo electrónico o número de teléfono de contacto para pedirle más datos —si fuera necesario— e informarle los resultados del caso.
Las denuncias recepcionadas son variopintas. Por medio de un pedido de acceso a la información pública, Búsqueda accedió a algunas estadísticas.
Del medio centenar de situaciones denunciadas a la DNA en 2019 se pasó a 239 el año siguiente, a 251 en 2021, a 280 en 2022 y a 436 el año pasado.
En 2023, 270 denuncias (algo más del 60%) fueron por “presunto contrabando”, 20 por “atención en el servicio”, 14 por “actuación irregular de funcionarios”, 13 por “presunta defraudación”, 10 por “presunta falsificación marcaria” y ocho por “presunta corrupción”. Hubo, además, una en cada caso, por “presunto lavado de activos”, “presunto narcotráfico” y “revelación o uso de información reservada”. El número total lo redondean varias que fueron “desestimadas” (46), dos “actuaciones de personas vinculadas a la actividad aduanera”, 48 agrupadas como “otras” y dos “categorías eliminadas” como parte de una prueba de implantación de una “nueva versión” del registro de denuncias.
Sobre el estado de los casos denunciados en 2023, en su respuesta la DNA informó que 212 estaban “finalizadas” y 176 se encontraban “en proceso” (las demás fueron las “desestimadas” y “eliminadas”). Entre las 212 que estaban finalizadas al 31 de enero pasado, detalló que 129 resultaron “desfavorables”, 74 “favorables” y nueve fueron “derivadas a otro organismo”.
Al igual que en 2022, el formulario electrónico fue el canal más utilizado para denunciar el año pasado (198). Por la línea telefónica 0800-1855 llegaron 149, por el 0800-5000 otras dos y por el teléfono del Departamento Transparencia Institucional hubo 12. El mail [email protected] recibió 54 en 2023.
La actuación de la DNA se ha visto cuestionada en los últimos tiempos, cuando creció el flujo de viajeros hacia la Argentina barata haciéndole competencia sobre todo a los comercios de frontera y, al mismo tiempo, Uruguay se fue consolidado como una vía de salida para los negocios del narcotráfico.
En una entrevista con El Observador publicada en setiembre de 2022, el director del organismo, Jaime Borgiani, declaró que “la Aduana uruguaya tiene como prioridad el combate al narcotráfico”, aseguró que los controles a las exportaciones se intensificaron desde que él está en el cargo y aseguró que son la “unidad ejecutora del Ministerio de Economía con más destituciones por corrupción. En el último año nueve funcionarios fueron destituidos; no vinculados al narcotráfico. No pasa por la corrupción el tema del pasaje de droga”.
Desde el inicio del actual período de gobierno, Búsqueda ha intentado hablar con el jerarca acerca de la gestión de la DNA, pero esa posibilidad no fue autorizada por sus superiores.
