Análisis destaca “avances” en garantías frente a la DGI; ¿un Defensor del Contribuyente?

Reseña que, en Uruguay, ante un acto administrativo lesivo de sus derechos, los contribuyentes pueden interponer recursos administrativos; agotada esa vía, se habilita la contenciosa administrativa. También pueden reclamar una reparación patrimonial a través del Poder Judicial.

A la vez, en 2012, pero esta vez a iniciativa de la DGI, surgió la denominada Carta de Derechos y Deberes del Contribuyente.

Como pasos recientes, el artículo destaca que en abril de 2024 se promulgó un decreto aprobado por el Texto Ordenado 2023 que reguló los tributos bajo la competencia de la DGI. Una de las principales novedades —según los articulistas— fue la inclusión, por primera vez, de un capítulo específico que aborda los derechos, garantías y deberes de los obligados tributarios. “Aunque relevante desde el punto de vista organizativo, no implica la creación de nuevos derechos, garantías ni deberes para los contribuyentes”, señalan. Agregan que, sin perjuicio del “valor de la compilación”, ese cuerpo normativo “no comprende o se mencionan los derechos de los contribuyentes que derivan de las normas constitucionales generales extendidas a la materia tributaria, ni los que surgen del propio código tributario”, motivo por el cual, “para un amplio sector no satisface la necesidad” de contar con un “Estatuto del Contribuyente” o “Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente”.

Como “otro importante avance”, reseñan la reciente aprobación del Código Contencioso Administrativo, que, entre otras cosas, instauró el denominado instituto de “urgimiento”, lo que permite reabrir dicho plazo de 90 días corridos para presentar la demanda de nulidad.

Avances y desafíos

Como síntesis, los autores apuntan que tanto Uruguay como Chile “se encuentran avanzando en la digitalización de sus procesos y, consecuencia de aquello, en un nuevo paradigma de relación con los contribuyentes, el cual se plantea en un escenario de una creciente importancia de resguardar sus derechos y garantías”. Ambos países están en etapas diferentes respecto a la consagración de un catálogo de derechos y garantías; mientras en Chile “se está por cumplir 15 años desde su establecimiento legal”, Uruguay se encuentra “en estado inicial la sanción de la Ley de Derechos y Garantía de los Contribuyentes frente a las administraciones tributarias”.

“Es interesante apreciar el debate suscitado en Uruguay respecto a la idea de una consagración, en un único cuerpo normativo de rango legal, de los derechos y garantías de los contribuyentes, o al menos, a la especificación o concretización de aquellos que derivan de normas constitucionales generales, no referidas expresamente a la materia tributaria”, comentan. “Los fundamentos para la reticencia a este planteamiento por parte de la administración tributaria resultan ser variados, yendo desde conceptos como la superabundancia legislativa, hasta argumentos que aluden a limitaciones a las prerrogativas de la administración necesarias para el cumplimiento de sus fines, que atentaría contra el propio sistema tributario uruguayo”, agregan.

En el actual panorama, señalan los autores, “suele sostenerse que quienes se encuentran algo desprotegidos son los pequeños y medianos contribuyentes, que además de la carga impositiva deben costearse asesores si quieren una exitosa defensa de sus derechos cuando estos se ven vulnerados por el actuar” de la DGI; principalmente, por la “falta de claridad en los límites entre las facultades de la administración tributaria y los derechos de los contribuyentes”.

En ese sentido, postulan como una posible solución contar con un “Defensor del Contribuyente, tal como existe desde tiempos recientes en Chile o como se propone en el Modelo de Código Tributario del CIAT, que vele, de manera efectiva, por los derechos y garantías de dicho sector. Sin embargo, ello implicaría una reforma constitucional con lo que ello conlleva”.