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Auditoría cuestiona el Registro de Canteras de Obras Públicas, una planilla Excel sin “confiabilidad”
El análisis abarcó los primeros años del nuevo registro, creado en el actual gobierno, y constató múltiples problemas que impiden conocer el universo de canteras inscriptas y su “situación real”
Una planilla Excel, sin contraseña de acceso y restricción de usuarios, con información incompleta o desactualizada que recién pudo proporcionar datos totales un mes y medio después de solicitados, cuando el equipo de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) ya había concluido su inspección a este Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas. Pero ese no fue el único hallazgo que encontraron los auditores.
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La ley de Presupuesto (19.924) aprobada al inicio del actual gobierno creó ese registro en la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), como sucesor de un inventario previsto en una norma de 1992. Una auditoría que abarcó los primeros años del nuevo registro –hasta fin de junio pasado- constató múltiples problemas que impiden conocer el universo de canteras registradas y su “situación real”.
El informe de la AIN, fechado en setiembre, evalúa la gestión del proceso de canteras de obras públicas realizada por la DNV -que comprende las etapas de autorización, registro y desafectación- considerando información de los años 2021, 2022 y 2023 completos y, para el 2024, hasta el 31 de junio.
La actual ley presupuestal, votada a fin de 2020, obligó a inscribir en el nuevo registro las canteras que explotan recursos minerales del tipo piedra partida de determinadas clases y que sean necesarias para la ejecución de obras públicas por parte del MTOP, los gobiernos departamentales u otros organismos estatales o no estatales. La autorización para la inclusión y su explotación es otorgada por el Poder Ejecutivo.
Esa norma también instó a reglamentar el procedimiento y la información requerida para el registro, así como los criterios técnicos y ambientales necesarios para administrar, operar y cerrar las canteras de obras públicas de manera responsable por parte del Poder Ejecutivo en el plazo de 120 días a partir de la vigencia de la ley. Sobre ese punto, la AIN marcó lo siguiente: “a la fecha del presente informe no se ha aprobado el decreto reglamentario de la mencionada norma que entró en vigencia el 1/1/2021, siendo el instrumento necesario para lograr su efectiva aplicación. Lo expuesto incide en la delimitación de responsabilidades por parte de los organismos intervinientes (MTOP, Dinamige) en el inicio, explotación y cierre de las canteras”. No obstante, aclara que “se proporcionó un proyecto de decreto reglamentario de la DNV”.
Si bien el organismo “ha implementado acciones, no se cuenta con información que permita conocer el universo de canteras registradas y la situación real de las mismas”, sentencian los auditores. Detallan que el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas no cuenta con información “integra, confiable y oportuna”, lo que se evidencia en cinco “hallazgos”, clasificados cuatro como de riesgo “alto” (o importante) y uno “medio”.
Los “hallazgos”
Por un lado, la AIN advirtió la “falta de actividades de seguimiento” que permita la actualización del registro. Según lo relevado por los auditores, 183 canteras –el 45% del total de abiertas- se encuentran dadas de alta con una antigüedad mayor o igual a 10 años, representando un 45% del total de canteras abiertas. Considerando que la explotación se otorga en promedio por dos años, esa cifra evidencia que esas canteras “pueden estar en situación irregular o de abandono”. Otro 35% de las canteras registradas presentan datos “incompletos”, como ser la falta de fechas de altas y bajas, o de identificación del organismo correspondiente.
Además, señala que, desde el 2021, 14 gobiernos departamentales no han informado la apertura de canteras o han registrado solo una cantera de obra pública, exponiendo una “baja registración” considerando las distintas obras viales y de caminería rural que ejecutan.
El sistema de información utilizado para el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas “no brinda confiabilidad y seguridad” a los efectos de gestionar de manera eficiente todas las etapas del proceso (alta, modificación y baja). Entre otros problemas, constató que la base de datos sobre las canteras se lleva en una planilla Excel, sin contraseña de acceso y restricción de usuarios. En 2021 se adaptó un sistema informático utilizado por la DNV para el Registro, pero a mayo de 2024 estaba migrado “únicamente el 10% del total de canteras”, correspondiente Montevideo, Rivera y parte de Canelones.
Asimismo, los datos no están “estructurados para brindar información útil y oportuna para la toma de decisiones”, afirma el informe de la AIN, y pone como ejemplo que, solicitados datos sobre el total de canteras vigentes, la información fue remitida “45 días después, ya habiendo culminado con los procedimientos de auditoría”.
Otro señalamiento fue la “falta de coordinación y comunicación eficaz” con la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología, del Ministerio de Industria, Energía y Minería) para “intercambiar y disponer de información actualizada y útil, que garantice el efectivo cumplimiento de la normativa de policía minera, la fiscalización y la calidad de información que se brinda a terceros interesados”. En ese sentido, la auditoría detectó que 256 canteras fueron dadas de baja en el registro de la DNV pero en la Dinamige los padrones permanecen afectados a la explotación.
Por otro lado, la AIN alertó la “ausencia de evaluaciones técnicas orientadas a la racionalización del uso de canteras para la ejecución obras públicas que no aseguran un uso sostenible de las mismas y sus recursos”.
La recomendación de los auditores es actuar rápido para corregir estos problemas: “A los efectos de mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el organismo, se recomienda la adopción de medidas necesarias a la brevedad tendientes a coordinar y definir aspectos sustanciales del proceso que redunden en una gestión eficiente y responsable de estos recursos”, a la vez que “impacten positivamente en aspectos ambientales y aseguren su optimización”.
