“El tiempo pasa; la ley fue publicada, falta su reglamentación. Solo se cuenta con 120 días a partir de aquel momento”, manifestó el director de la caja Robert Long, sumándose al reclamo de Fernando Rodríguez Sanguinetti, en la sesión de directorio del 2 de octubre. “Según se me informó, el decreto reglamentario está pronto; solo falta la firma del presidente (Yamandú) Orsi. Una vez cumplida esa etapa comenzará a funcionar la comisión”, le respondió, según el acta, el titular de la CJPPU, Daniel Alza.
La conformación del grupo sí parece estar definida; la CJPPU nominó a Alza, al director por los jubilados, Odel Abisab, y al secretario Blauco Rodríguez. Además de Di Doménico, el Poder Ejecutivo designó al asesor del Ministerio de Economía Ariel Cancio y al coordinador del Diálogo Social sobre Seguridad Social, delegado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Hugo Bai.
Elecciones
Los comicios de la CJPPU definirán las autoridades de los próximos cuatro años; estaban previstos para junio, pero se postergaron luego de una moción de urgencia en el Parlamento durante la redacción de la ley de “salvataje”.
El plazo para las postulaciones vence mañana, viernes 7. Hasta el inicio de esta semana, la mayoría de las listas presentadas a la Corte Electoral pertenecen a la asociación —y sublema— El Orden Profesional. Para los afiliados activos —y con el lema “Todos juntos”— postuló tres: la lista 4, de “los contadores”, con el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti al frente y en busca de su segundo período; la lista 5, de “los cincuentones”, con el odontólogo Andrés Pérez como primer candidato; y la lista 35, con el abogado Pablo Schiavi, que ofició como suplente en más de una ocasión en el actual directorio.
Para los pasivos, El Orden Profesional presentó la lista 14 de la mano del ingeniero agrónomo Gabriel Dambrauskas, la lista 17 del abogado Alfredo Tedeschi Hierro y la lista 19 del arquitecto Walter Alfaro. Por otro lado, la Asociación de Afiliados a la CJPPU postuló en la lista 12 al economista Juan Rodríguez Bas con el sublema “Por una caja profesional autónoma”. También el sublema “Todos por la caja”, bajo el lema “Todos juntos”, candidateó al ingeniero Carlos Malcuori.
Rodríguez Sanguinetti informó a Búsqueda que a El Orden Profesional aún le faltan “varias listas” por presentar, al igual que otros colectivos. No obstante, es la única que al momento ha hecho pública su plataforma de propuestas.
El director agregó que es la primera vez que esa asociación presenta más de dos listas en una elección y que ni el Sindicato Médico Uruguayo ni el Colegio de Abogados presentarán listas para diciembre. “Ahora los cargos van a ser todos honorarios, quizás eso influya”, opinó, refiriéndose a uno de los cambios que introdujo la Ley 20.410.
Libro ampliado
Los problemas de la CJPPU fueron abordados en el libro Sistema Previsional Común, cuya segunda edición ampliada se publicó en agosto. Los autores son los abogados Rodolfo Saldain, quien lideró la reforma para el conjunto del régimen jubilatorio aprobada durante el anterior gobierno, y Gonzalo Martínez Alba, quien integró el equipo redactor de esa ley (la 20.130).
Los especialistas sostienen que, en torno a la gobernanza, esta caja paraestatal “se ha evidenciado ineficaz para la adopción de medidas oportunas”. El riesgo de insolvencia “fue una catástrofe anunciada y convenientemente ignorada”, señalan, y lo catalogan como caso típico de “elefante negro”: cuando algo es extremadamente predecible e inocultable, como un “elefante en la habitación”, pero aún así se ignora hasta que la situación detona en crisis, como el fenómeno del “cisne negro”. Ven en esto una situación de “grave omisión institucional” y “resistencia al cambio”.
“¿Por qué la CJPPU no ha podido alcanzar mínimos acuerdos internos que le permitan salir de la crisis?”, se preguntan Saldain y Martínez de Alba. La explicación que hallan es que su proceso de elección de autoridades “sigue lógicas propias de la política electoral: quien quiera ser electo debe articular alianzas varias y prometer el mantenimiento o mejora del régimen de beneficios. Por el contrario, quien asumiera la necesidad de un cambio restrictivo cuenta con baja o nula chance de elección”.
El “corazón” del problema
Aunque la CJPPU tiene la mejor relación activo-pasivo respecto a las demás cajas especiales —gracias a un boom de nuevos universitarios durante las últimas cuatro décadas—, las reservas necesarias para pagar las prestaciones de ese creciente número de aportantes “no fueron debidamente protegidas”, algo que “robustece la responsabilidad de los actores involucrados”, advierten. Desde 2004 en adelante la CJPPU fue usando esas reservas para el pago de “beneficios superiores a los obligatorios”, como prestaciones relativas a la atención de salud. Ese accionar no se apartó teóricamente de la norma, porque los artículos 106 y 107 de la Ley 17.738 —que fueron derogados este año— lo preveían.
El “corazón del problema” —según los autores— es que los pasivos están recibiendo una prestación que es “entre dos y tres veces superior a lo que aportaron a lo largo de la vida activa”, lo cual es “un desequilibrio muy grande” desde el punto de vista financiero.
Según un informe de 2020 elaborado por la misma caja, un profesional de trayectoria estándar con 60 años tendría una tasa de reemplazo financiable con el aporte personal de entre un 13% y 35%, resultados “muy distantes” del 50% asegurado por el régimen anterior a la reforma de este año, y aún más lejos del 60% abonado “durante muchos años por resolución del directorio”. Por eso una tasa de aportación equilibrada “teóricamente debería ubicarse en el orden del 30% al 50%”.
Intentos
El libro repasa distintas acciones tomadas en los últimos años por la CJPPU y, ya llegado a tiempos recientes, analiza algunas de las iniciativas que surgieron durante el proceso de discusión parlamentaria de la “ley de rescate” aprobada este año.
Para ampliar la base de aportantes se propuso incorporar nuevas profesiones o —una propuesta diferente— incluir como afiliados a todos los profesionales universitarios, inclusive aquellos que cotizan en relación de dependencia en el Banco de Previsión Social u otro régimen previsional. Según los autores, eso permitiría “cierto oxígeno” a corto plazo al aumentar la recaudación, pero agravaría el desbalance actuarial futuro.
Una idea fue que parte del aporte que los hipotéticos nuevos afiliados hacen a sus cuentas de ahorro individual —el sistema AFAP— se redirija a la CJPPU. “Ese supuesto mayor ingreso sería nulo, dado que razonablemente debería reducirse en igual cuantía los fondos que Rentas Generales debe transferir para compensar, precisamente, el aporte a las cuentas de ahorro de esos afiliados”, analizan.
Además critican que la misión de la CJPPU es ser un régimen de cobertura del ejercicio liberal de las profesiones y no uno “sustitutivo” que obligue a la aportación de los trabajadores dependientes. Si bien la definición de seguridad social no es que las personas aporten voluntariamente —lo hacen por disposición legal—, “no es posible llegar al extremo” de una disposición como la que se propone si se sabe que “lo que se promete a cambio es ampliamente probable que no se pueda cumplir”.
“Difícilmente pueda sostenerse como razonable incluir más personas en un régimen que no podrá cumplir la promesa”. La medida sería “una suerte de colecta obligatoria de los profesionales más jóvenes a sabiendas de que, cuando llegue su momento de acceder a los beneficios, no habrá con qué financiarlos”, apuntan Saldain y Martínez Alba.
Sostienen que reducir los costos de administración —un punto de debate público por las altas remuneraciones del personal jerárquico y el número de integrantes en el directorio— no es una medida de la que pueda esperarse un “efecto significativo” en el déficit, si bien la eficiencia “es siempre una medida saludable”. Valoran que, en vistas de que esta es la única caja paraestatal cuyo directorio es remunerado, en la ley de reforma del sistema jubilatorio de 2023 se dispuso que la situación se revierta a partir de las elecciones de diciembre.
Por otro lado, respecto a la propuesta de la caja de incrementar sus recursos indirectos —los “timbres” que pagan los usuarios de los servicios profesionales, que funcionan como “sustitutivo” del aporte patronal típico de las relaciones de dependencia laboral—, el libro señala que se trata de una larga controversia. Algunos de los argumentos en contra refirieron en el pasado a la “injusticia” de que el Estado financie la jubilación de “otra categoría de ciudadanos” que ya fueron beneficiados con enseñanza terciaria gratuita. En ese sentido, los autores plantean la reapertura de la discusión sobre la pertinencia “en términos de justicia” de esa contribución de los usuarios, ya que dos tercios de lo que la CJPPU recibe por timbres provienen de aportes vinculados al acceso de la población a servicios de salud.
El fundamento para otra de las iniciativas, que el régimen de aportación para profesionales deje de ser sobre sueldos fictos y sea por “lo realmente percibido”, es que esa modalidad “estaría no siendo representativa del nivel de ingresos reales”. Si bien esto no cuajó en la ley aprobada este año, la norma encomienda al Poder Ejecutivo a que estudie un nuevo régimen de aportación sobre “honorarios íntegros”.
Debe considerarse, señalan los autores, que solo el 30% de los afiliados a la CJPPU percibe ingresos solo por el ejercicio liberal de su profesión. El resto se mantiene afiliado y evalúa “la conveniencia de una afiliación que en sustancia viene a ser voluntaria con el objetivo de obtener una segunda jubilación”. Por eso recomendaron mantener el régimen de escalas fictas, pero al mismo tiempo trabajar en estimaciones “certeras” de los niveles de subdeclaración, “que podrían ser considerables”.
