En el Ministerio de Economía están, en principio, “muy conformes con los resultados” iniciales de este cambio, dijo en el marco de una entrevista con Búsqueda el director de su Asesoría Comercial, Juan Labraga.
Considerando todas las modalidades del régimen, señaló que el mes pasado se importaron 170.000 paquetes. “Es una reducción con respecto al 2024, pero es un número muy por encima de lo que se importaba antes de la aparición de la famosa plataforma. Creemos que es un buen número, y probablemente haya algo en cuanto a que el cambio retrajo, asustó a cierta gente, etcétera; confiamos que eso se supere, pero creemos que tiene un impacto para normalizar el mercado”, afirmó.
Según el jerarca, “al ritmo que venía en los primeros meses”, el 2026 iba a terminar en cinco millones de envíos si no se tomaban medidas, muy por encima de los tres millones del 2025.
“Impuesto Temu”
La modificación fue reclamada por empresarios del comercio tradicional que se sintieron afectados en sus ventas, especialmente después que la plataforma china Temu desplegó una campaña comercial agresiva en Uruguay, el uso del régimen explotó. Aunque la posición inicial del ministro de Economía, Gabriel Oddone, era contraria, su cartera aceptó hacer ajustes para nivelar las condiciones de competencia en el mercado interno.
Fernández precisó que la caída comentada por la cámara corresponde a la cantidad de envíos. Atribuyó el descenso a una combinación entre el encarecimiento de las compras pequeñas y la incertidumbre generada durante la implementación del régimen. “La falta de información o la mala comunicación que se generó provocó un ruido innecesario en los clientes, que ante esa desinformación dejaron de comprar”, sostuvo.
Para la representante de los couriers, “se generó confusión en cuanto a si de Estados Unidos tenía que pagar o no IVA, cómo el cliente ve que tienen sede fiscal en Estados Unidos, cómo se da cuenta. La verdad es que la información estuvo, o sigue estando, un poco confusa”.
El tratamiento diferencial para los envíos originados en EE.UU. es porque ese país mantiene un acuerdo específico con Uruguay.
La caída del uso del régimen de franquicias tras su modificación se produce mientras distintos operadores procuran reposicionarse frente al avance de las plataformas internacionales. El presidente del Correo Uruguayo, Gabriel Bonfrisco, dijo recientemente en El Observador que la empresa estatal alcanzó un acuerdo con Temu, que esperaba poner operativo a corto plazo, y que también mantenía negociaciones con Shein y Tiendamia.
Bonfrisco estimó que al mercado uruguayo ingresan unos 10.000 paquetes diarios y aseguró que el Correo estatal tiene capacidad instalada para procesar hasta 6.000, en el marco de su reconversión hacia un modelo centrado en la logística.
El efecto del mínimo de US$ 20
Uno de los principales cuestionamientos de los couriers está dirigido al monto mínimo de IVA establecido para las compras gravadas. Aunque la tasa es de 22%, el impuesto no puede ser inferior a US$ 20, lo que incrementa proporcionalmente el costo de los envíos de menor valor. “Una compra promedio de US$ 60, que quizás de IVA iba a pagar unos US$ 13, termina pagando igual US$ 20. Entonces, ya ahí encarece para el cliente”, afirmó Fernández.
La presidenta de la cámara sostuvo que las operaciones de bajo monto eran las más habituales entre los consumidores uruguayos y, por tanto, son las más afectadas por la modificación.
Aunque el aumento del cupo anual permite acceder a productos de mayor valor, afirmó que todavía no está claro si los consumidores comenzarán a concentrar su gasto en menos operaciones. “En la suba del cupo a US$ 800, lo favorable es que el uruguayo pueda acceder a artículos de otra cuantía. Entonces, hay muchas consultas al respecto y, en ese sentido, creo que puede haber un cambio del comportamiento”, sostuvo.
Sin embargo, al transcurrir el segundo mes tras las modificaciones, la cámara no observa por ahora señales claras de recuperación. “Nada indica que se vaya a revertir esta tendencia a la baja”, afirmó Fernández.
Más costos para los operadores
La entrada en vigor del nuevo sistema también modificó el funcionamiento interno de las empresas que se encargan de que las compras lleguen. Los operadores postales fueron designados responsables de recaudar y volcar el IVA correspondiente a las adquisiciones de sus clientes.
Fernández dijo que eso obligó a los couriers a adaptar sus sistemas, incorporar tareas administrativas y ampliar los horarios operativos. “Desde que nos nombraron agentes retenedores de IVA, nos significó a todos reprogramar. Entonces, hubo un cambio desde la reprogramación de la Aduana, con ciertas demoras que partían de ahí, y eso se traduce en que nos impacte a nosotros y, por ende, al cliente final”, explicó.
Aunque sostuvo que los plazos de liberación de los paquetes no se modificaron sustancialmente, explicó que las empresas debieron destinar más recursos para evitar atrasos. “La liberación sigue siendo en el mismo tiempo. Los couriers terminamos, quizás, trabajando más horas, en horarios nocturnos, para tratar de que el cliente reciba su paquete en el menor tiempo posible, porque en las compras en el exterior la ansiedad es un factor muy importante”, dijo.
“Nos significó aumentar costos, desde gente administrativa, por nombrarnos agentes retenedores de IVA, hasta gente operativa para tratar de compensar rápidamente determinadas deficiencias”, agregó.
Para Fernández, parte de esas dificultades responde a que el régimen fue diseñado tomando como referencia el modelo tradicional de las casillas en EE.UU., cuando una proporción creciente de las compras se realiza mediante plataformas que controlan prácticamente toda la cadena, desde el vendedor hasta la entrega al consumidor. “Creo que fue pensado en un modelo que, no quiero decir que fue totalmente orientado a priorizar la recaudación, pero puede ser, sin ver los diferentes jugadores, cómo tienen que ejecutar cada uno de estos procesos y en qué puede afectar cada uno de los puntos de la cadena logística”, afirmó.
La caída fue generalizada entre las empresas del sector y, según la presidenta de la cámara, no se tradujo en reducciones de personal. “Si esta caída sigue en este porcentaje (como el que se vio en mayo), rápidamente todos sabemos que un costo lamentablemente fuerte para las empresas, e incluso de última milla, es el personal. Entonces, va a haber que tomar otro tipo de decisiones”, señaló.
Negociación contrarreloj
La Cámara Uruguaya de Couriers mantiene conversaciones con la Dirección Nacional de Aduanas para definir cómo se acreditará la residencia fiscal de las empresas estadounidenses y qué información deberán presentar consumidores y operadores para acceder a la exoneración. El principal problema, según Fernández, es que las facturas emitidas en EE.UU. no siempre incluyen una dirección que permita demostrar dónde está radicado fiscalmente el vendedor.
“Los puntos que estamos negociando con Aduanas van desde cómo se va a ver la empresa con sede fiscal, tener claridad, cómo van a ver los clientes que la empresa tenga sede fiscal en Estados Unidos, porque la realidad es que hay empresas en Estados Unidos que en la factura no tienen obligación de poner su dirección”, explicó. Agregó que “el desafío con la Aduana es encontrar un equilibrio razonable entre el control que quieren hacer y, por nuestro lado, la defensa de los derechos de los consumidores, pudiendo acceder a productos que acá no existen”.
La cámara pretende que el comprador pueda conocer antes de cerrar la operación si la tienda cumple los requisitos para que el envío quede exonerado. “Ese es uno de los puntos: lo de la sede fiscal, tener claridad absoluta para transmitirle a los clientes y que estén tranquilos de que, incluya o no incluya la dirección en la factura, pueden seguir comprando hasta US$ 200”, sostuvo.
Fernández indicó que ya fue descartada la exigencia de que cada comercio extranjero se registre en Uruguay y que las conversaciones se concentran en cómo acreditar su residencia fiscal. “Estamos manejando cómo ver la sede, cómo nosotros como couriers podemos darle a la Aduana tranquilidad de que es una empresa que realmente emite su factura en Estados Unidos”.
Además, la gremial empresarial reclama la eliminación del mínimo de US$ 20 cuando se paga IVA.
También plantea elevar el límite de US$ 800 del régimen simplificado, que permite a las empresas realizar importaciones mediante un procedimiento más ágil. “Con menos costos para una pequeña empresa le puede dar la oportunidad de ser más competitiva, traer mercadería si tiene un quiebre de stock o si necesita conseguir algo de forma ágil. Estamos convencidos de que esa es una forma de que la pequeña empresa pueda ser más competitiva”, sostuvo.
La prórroga acordada para definir algunos aspectos operativos vence el 1 de julio. Sin embargo, al momento de la conversación que mantuvo Búsqueda, la cámara todavía procuraba coordinar una nueva reunión con Aduanas. “Estamos en este momento insistiendo cuál es la próxima reunión”, dijo Fernández.
