“Impuesto Temu”: “No va a cambiar nada” del “daño” al comercio local, afirma la Cámara de Couriers

Esa gremial considera positivo que se aumente el monto máximo anual de las compras con franquicia a US$ 800; es un “avance en términos de modernización y adecuación a los estándares internacionales”, comentó el vicepresidente de la CUC, Juan Cabrera, quien es ejecutivo principal de la empresa Exur, el viernes 7 ante integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado que trata el proyecto presupuestal.

Importaciones para mipymes

Otro punto criticado por la CUC refiere a las importaciones para pequeñas y medianas empresas (mipymes). La organización empresarial propone un régimen simplificado, “pero adaptado a las necesidades del sector”, dijo Cabrera.

Actualmente, las firmas pueden utilizar para la importación un régimen simplificado con el que pagan un monotributo del 60% para compras de hasta US$ 200 y 20 kilos. “Sin embargo, este monto resulta insuficiente para que las pequeñas empresas puedan realizar compras directas en el exterior que les permitan acceder a precios de mayorista y mejores condiciones comerciales para poder competir. Sugerimos ampliar el límite de este régimen en un rango de 3.000 o superior, eliminando las restricciones de 20 kilos y manteniendo un sistema tributario simplificado con una tasa razonable y competitiva, sin intervención de un despachante de Aduana”, planteó.

Según dijo, esta medida “contribuiría a compensar el impacto que el aumento de las compras internacionales tiene sobre el comercio local y, a su vez, fortalecer la competitividad de las pequeñas empresas”, pues les permite “importar directamente insumos o productos, reducir intermediarios y mejorar su margen de rentabilidad” al poder “comprar a precios por mayor”.

Argumentó que, dado que “muchas empresas en China y en Estados Unidos ofrecen ventas al por mayor”, las mipymes “podrían obtener un mejor precio comprando por cantidad. De esta forma, incluso, competirían con los productos ingresados a través de las compras web”.

Esta vía —añadió— “no solo promueve el fortalecimiento y la transparencia, sino que también impulsa la modernización del comercio minorista nacional, alineándolo con las prácticas internacionales de comercio electrónico sin constituir una competencia desleal. De lo que siempre habló la Cámara de Comercio cuando se refería a la deslealtad es que las compras web no pagaban impuestos y los importadores, sí. En este caso, se pagarían impuestos y no sería una competencia desleal a ningún otro tipo de importación”.

Exportaciones

Por otro lado, cuestionó que en la iniciativa no se prevé una actualización para los envíos de salida, que siguen limitados a US$ 200 y 20 kilos. “Este régimen de exportación ha sido fundamental para el desarrollo del comercio electrónico, para microexportaciones, artesanos y pequeñas empresas”, ya que les permite “acceder a mercados internacionales de forma ágil y sin los costos administrativos que implica el uso del DUA (Documento Único Aduanero) de exportación”, y genera “fuentes de trabajo e ingresos de divisas desde el exterior. Para eso, nosotros proponemos que el valor de la mercadería exportada —o sea, las empresas o artesanos que vendan hacia el exterior— sea de unos US$ 3.000 o un monto superior a determinar, de modo de mantener el equilibrio operativo y competitivo que impulse el comercio electrónico uruguayo hacia el mercado mundial”, planteó.

Secreto bancario

Por otro lado, la delegación de la CUC expresó preocupación ante la disposición que habilitaría a la Dirección Nacional de Aduanas a exigir a las personas que utilicen este régimen que autoricen previamente a la entidad bancaria emisora de las tarjetas de crédito o débito a brindar acceso a la información de sus transacciones. “Si bien comprendemos la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia, la aplicación general de esta medida a todos los usuarios, hoy aproximadamente 600.000 u 800.000 —y va en crecimiento, cada vez son más las personas que lo usan—, implicaría una carga operativa desproporcionada y potencialmente conflictiva con los principios de secreto bancario y protección de los datos personales”, señaló Cabrera. Advirtió que “el funcionario de Aduana no tiene ningún límite y puede ver todas las compras privadas que haya hecho la persona. No tiene límites”.

La gremial de couriers propuso que, en el caso de que se mantenga este control, el acceso a la información bancaria “solo se autorice en casos concretos y puntuales, únicamente cuando exista necesidad de verificar el valor. En la práctica representa un bajo porcentaje de operaciones”.