Mientras estuvo al frente de CVM y UB, Goldring realizó inversiones en títulos de empresas tecnológicas cotizantes en la bolsa de Nasdaq. Vendió opciones puts, una estrategia de alto riesgo en la que el comprador adquiere el derecho pero no la obligación de vender un activo a un precio determinado en el contrato hasta cierta fecha. Luego el vendedor tiene la obligación de comprar las acciones al precio acordado a cambio de una prima, pero si las acciones caen, el precio acordado termina siendo mayor que el del mercado y el vendedor puede incurrir en grandes pérdidas.
Goldring no exigió a sus clientes de perfil de inversor agresivo —80% de la composición de su clientela— que proveyeran de una garantía en caso de que dichas pérdidas ocurrieran. Los bancos Jefferies LLC y Morgan Stanley, donde estaban las cuentas “ómnibus”, sí activaron la ejecución forzada de garantías cuando las pérdidas superaron a los ingresos.
Esas cuentas ómnibus, tal como declaró Goldring en EE.UU., permitían concentrar las inversiones de todos los clientes en una sola cuenta en instituciones financieras para así llegar a los fondos mínimos necesarios de inversión y hacer compras de activos de empresas estadounidenses.
De la acusación de los fiscales en Uruguay surge que, ante una importante caída en sus valores entre junio de 2021 y mayo de 2022, la corredora utilizó sin autorización fondos de clientes que no habían invertido en puts para cubrir las pérdidas de otros. No comunicó los daños y les reportó saldos no correspondidos con los valores del mercado para poder continuar con sus inversiones. Mientras que las cuentas pasaron de US$ 110 millones a US$ 18 millones en el período de tiempo mencionado, Goldring falsificó balances por US$ 59 millones.
En un intento de minimizar las consecuencias, transfirió aproximadamente US$ 25 millones de activos personales y de otras operaciones resultantes de la venta de puts a las cuentas de CVM. Aun así, y según lo calculado por el BCU, Goldring acumuló un déficit de US$ 23,6 millones con más de 400 clientes. Además, unos 40 clientes presentaron balances negativos en sus cuentas de saldo en efectivo que exceden pérdidas en US$ 20 millones.
Esto fue en parte porque Goldring decidió asignar las pérdidas a una cuenta global denominada “partidas pendientes de imputación”, por lo que dichas pérdidas “no quedaron asignadas a clientes individualizados como habría correspondido, reflejando en su caso posiciones negativas”, constató el BCU, que también observó que “las rentabilidades de los clientes no eran similares sino que variaban de manera significativa”.
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El BCU posee actualmente más de US$ 9.000 millones en “reservas propias”.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
El BCU desplazó a Goldring de su cargo y poco después comenzaron a llover las denuncias en su contra por estafa. A pedido del fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, la Justicia uruguaya imputó a la corredora de bolsa por apropiación indebida en diciembre de 2023. Un año más tarde, pidió prórroga para ampliar la imputación penal a estafa u otros delitos.
Primer juicio en Estados Unidos, en suspenso
Parte del futuro de Goldring, según ella y sus abogados, se juega ahora en EE.UU.
En 2022, cuando saltó el problema, el BCU le envió una nota al banco Jefferies para pedirle que congelara las cuentas vinculadas a Goldring.
El banco llevó adelante la solicitud del BCU, que no se procesó por los canales de colaboración formales que usa la Justicia. La corredora inició un juicio el 30 de abril de este año para lograr que el Jefferies descongelara las cuentas.
Sin embargo, Goldring pidió la semana pasada dejar en suspenso ese juicio, que se procesa en Nueva York, lo que fue aceptado por el juez, según una resolución del 25 de agosto.
Es que hay otra causa judicial en curso en Washington D.C. y es ahí adonde apunta sus baterías Goldring.
Dos años para lograr las medidas cautelares
A comienzos de junio de este año, el Departamento de Justicia de EE.UU. ordenó al banco Jefferies congelar las cuentas vinculadas con Goldring a pedido de Uruguay. La medida había sido solicitada dos años antes.
El 17 de julio, los abogados de Goldring presentaron un escrito en el juzgado del Distrito de Columbia, en Washington D.C., para que esa medida cautelar quedara sin efecto. Sostuvieron que Goldring alcanzó un “principio de acuerdo” con el BCU para “resolver” la acción administrativa mediante el pago de millones de dólares a los clientes que sufrieron pérdidas, lo que, de consumarse, “probablemente llevaría al cierre del cargo criminal en su contra”.
Ante esto, agrega el escrito: “Los fiscales uruguayos buscaron salvar su caso impidiéndole consumar ese acuerdo; redoblaron sus esfuerzos previamente infructuosos para que el gobierno de los Estados Unidos le impidiera acceder a las mismas cuentas en Jefferies que contenían los activos que necesitaba para consumar el acuerdo”.
Los abogados de Goldring también acusaron al Departamento de Justicia de usar al banco Jefferies como un brazo ejecutor de sus medidas, al mantener las cuentas congeladas “sin intervención ni audiencia judicial, ignorando el tratado pertinente y el régimen legal”.
Los fiscales de EE.UU. respondieron al planteo de Goldring con un escrito en el que sostienen que el Departamento de Justicia demoró en implementarlas por culpa de Uruguay y para fundamentarlo adjuntaron un testimonio del encargado de ejecutarlas.
“Durante un período prolongado que comenzó a principios de 2023, la OIA (Oficina de Asuntos Internacionales) envió múltiples solicitudes a Uruguay buscando información adicional para complementar las solicitudes uruguayas y permitir su ejecución”, declaró Jesse Ormsby, director asociado interino de la OIA de la División Penal del Departamento de Justicia.
Sobre la conducta de Goldring, los fiscales norteamericanos describieron que se trató de un “esquema engañoso al proporcionar información errónea en los estados de cuenta a sus clientes con la intención de evitar el retiro de fondos de las cuentas”, con el objetivo de “engañar a sus clientes para que le siguieran confiando sus fondos en las cuentas de Jefferies, y obtener tarifas o comisiones sustanciales resultantes de la retención ininterrumpida de sus fondos en las cuentas de Jefferies”.
Sostuvieron que hay razones para creer que algunos activos en las cuentas congeladas “pueden ser rastreables a la conducta delictiva” de la acusada en Uruguay. “Como se indicó anteriormente, si la señora Goldring hubiera proporcionado estados de cuenta precisos a sus clientes de corretaje, al menos una parte de los activos en estas cuentas se habría retirado. En consecuencia, los activos aún permanecieron en estas cuentas y podrían considerarse ganancias de fraude derivadas de la conducta fraudulenta y la tergiversación de Goldring en los estados de cuenta”.
Por esos y otros argumentos jurídicos, los fiscales solicitaron al juez ejecutar y mantener las medidas cautelares pedidas por Uruguay. El magistrado norteamericano convocó a una audiencia para el 12 de setiembre, consta en los registros revisados el miércoles 27 por Búsqueda.
“He alcanzado un acuerdo con el BCU”
La existencia de un principio de acuerdo entre Goldring y el BCU fue objeto de controversia en las últimas semanas. A partir de datos de uno de los juicios en EE.UU., El Observador informó acerca de la existencia de las negociaciones el 2 de agosto.
El BCU emitió un comunicado el 7 de agosto en el que aclaró que no había nada firmado y que la propuesta estaba “en etapa de intercambio”.
En sus documentos y declaraciones a la Justicia de EE.UU., Goldring y sus abogados fueron más contundentes.
En el escrito que presentaron el 17 de julio ya aseguraban que Goldring “ha llegado a un acuerdo con el BCU y el síndico designado para resolver todas las reclamaciones civiles y administrativas de estos y de los acreedores de las Casas de Bolsa contra ella y las Casas de Bolsa, sujeto a la aprobación del 75% de los acreedores”.
Los abogados incluyeron una declaración de la propia Goldring, fechada también el 17 de julio, quien aseguró: “He alcanzado un acuerdo con el BCU y el síndico que, si se ejecuta y se aprueba por el 75% de los acreedores del broker, terminará los reclamos civiles que los acreedores y el interventor presentaron en mi contra en Uruguay; induciría a que los acreedores retiren las denuncias penales que presentaron en mi contra en Uruguay; y provocaría un posible cierre de una acción penal que fiscales uruguayos presentaron en mi contra”.
Fragmento de la declaracion de Goldring
Fragmento de la declaración de Sara Goldring en Washington D.C.
Y agrega: “Para consumar el acuerdo, debo hacer un pago de millones de dólares que serán distribuidos a los acreedores. Una gran porción del pago será financiado por bienes que poseo en Uruguay. Pero no puedo hacer el pago por el monto requerido en los términos del acuerdo a menos que sea capaz de liquidar los valores en las cuentas de Goldring y transferir los beneficios de esas ventas”.
Un acuerdo “infirmable” para algunos
Mientras la causa penal en Uruguay parece congelada, Goldring avanza en los contactos con los damnificados para intentar conseguir ese 75% de apoyo al acuerdo. Hay abogados que están a favor de que sus clientes lo firmen, pero otros recomiendan lo contrario.
Un borrador del acuerdo, al que tuvo acceso Búsqueda —que omite montos y porcentajes de dinero— explicita que la concreción del acuerdo significa “finalizar definitivamente todas las controversias”, evitando “la continuación o inicio de nuevos procedimientos judiciales”. No obstante, para oficiar el acuerdo y pagar a los acreedores, necesita unos US$ 4 millones de aquellas cuentas en el exterior.
En una reunión de la abogada Patricia Regules el pasado jueves 21 con un grupo de damnificados, que presenció Búsqueda, la abogada dio un mensaje claro: “Mi consejo profesional es no firmar el acuerdo porque me parece que estamos en condiciones de pedir mucho más”.
“La Justicia americana ya intervino con el embargo de las cuentas, y sin un acuerdo, estas permanecerán bloqueadas y eventualmente se sabrá el monto exacto retenido”. Si los damnificados aceptan, “se terminó” y EE.UU. se retirará del caso por entender que los afectados ya fueron compensados, cerrando las posibilidades de que Jefferies compense a los clientes.
“El tiempo está corriendo a favor de ustedes ahora. Ellos tienen mucho que perder, el daño reputacional de una entidad financiera (Jefferies) no tiene precio”, continuó.
Para Regules, Jefferies fue parte del problema porque concedió crédito por encima de los niveles permitidos y luego “elegió a dedo, asignar las ganancias a ciertas cuentas favorecidas mientras que se asignan las pérdidas a otras”. Por eso, entre otros argumentos, busca que el banco sea investigado por la Securities and Exchange Commission y condenado por la Justicia de ese país por un delito de “lavado de activos”.
La intervención de uno de los damnificados puso sobre la mesa un desconcierto que pareció representar a varios de los otros asistentes. “Hace días que venimos hablando de un acuerdo y creo que ninguno tenemos claro cuáles son las pautas”. El 40% ofrecido, le explicaron, se calcularía sobre los saldos de enero 2023 calculados por la Liga de Defensa Comercial (Lideco), liquidador designado por el BCU.
Una fuente que trabajó en CVM dijo a Búsqueda que aquellos clientes cuyas cuentas quedaron "positivas", podrían acceder a la totalidad de sus acciones retenidas y al 40% de su saldo en efectivo. Quienes quedaron con cuentas "negativas" en sus saldos en efectivo, pasarían a tener un saldo en cero y podrían acceder al 40% de las acciones que poseían.
También criticaron el tono del acuerdo, porque parecía justificar las pérdidas como consecuencia de la caída de mercados en 2022. Uno de los presentes dijo que esa frase era “indignante” y la calificó como “la frutilla de la torta que muestra que este acuerdo es infirmable”.
Por el momento, la estrategia de este grupo sería continuar aportando información al juez en EE.UU., presionar al BCU para que asuma un rol más activo, coordinar con el resto de abogados en Uruguay y eventualmente incluir a Jefferies en la negociación. “Lo ideal sería traerlos a este problema, incluirlos en el acuerdo, ya que ellos también quieren librarse de responsabilidad”, apuntó.
Regules afirmó, según información de clientes representados por otros colegas en Uruguay, que los estudios jurídicos locales que trabajan con los damnificados —unos 760 en total— “concentran la mayoría necesaria” para viabilizar el acuerdo, que dejaría a “cientos de inversionistas latinoamericanos sin posibilidad de recuperar la totalidad de sus fondos”.
Las ruedas de contactos con los clientes aún no finalizaron y no está claro si se llegará a la mayoría necesaria, de acuerdo con las consultas de Búsqueda. El porcentaje de lo que percibirán los clientes, “por ahora y solo por números muy primarios, no llega al 50%”, dijo una fuente vinculada al proceso.
