En 2025, la semana que hubo más usuarios activos del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) que gestiona la Unidad de Defensa del Consumidor (Udeco) fue la primera de noviembre: 211. En la última del año fueron apenas 12. Pueden pasar semanas, hasta meses, en que no hay descargas de la aplicación para celulares.
Nacido de un decreto de 2006 que reglamentó la Ley de Relaciones del Consumo, el SIPC se creó como una herramienta para que la población pudiera encontrar mejores precios para una canasta básica, en años en los que la inflación en períodos de 12 meses estaba por encima de 8%, casi el doble que la actual. Las autoridades también pretendían que esa mayor transparencia informativa pusiera a competir más intensamente a los supermercados y otros establecimientos comerciales.
En los primeros años del sistema, inspectores de Defensa del Consumidor iban por los comercios a recolectar datos y mensualmente se publicaban informes de precios. Luego, obligados por la normativa, comercios empezaron a enviarle información diaria vía electrónica y en 2010 se desarrolló la primera versión del SIPC para consultas en línea —en la web o por la aplicación móvil Precios.uy— por parte de la población.
Este año, en el marco del compromiso asumido en el Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2025-2029, la Udeco —una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas— lanzó una encuesta voluntaria para recabar opiniones y actualizar las canastas de productos que conforman el sistema. El cuestionario electrónico estuvo disponible entre el 21 de abril y el 15 de julio a través de la Plataforma de Participación Ciudadana, y obtuvo un total de 359 respuestas.
Según datos entregados a Búsqueda por esa unidad ministerial en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, de la encuesta surgieron propuestas para incorporar artículos al SIPC contemplando nuevos hábitos o necesidades en función de restricciones de salud, y también dio lugar a quejas de varios sobre el costo de vida. El cuestionario abrió la puerta al preguntar: “¿quieres sugerir o comentar algo más?”. Los que contestaron a eso fueron algunas decenas.
“Que se deberían bajar impuestos, ya que la canasta del hogar es demasiado cara”, reclamó un hombre residente en Montevideo.
“La canasta básica es inaccesible para muchas familias, tipo acá en Paysandú parece que vivimos en pleno Punta del Este… Cada vez hay más obesos por el hecho de que si no es arroz o fideos no hay otra”, comentó una sanducera.
En relación con los costos, una mujer residente en Colonia fue más específica y pidió que no sea “tan elevado el precio de los productos para celiaquía y diabetes”. Desde Tacuarembó, otra señora reclamó “equidad en los productos libres de gluten. Si la harina de trigo vale 100, que la de arroz o maíz o alguna equiparable valga 100. Y en lo posible lo mismo con los productos sin azúcar”.
Varios más solicitaron que el sistema incorpore información teniendo en cuenta ese y otro tipo de restricciones alimentarias, y algunos pusieron énfasis en la necesidad de difundir precios acerca de productos “saludables”, de higiene femenina, de celulares y servicios de plataformas de películas o series. Un par de consultados sugirió diferenciar los artículos de industria nacional.
Entre los comentarios hubo, además, agradecimientos a la oportunidad de manifestarse y colaborar para la revisión del SIPC, aunque no faltó quien cuestionara el sondeo: “Laburen de verdad, por dios. Necesitan hacer una encuesta para hacer después otra encuesta”. Una muchacha de Montevideo se expresó, aparentemente, en contra del sistema de información de precios y lanzó: “No quiero que me ayude”.
Sistema con poco uso y próxima reforma
Un artículo publicado en mayo por el diario El Telégrafo de Paysandú, mientras estaba en curso la consulta pública, recogió testimonios de funcionarias de la Udeco que reconocían un bajo uso del sistema de información.
Según la economista Andrea Rodríguez, asesora de la Udeco, hay 717 establecimientos registrados —supermercados, autoservicios y cadenas de farmacias— que envían información que permite ver precios al público casi en tiempo real.
“La canasta se formó con datos del IPC (Índice de Precios al Consumo) de 1996” y por eso “necesita una actualización. Eran productos que se consumían en ese momento y se seleccionaron las marcas más vendidas de entonces”, explicó.
Las funcionarias reconocieron que la actual canasta no contempla nuevas formas de alimentación, cambios culturales ni necesidades específicas de determinados grupos de población, que, por ejemplo, deben comer sin gluten.
El SIPC se utiliza y conoce menos de lo que quisieran sus responsables, consignó el artículo.
La encuesta en línea se complementó con un ámbito de diálogo presencial con la participación de la Asociación de Celíacos (Acelu), la Comunidad Celíaca, la Asociación de Diabéticos (ADU), la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, la Asociación de Lucha contra la Obesidad (ALCO), Contra Peso Uruguay, la Liga de Amas de Casa, el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), Data Uruguay, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y las licenciaturas en Nutrición de la Universidad de la República y de la Universidad Católica.
Uno de los principales resultados de esas mesas fue la identificación de una demanda por ampliar y diversificar los productos cuyos precios se relevan, “superando el concepto restringido de canasta básica, como un conjunto único e incluso deseable, para toda la población”, consigna un informe final presentado a mediados de octubre.
También se planteó la “importancia de brindar información que permita comparar y comprender información relevante de atributos de los productos más allá de su precio, aunque también se evidenció la posible tensión con una sobrecarga” informativa.
Respecto de la encuesta, el informe señala que los hábitos de compra muestran una combinación de canales presenciales y digitales, con diferencias según la categoría de producto. Considerando el conjunto de menciones de canales de compra, el tipo de comercio más utilizado es el supermercado, con el 70,7% de menciones, seguido por el almacén, con 27,9%.
El 84,1% de las respuestas registradas se enfocaron en la canasta alimentaria.
El informe final adelanta los próximos pasos a dar para el desarrollo de un “nuevo Sistema de Información de Precios al Consumidor, que contemple los siguientes objetivos: ampliar y flexibilizar el catálogo; diseñar un sistema capaz de incorporar productos con características específicas (por ejemplo, libres de gluten, sin lactosa o sin azúcar agregada) y presentaciones variadas, atendiendo las demandas de accesibilidad y restricciones alimentarias expresadas por la ciudadanía (30% de los comentarios abiertos); estandarizar: fomentar el uso de clasificaciones genéricas y el cálculo obligatorio del precio por unidad de medida para evitar distorsiones al comparar productos de diferentes tamaños, marcas o formatos; mejoras funcionales en SIPC: actualizar la herramienta web y/o aplicación móvil incorporando filtros de búsqueda avanzados, incluir localización de almacenes y comercios especializados, comparadores de canastas personalizadas o tipificadas”. Otro objetivo es de “articulación interinstitucional: integrar los listados oficiales de habilitación de alimentos (como los del Congreso de Intendentes y los gobiernos departamentales) para respaldar técnicamente la conformación de canastas especiales”.
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