Desde una perspectiva ideológica, ¿qué es el proyecto de “competitividad y reducción del costo de vida” elaborado bajo el liderazgo del Ministerio de Economía (MEF) en discusión en el Parlamento? ¿Quiénes asesoraron para su redacción? ¿Desregula o crea más burocracia? Si se aprueba, ¿moverá la “aguja” o serán “cantos de sirena”?
Ya aprobado en el Senado, el tratamiento del proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el miércoles 9, ante una delegación encabezada por el propio Oddone, dio lugar a calificativos e interpretaciones desde la oposición política.
El diputado Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, cuestionó, para empezar, el nombre del proyecto. “La palabra competitividad, sacando el título, aparece dos veces en los 239 artículos. Ni que hablar la expresión reducción del costo de vida. Productividad, dos veces. ¿Sabe cuál es la palabra más mencionada (…)? Una palabra que ha sido dicha por todos los representantes del Poder Ejecutivo que hablaron: interoperabilidad; también interoperable. Veinte veces se menciona la palabra interoperabilidad” en el texto, según contabilizó.
Para ese legislador, el “gran problema es cuando el concepto de interoperabilidad lo que constituye es la creación de un Gran Hermano, o es la profundización del Gran Hermano” respecto al acceso de datos de las personas. Se refirió de esa forma a artículos que proponen crear un sistema de finanzas abiertas para que, con el consentimiento del involucrado, la información de la persona pueda ser compartida en un ambiente seguro y regulado entre entidades financieras y de otro tipo, en teoría para beneficiarse con productos acordes a su riesgo como cliente.
Si bien Rodríguez adelantó una postura en general favorable a la iniciativa —“son microrreformas, y bienvenida la mayoría de ellas”—, también cuestionó que muchos artículos “se ponen pour la galerie (…). O sea, una ley o un proyecto de ley que busca fomentar la competitividad, aunque la mencione únicamente dos veces; fomentar la productividad, aunque la mencione solamente dos veces; desregulando, eliminando trabas, genera más burocracia. Esperemos que una vez que avancemos con el tratamiento de este proyecto, lo mismo no termine siendo simplemente cantos de sirena”.
Iniciativa de “corte liberal”
Pablo Abdala, también blanco, hizo una definición de carácter político del contenido del proyecto: es de “corte liberal, y es muy bienvenido que sea de corte liberal” porque “es necesario, no desde una definición de tipo dogmático o prejuiciosa en términos doctrinarios o ideológicos, que el Estado se repliegue y que (lo haga) introduciendo conceptos de razonabilidad, de proporcionalidad y de sensatez”. Agregó: “En otro tiempo, que ojalá haya quedado definitivamente sepultado y superado —aunque no es muy lejano y diría que muchos de sus protagonistas no solo se mantienen con vida, sino que se mantienen activos en el sistema político—, a un proyecto de estas características se lo hubiera catalogado como privatizador, antiestatista, en la medida en que, repito, el Estado se aparta de la actividad económica o, por lo menos, deja de incidir en ella con la torpeza con la que muchas veces el Estado termina desarrollando su actividad cuando no corresponde que desarrolle actividad alguna, salvo, en tal caso, velar por el cumplimiento de la ley y por el cumplimiento, por supuesto, de las normas regulatorias”.
El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo también compartir “el espíritu del proyecto (…). Más allá de la discusión de si esto termina moviendo la aguja o no, creo que la dirección es la correcta”, aunque a su entender peca de creación en exceso de “mesas de trabajo, de comisiones, de ese grado de inflación legislativa que para los efectos de la ley, para el objetivo que se trazó el Poder Ejecutivo, quizás no sea lo mejor”.
También instó a que “en algún momento” el gobierno haga “reformas del Estado mucho más estructurales” con efectos sobre la competitividad.
Los asesores
Durante su exposición, el ministro Oddone señaló que el “principal asesoramiento” que recibió su cartera para elaborar este proyecto fue el exministro de Economía de Chile Nicolás Grau, quien en su país impulsó iniciativas del estilo.
“Por supuesto que tuvimos conversaciones con (el ministro de Desregulación de Argentina) Federico Sturzenegger, con Ignacio de Posadas, con Fernando Lorenzo, con Mario Bergara, que fueron relevantes en la ley de competencia; con Ignacio Munyo, que nos alcanzó un conjunto de elementos”; y también con Sebastián Fleitas, “que, por cierto, es una persona muy relevante por su opinión en temas de competencia. En esto hemos sido bastante amplios en términos de recibir comentarios y sugerencias de otros lugares, como el Centro de Estudios para el Desarrollo”.
Sobre De Posadas, quien fue ministro en el gobierno de Luis Lacalle Herrera de comienzos de la década de 1990, Oddone dijo que él personalmente conversó “bastante sobre cómo organizar este proceso”.
Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, quiso confirmar que había entendido correctamente. “El equipo que redactó esta ley ¿pudo haber sido asesorado por el asesor (sic) de Milei Sturzenegger? No sé si entendí bien. ¿Se habló, se asesoró, se cambiaron ideas con el conocido economista (sic) del Partido Nacional Ignacio de Posadas? Porque nos sorprende, nos sorprende un poquito que este gobierno —si es que fue así— se haya asesorado con asesores de Milei, siendo que todos podemos advertir, por lo menos en el relato, una confrontación de las posiciones ideológicas del Frente Amplio con el gobierno de Milei. Yo pensé que se iba a mencionar a algún economista del Cuesta Duarte, pero esa expectativa quedó por el camino”, ironizó.
Como otros diputados, Salle también catalogó la iniciativa desde una perspectiva ideológica. “No es una ley liberal; no, de ninguna manera. Es un híbrido entre una tendencia liberal, pero al mismo tiempo una tendencia extremadamente de control. La búsqueda del control, del scoring, como se dice actualmente, y nada más y nada menos —y esto lo refiero fundamentalmente al ministerio, pero al Banco Central en particular— todo el capítulo de finanzas abiertas”, afirmó. “Desde el punto de vista ideológico, este proyecto (…) lleva a que el banquero —con todas las connotaciones negativas, que yo, desde que tengo uso de razón hasta la fecha, he escuchado, fundamentalmente, de las posiciones políticas que se decían de izquierda—, con esas connotaciones negativas, tenga a su disposición la tecnología digital para llegar a este control total y absoluto. Y de eso se trata, fundamentalmente, este proyecto de ley. Este proyecto de ley no es liberal; es, vuelvo a repetir, heterodoxo, sui géneris, poco liberal, un poco tecnofeudalista. Y hay que advertirlo”, sostuvo.
El ministro intervino luego para hacer algunas acotaciones, sin entrar en polémicas. Para defender el texto, señaló que el gobierno busca “más eficiencia y más discriminación en favor de los más débiles (…). Yo no me atrevo a categorizarlo. Es un proyecto de ley bastante pragmático, pero está inspirado en principios de ese tipo”.
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