DGI y su “compromiso” ante el MEF: “campañas de acción” y desarrollo de “prototipos” analíticos

La meta de recaudación —bruta, sin considerar la proveniente de empresas públicas— para todo el año pasado fue establecida en unos $ 617.410 millones. Ese monto, que en dólares equivale a unos US$ 15.000 millones, es un 7,8% en términos corrientes por encima del valor base del 2024.

“Modelo de gestión”

Una de las metas vinculadas a la “mejora de cumplimiento” de pago de los contribuyentes es alcanzar al menos 78,5% en el promedio de cumplimiento de presentación de declaración para “los principales impuestos administrados” (IVA general, IVA servicios personales, IRAE e IRAE categoría II). Eso supone una exigencia levemente mayor respecto al 2024, cuando el porcentaje base fue de 78,38%.

Otra meta —“sin antecedentes”, según consigna el documento— con ese cometido es realizar al menos tres campañas de acción a corto plazo para mejorar el cumplimiento tributario. El Compromiso de Gestión explica que esas campañas son “un instrumento táctico que implica una acción planificada, sustentada en análisis de riesgo”, que opera mediante “intervenciones específicas, trazables y evaluables. Estas campañas se dirigen a segmentos críticos de riesgo, con el fin de revertir tendencias de incumplimiento y generar impactos concretos en el proceso integral de gestión de los obligados tributarios, incluyendo acciones de inducción, facilitación, control y seguimiento, en alineación con los objetivos estratégicos de la DGI”.

En línea con ese compromiso, en julio la oficina recaudadora inició una serie de acciones, entre ellas fiscalizaciones presenciales, entrevistas en sus oficinas y comunicaciones con los contribuyentes, como parte del programa de seguimiento de la conducta. A su vez, antes de fin del 2025, la DGI empezó una gira de fiscalización en la franja costera de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha.

Las actuales autoridades de la DGI se proponen hacer un reenfoque en el abordaje del cobro de impuestos y el combate a la evasión. El director de Rentas, Gustavo González Amilivia, lo explicó con una metáfora en una entrevista con Búsqueda publicada en junio del año pasado: “La idea es implementar un modelo de gestión de cumplimiento tributario; hoy el énfasis está muy puesto en gestionar los incumplimientos una vez que se observan. Capaz que la excepción a eso son las fiscalizaciones, porque en esos casos se visita a una empresa, a un contribuyente, con presunción de que incumplió. En la mayoría de los casos se detecta que incumplió, con la aspiración de que eso cambie su conducta, y además genere un efecto de derrame en otros contribuyentes que los ayuda a poner las barbas en remojo. Pero la mayoría de las acciones están enfocadas en gestionar incumplimientos verificados. Eso, si tu objetivo fuera tratar de que las casas no se incendien, es como ir a apagar incendios después de que el incendio se produjo en vez de tratar de evitarlo”.

Aclaró que, con esa lógica, la “fiscalización se integra a una estrategia donde opera más bien como un gatillo de último recurso”.

Ese modelo de gestión está previsto desarrollarlo “en los primeros dos o tres años del período de gestión e ir extendiéndolo por lo menos para los principales impuestos, que son el IRPF, el IVA y el IRAE”, contó.

¿Qué supone, en la práctica, para el contribuyente? “Hoy existe una propuesta de declaración en IRPF y en IVA de servicios personales, y el contribuyente tiene la opción de revisarla, y, si está de acuerdo, la confirma, la puede editar; es perfectamente generalizable a todos los impuestos. Obviamente, habrá una gradualidad que tiene que ver con la complejidad de cada impuesto, la disponibilidad de información, etcétera, pero es algo que ya podemos generalizar”, explicó el director de la DGI.

En ese sentido, para cumplir con el objetivo de implementar ese modelo de gestión de cumplimiento tributario, el documento firmado con el MEF incorporó entre las metas, con plazo de vencimiento al 15 de diciembre pasado, generar varios “prototipos”, entendidos como un “dispositivo/herramienta que permita visualizar en forma anticipada las características, funcionalidades y contenidos esperados de los productos a obtener por el proyecto”. Este prototipo podrá tener “diferentes niveles de avance y grado de presentación, brindando así una representación progresiva y escalable de los resultados esperados”, agrega.

Los prototipos son para el “análisis de riesgos”, de “mapa de brechas”, de “clasificación de riesgo global” y de “proceso de gestión de brechas tributarias” aplicado al formulario de declaración de IVA, anticipos de IRAE, Impuesto al Patrimonio e Icosa para contribuyentes del grupo “no CEDE” (Control Especial de Empresas).