Una omisión sesgada
En la presentación, el director del INE, Marcelo Bisogno, explicó que, con el censo ponderado, las diferencias en los resultados finales informados en 2024 aparecen respecto de la localización en territorios más pequeños y la caracterización social de personas y hogares.
El operativo de campo había contado aproximadamente 3,15 millones de personas, cerca del 90% de la población. El restante 10,3%, unas 350.000 personas, correspondía a población “omitida”, estimada a partir de la encuesta poscensal. Esa tasa de “omisión” fue alta en comparación con los censos anteriores: había sido menor de 2% en 2004 y de 4,1% en 2011.
El jerarca aclaró que ese aumento de la “omisión” no es exclusivo de Uruguay y estimó que no es enorme para los tiempos que corren, porque las dificultades para llegar a los hogares crecieron también en América Latina y en otras partes del mundo.
El problema principal, sin embargo, no fue solo la magnitud, sino el sesgo. La encuesta poscensal mostró que la población omitida no era igual a la censada. En Montevideo, por ejemplo, la omisión fue de 3,1% en el estrato socioeconómico alto, pero llegó a 17,5% en el bajo. También fue mayor en edades bajas y en el tramo de 25 a 35 años, y menor entre los adultos mayores. En la presentación, el equipo del INE señaló que, si se trabajaba solo con los datos puros del conteo, algunos indicadores subestimaban “sistemáticamente” características socioeconómicas vinculadas a la vulnerabilidad.
¿Por qué el censo combinado quedó corto?
El censo combinado había intentado resolver esa omisión incorporando personas identificadas en registros administrativos. El mecanismo se basaba en las llamadas “señales de vida”: interacciones con el Estado o con sistemas registrados, como educación, salud, pagos de servicios u otras bases administrativas.
La lógica era seleccionar, entre millones de cédulas, a las personas con mayor probabilidad de residir en Uruguay y que no fueron captadas por el operativo de campo (el cuestionario presencial o respondido vía web). Ese procedimiento permitía agregar personas reales. Pero, según el diagnóstico presentado por el INE, tenía tres limitaciones: las señales de vida también estaban sesgadas, no permitían reconstruir hogares y aportaban pocas variables sociales.
“Un poblador en Montevideo formal emite muchas más señales de vida que una persona informal rural”, explicó Bisogno. También señaló que los estratos socioeconómicos altos emiten más señales que los bajos, que la urbanidad genera mayores registros y que los segmentos más educados tienden a aparecer más en esas bases.
La segunda limitación era que el censo combinado agregaba individuos, pero no hogares. Según explicó el director del INE, el algoritmo permitía identificar personas, pero no necesariamente reconstruir los vínculos dentro de una vivienda. “Pescábamos individualmente, pescábamos a un padre y capaz que a un hijo, pero nunca los asociábamos en un hogar. O sea, generamos 350.000 personas, no hogares”, dijo.
La tercera limitación era la falta de información. Bisoño señaló que el censo releva más de 100 preguntas, pero que de las personas incorporadas por registros se sabía básicamente sexo, edad y departamento. No se conocía su perfil educativo, si asistían a un centro educativo, si eran trabajadores formales o informales ni otras variables sociales.
¿Qué cambia en los datos?
El censo ponderado no transformó la imagen general del país, pero sí ajustó la información: aumentó la incidencia de algunas carencias y mejoró la representación de poblaciones que habían quedado subcaptadas.
Los problemas de materialidad en la vivienda pasan de 17,3% en la población contada a 18,1% en el censo ponderado. Las carencias de calefacción suben de 11,8% a 12,2%.
En otras variables, el cambio es más fuerte. La residencia en asentamientos pasa de 4,5% a 5,5% (unas 34.533 más que los reportados al inicio). La población rural pasa de 4,1% a 5%.
“No estamos ahí”
La presentación de los datos ponderados del censo produjo algunas conversaciones en redes sociales.
Consultado por Búsqueda, Bisogno remarcó que el censo combinado es una metodología que ganó espacio en distintos países durante los últimos años, y sostuvo que sigue concentrándose sobre todo en economías desarrolladas, donde los registros administrativos tienen mayor capacidad para formar hogares y aportar variables con niveles altos de calidad y cobertura. En su opinión, “los registros administrativos en Uruguay no están listos para hacer un censo combinado. Es lo que se hace en las partes más ricas del mundo, pero en Uruguay no estamos ahí”.
Marcelo Bisogno INE
Marcelo Bisogno, en las oficinas del INE.
Mauricio Zina-adhocFOTOS
Bisogno explicó que tanto el censo ponderado como el combinado siguen siendo metodologías relativamente poco frecuentes. Como ejemplo, mencionó su experiencia de trabajo en Europa del Este y describió el nivel de actualización y trazabilidad que requieren los registros administrativos para funcionar como base de este tipo de sistemas.
También se refirió al caso de Nueva Zelanda, que realizó censos combinados en 2018 y 2023. Según explicó, en la segunda experiencia ese país logró avanzar en un aspecto central: asociar a las personas identificadas mediante registros dentro de hogares e incorporar variables adicionales, una diferencia importante respecto al modelo que usó Uruguay.
Los censos en Uruguay se realizan cada alrededor de 10 años.
“No fue una improvisación”
Consultado por Búsqueda, Diego Aboal, director del INE en el anterior gobierno, dijo que no interpretaría el pasaje del censo combinado al ponderado “como el pasaje de una metodología incorrecta a una correcta, sino como la incorporación de una herramienta adicional para resolver un problema distinto”.
“El censo combinado buscaba mejorar la cobertura del conteo poblacional, incorporando personas reales identificadas en registros administrativos que no habían sido captadas por el operativo de campo”, explicó. Según Aboal, “esa metodología no fue una improvisación”, sino que estuvo inspirada en experiencias internacionales, especialmente Nueva Zelanda, y contó con intercambios técnicos con Statistics New Zealand, Statistics Norway y la División de Estadística de Naciones Unidas, que “destacó el trabajo pionero de Uruguay y señaló que el uso de estos registros ayuda a validar la información censal y mejorar la cobertura”.
Censo 2023
Diego Aboal, en mayo de 2023, cuando estaba en marcha el censo digital.
Pablo Vignali-adhocFOTOS
El economista reconoce la principal limitación señalada en la presentación del INE: las personas incorporadas por registros tenían pocas variables. Pero sostiene que eso no invalida el censo combinado. Para el exdirector del INE, esa metodología es más fuerte para conteos demográficos básicos —sexo, edad y departamento— y menos completa para caracterización socioeconómica. “Esto no invalida el censo combinado”, afirmó. “Significa que es más fuerte para conteos demográficos y menos completo para caracterización socioeconómica”.
Aboal también remarcó que el propio censo ponderado se apoya en el censo combinado, porque usa sus totales por sexo, edad y departamento para calibrar los ponderadores. “Eso muestra que el censo combinado sigue siendo un insumo fundamental”, sostuvo.
Explicó que los ponderadores no observan de manera directa la información faltante de las personas omitidas ni recuperan sus respuestas, sino que asignan más peso a hogares efectivamente censados que se consideran similares bajo determinados supuestos. Eso puede mejorar las estimaciones, pero no equivale a contar con información observada.
Por eso, planteó que “conviene evitar presentar la ponderación como una solución superior para todos los usos”. A su juicio, Uruguay avanzó en una dirección moderna y reconocida en el plano internacional, pero ese proceso requiere validación, comunicación clara y productos diferenciados según el uso. El debate técnico, sostuvo, debería plantearse “como complementariedad, no como sustitución”.
