La grieta y el costo de la delincuencia

En esta entrega de Detrás de los números rastrillo datos para tratar de dimensionar el problema. Soy Ismael Grau, editor de Economía y autor de esta newsletter sobre temas económicos.

Somos un país de ingresos altos —un Producto Interno Bruto (PIB) por habitante cercano a US$ 23.000— pero el 17% de la población es pobre para las estadísticas al no poder costear una canasta básica de bienes y servicios, a la vez que el nivel de desigualdad monetaria está estancado desde hace más de una década (nuestro Índice de Gini, donde cero representa la equidad de ingresos perfecta y el 100 supone una desigualdad perfecta, se ubica en torno a 40 desde 2012). Si bien la mayoría somos clase media, es desigual el acceso a las oportunidades en educación de calidad, a los trabajos bien pagos, a las jubilaciones decorosas, a la vivienda y a los servicios médicos.

Aunque no conozco estadísticas que la midan, mi percepción es que a eso se agrega un ninguneo a ciertas normas de convivencia —a veces en la cara de la autoridad—, una degradación moral y una cultura despreciativa del desarrollo intelectual, del esfuerzo, de la responsabilidad y el mérito; por supuesto que no es algo generalizado, aunque sí lo suficiente como para ser visible en las calles —no solo en los barrios marginales—, en el ómnibus —también en el 121—, en las redes sociales, en estadios de fútbol, en espectáculos artísticos y en las puertas de las escuelas.

También está la penetración de la droga, la violencia narco, la cantidad de armas de fuego (las legalmente registradas por civiles eran 617.327 en 2024; si se le suma una estimación de la “cifra negra” da 34,7 por cada 100 habitantes civiles) y la crisis de las cárceles, sobre la cual escribí en esta anterior newsletter.

Y la erosión de la confianza; el capítulo para Uruguay del último Estudio mundial de valores (2022) expone eso respecto de instituciones como “la Iglesia”, “los partidos políticos” y los medios de comunicación, y también en nuestras relaciones interpersonales: cuatro de cada 10 no confía en “los vecinos”, cuando en 2006 eran un 24%. “Cambios en los modos y ritmos de vida, así como crecientes niveles de criminalidad, son factores que pueden estar detrás de este deterioro” en la confianza en la sociedad uruguaya, señala Equipos Consultores, a cargo de esa investigación.

Son todas cuñas abriendo una grieta. ¿Nos estamos rompiendo como sociedad integrada? ¿Ya nos rompimos?

Algunas cifras del delito

Datos que tomé del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior muestran que los homicidios pasaron de poco más de 250 al año en 2013 y 2014 a un récord de 420 en 2018, para después bajar y estabilizarse en torno a los 380. En los primeros nueve meses de 2025 hubo 277 asesinatos; también se denunciaron 76.071 hurtos, 11.826 rapiñas, 29.528 casos de violencia doméstica y 742 abigeatos.

En medio del auge de las redes sociales, las plataformas digitales de compraventa y los pagos electrónicos, las estafas pasaron a ser el tercer delito más denunciado (era el décimo en 2013). En 2024 hubo 31.144 denuncias, lo que se compara con menos de 2.000 en 2015.

El Diagnóstico general de la criminalidad y la violencia en Uruguay, un documento de este año elaborado como insumo para desarrollar el Plan Nacional de Seguridad Pública para 2025-2035, ahonda también sobre los delitos complejos y advierte una “transformación estructural del escenario criminal en el país, caracterizado por la fragmentación, el surgimiento de redes delictivas de mediana escala y el fortalecimiento de los mercados ilegales”.

Señala que Uruguay, y en particular el Puerto de Montevideo, se consolidó como punto de tránsito de la droga; que en los últimos años, especialmente en entornos digitales, se triplicaron los casos de extorsión —un delito que había sido “históricamente marginal”—; y que el abuso de funciones, fraude, tráfico de influencias y otras figuras asociadas con la corrupción “no parece ser un fenómeno masivo, pero sí un riesgo estructural con efectos desproporcionados sobre el Estado de derecho”.

Crimen y economía

De un lado de esas estadísticas están los delincuentes y del otro las personas y empresas víctimas del crimen.

Por la evolución de algunas de estas cifras del delito, desde hace unos años las menciones a la inseguridad aparecen regularmente en las encuestas como una de las mayores preocupaciones de la gente. Una encuesta de Equipos hecha en octubre y presentada en Subrayado de Canal 10 el último jueves mostró que la percepción mayoritaria de la población (un 51%) pasó a ser que el país es inseguro (aunque el 70% opina lo contrario sobre su propio barrio).

El tema también entró en la agenda de algunas cámaras empresariales.

Cambadu, la gremial de dueños de almacenes, autoservicios y bares, dedicó la nota de tapa de la edición más reciente de su revista institucional a los robos —internos y externos— y su “costo oculto” o “silencioso” para ellos. Señala que si un negocio con una caja diaria de $ 100.000 sufre robos por $ 3.000 en efectivo y $ 1.000 en mercadería, pierde $ 120.000 mensuales, es decir 4% de su facturación. Esa cifra equivale a “toda la ganancia neta de un comercio sano”.

Actuar para tratar de achicar ese impacto implica gastar en vigilancia privada (en 2024 había 23.243 guardias habilitados, según la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, una cifra similar a los policías abocados a tareas de prevención, represión e investigación), en cámaras, en rejas y alarmas, en seguros.

Asimismo, la problemática del crimen en Uruguay comenzó a figurar en análisis de organismos internacionales, algo común en países históricamente más inseguros.

En línea con la estimación de Cambadu para su rubro, de la Encuesta Empresarial del Banco Mundial 2016-2018 surge que los costos de la delincuencia para las empresas uruguayas representan el 3,7% de las ventas, considerando tanto el gasto en seguridad como las pérdidas ocasionadas por delitos (hurto, robo, vandalismo o incendio provocado); el promedio para América Latina es 6,7%.

Como conté en esta nota en Búsqueda publicada el año pasado, el Institute for Economics and Peace (IEP) sigue clasificando a Uruguay como el país “más pacífico” de América del Sur, aunque viene perdiendo puntos. Calcula que los efectos económicos de la violencia equivalente al 8% del PIB.

Crimen Costo

¿Cuánta capacidad productiva perdemos como país a causa del crimen y la violencia? Sumando el capital humano resignado a causa de los homicidios, en productividad de las víctimas de delitos no letales y de las personas privadas de libertad, fue aproximadamente un 0,7% del PIB en 2022, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero, agregando los costos de la seguridad pública, el impacto económico de la delincuencia llega a un 2,7% del PIB. Esa cifra fue citada en un reciente documento del Fondo Monetario Internacional para alertar que “abordar la delincuencia mediante un enfoque integral y exhaustivo protegería la capacidad institucional de Uruguay y respaldaría la inversión y el crecimiento. Con importantes costos públicos, privados y de capital humano, la delincuencia puede socavar la productividad, la inversión y la acumulación de capital, comprometiendo el crecimiento económico”.

El riesgo es que la chapa de país estable también empiece a agrietarse.

Antes de despedirme, porque está conectada con estos problemas, te recomiendo esta entrevista de Búsqueda al presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Si querés escribirme comentarios, críticas o sugerencias, podés hacerlo a este mail: [email protected]

Vuelvo en dos semanas; prometo que será un tema mucho más liviano.

¡Buena semana!