Se trata de un asunto que hoy involucra a pocos miles de personas, pero que en algunos años afectará a más de un millón de uruguayos. Sin urgencia, pero consciente de ello, el gobierno se propone “blindar” los ahorros que son acumulados en las administradoras de fondos previsionales (AFAP) y con los que las compañías aseguradoras deben pagar las jubilaciones, del riesgo de erosión por la dispar evolución de los salarios medios y la inflación.
Con ese fin, la administración planea emitir títulos en Unidades Reajustables (UR), dijo a Búsqueda la directora de República AFAP, Jimena Pardo. Una colocación de deuda de ese tipo, para que la adquieran las propias empresas de seguros, haría posible “blindar las reservas previsionales para este riesgo”, explicó.
Actualmente operan en el país cuatro AFAP que, según datos del Banco Central (BCU), al cierre de mayo contaban en conjunto con 1.108.488 afiliados y manejaban un fondo equivalente a U$S 7.961 millones.
A esos afiliados se les descuenta una porción de su ingreso como aporte jubilatorio y una parte se vuelca a la AFAP. Cuando cesa en su actividad laboral comienza la etapa de desacumulación: su administradora transfiere todo el fondo acumulado a una compañía aseguradora, que realiza un cálculo para determinar el monto inicial de la jubilación que la persona cobrará mes a mes. Esa cifra se denomina “renta inicial”, porque cada año deberá ajustarse según la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS).
Además de pagar mensualmente la jubilación (o pensión, en caso que la persona haya fallecido), la aseguradora debe invertir el resto del fondo en distintos instrumentos para generar una rentabilidad.
“De acá a mediano plazo se espera que los salarios crezcan en términos reales”, es decir, por encima de la inflación, dijo Pardo. Esto determinaría que la UR —que recoge las variaciones del IMS— aumente más que el Índice de Precios al Consumo (IPC), que mide la inflación.
Actualmente casi no existen instrumentos financieros denominados en UR en los cuales las aseguradoras puedan invertir. Entonces, estas compañías deben pagar prestaciones y son reguladas por criterios que están atados a la evolución de una unidad de cuenta, pero sus ingresos por las inversiones están determinados por otra. Este problema se denomina “descalce”.
Nuevos parámetros.
Paralelamente, desde este mes las personas que se jubilen a través del régimen de AFAP percibirán una mensualidad inferior a la que hubieran accedido hasta el momento. Esto se debe a que el BCU, como regulador de ese mercado, ajustó ciertos parámetros para que reflejen mejor la situación de las empresas de seguros que deben pagar estas prestaciones.
La renta inicial se establece dividiendo el monto del fondo acumulado por el trabajador en su cuenta individual por una prima de seguro. Para cada edad y sexo, el BCU determina un valor de prima que fija la jubilación mínima que la empresa debe comenzar a pagar. Si lo considera viable, también podría pagar una renta mayor.
En el valor de esa prima inciden tres elementos: la expectativa de vida de la persona de acuerdo a su edad y sexo, la probabilidad de que al morir genere derechos de pensión en otros y cuál es la rentabilidad mínima que la aseguradora podría obtener por invertir el dinero que administra. Este último elemento se denomina “tasa técnica”.
Hasta mayo, el BCU consideró que las compañías de seguros podían obtener, como mínimo, una rentabilidad de 3% anual medida en UR, pero a partir de junio corrigió ese valor a 1,5%. Esto implica que en adelante, el monto mínimo que estas empresas están obligadas a pagar a una persona que se retira será menor (y les permite apropiarse de la rentabilidad adicional a ese porcentaje que obtengan).
Por ejemplo, un hombre que se afilió en 1996 a una AFAP teniendo 45 años y aportó todos los meses por un sueldo superior al tope máximo ($ 84.201) habría recibido una jubilación inicial de $ 12.583 si hubiera cesado su actividad antes del 1º de junio, y de $ 10.474 si lo hiciera después de esa fecha, según República. Pero estos valores varían para cada sexo y edad.
Los casos que están próximos a jubilarse no son “representativos del sistema” porque “se afiliaron tarde y no están el suficiente tiempo capitalizando”, acotó Pardo.
Según la ejecutiva de República AFAP, el impacto de la modificación sería sólo para las personas que se están jubilando por estos días.
Actualmente son pocas las personas que se jubilan a través del pilar de ahorro individual (fueron 197 en mayo y totalizaron 2.769 los retirados por este pilar del sistema) y todavía faltan 15 años para que se den retiros masivos, añadió.
Además acotó que en el futuro los parámetros pueden volver a ser ajustados. Cuando el régimen de AFAP se instauró en 1996, la tasa técnica era de 1,75% y en 2003 subió a 3%. Esto significa que esos valores estuvieron vigentes cerca de siete y nueve años, respectivamente.
Estos ajustes, afirmó Pardo, son “necesarios” y están vinculados a cómo evolucionan los salarios y la inflación.
Aseguró que República AFAP realizó “proyecciones jubilatorias” para evaluar si esta modificación implica que a las personas que se afiliaron voluntariamente a la administradora les hubiera sido más conveniente no hacerlo. Esto “para la mayoría de la cartera” no se cumple, por lo que “hicieron bien la opción”, agregó.
“Una tasa alta, cuando la UR está creciendo muy por encima del IPC y sin instrumentos en UR no es sostenible”, afirmó Pardo como explicación del ajuste. También agregó que, si bien esta modificación implica una “prestación inicial más baja”, luego tendrá aumentos anuales por la evolución del IMS.
Juego de azar.
El problema del descalce hace que no sea atractivo para las aseguradoras ofrecer el pago de las pasividades a los trabajadores que aportaron a una AFAP. De hecho, si bien todavía algunas compañías privadas están pagando rentas que vendieron en su momento, hoy en día solamente el Banco de Seguros del Estado (BSE) ofrece este servicio. Este es uno de los puntos que las representaciones de trabajadores y jubilados critican al sistema.
“Las aseguradoras son la segunda parte del sistema, las que pagan la parte privada de la jubilación y ahí hay insuficientes garantías. Por razones de mercado (...) se han retirado del mercado las privadas, (y) debemos fortalecer el BSE y analizar el sistema para dar garantías a los trabajadores en esto”, declaró el martes 12 en radio El Espectador el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, Mauricio Castellanos, explicó a Búsqueda que lo que más afecta al sector es la “volatilidad” asociada a la evolución de los salarios medios y la inflación. Hoy “no están dadas las condiciones para que las compañías operen, porque se parece mucho más a un juego de azar que a un riesgo que sea administrable profesionalmente”, afirmó.
La ganancia de las aseguradoras se da cuando logran que el dinero que invierten rinda por encima de las prestaciones que tienen que pagar y del interés mínimo que estima la tasa técnica. Pero pensar en esas utilidades es “de ciencia ficción”, opinó Castellanos, porque las inversiones posibles no permiten ni siquiera “empatar” lo que deberían pagar.
Consideró que la nueva tasa técnica “tiene más lógica” y que podría ser un “tímido paso hacia algo razonable” desde la pespectiva de las aseguradoras. Pero afirmó que el principal problema sigue siendo el descalce de monedas, y “en la medida que no se modifique, el sector privado no va a participar” del negocio.
