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El ITP, un impuesto nacido de un ajuste fiscal que en 2022 pagaron 162.000 contribuyentes
En ese año hubo casi 43.800 transmisiones de inmuebles; el pago más grande a la DGI correspondió a una promesa de enajenación por una propiedad con un valor catastral superior a los US$ 8 millones
El ITP grava las compraventas y otro tipo de transferencias de inmubles
El gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), padre del actual presidente, empezó con baja de gastos, recorte de inversiones y aumentos en la carga tributaria. Ante un déficit en las finanzas públicas que había superado el 6% del Producto Interno Bruto finalizando la segunda administración del colorado Julio María Sanguinetti y la presión que introdujo un plebiscito sobre el aumento de las jubilaciones, el Poder Ejecutivo se vio “en la obligación” de proponer “inmediatas medidas de ajuste fiscal”, alegaba en el proyecto transformado en pocos días en la Ley 16.107, que entre otras cosas creó el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP).
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Es un gravamen relativamente marginal para la caja de la Dirección General Impositiva (DGI) pero que da trabajo a los escribanos intervinientes en las transacciones inmobiliarias, que actúan como agentes de retención y percepción siendo responsables de su pago y de la presentación de la declaración jurada a la oficina recaudadora. En 2022 hubo casi 43.800 enajenaciones a título oneroso y gratuitas; la operación más grande involucró un inmueble con un valor catastral de unos US$ 8,4 millones. Eso analizó Búsqueda a partir de datos entregados por la DGI en respuesta a un pedido de acceso a la información pública que muestran, además, que en 2022 hubo un total de 162.383 contribuyentes del ITP, de los cuales 97.160 fueron participantes en compraventas (enajenantes y adquirentes).
En los negocios onerosos tanto el comprador como el vendedor deben pagar el 2% del valor real de los bienes inmuebles fijado por la Dirección Nacional de Catastro, vigente a la fecha del hecho generador. La tasa es de 3% en el caso de los herederos y legatarios en línea ascendente y descendente en caso de fallecimiento del dueño de la propiedad y de 4% (que paga el beneficiario) en las transferencias a título gratuito. En las cesiones de derechos hereditarios y de derechos posesorios el monto imponible es el precio fijado por las partes, o la estimación realizada por las partes a los solos efectos tributarios si se trata de una operación a título gratuito.
En el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) el impuesto tuvo un adicional —de 5% en el caso de los adquirentes— para los inmuebles rurales cuyo monto producido fue para capitalizar al Instituto Nacional de Colonización y rigió por un par de ejercicios, hasta que nació el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) sobre las ganancias de capital.
En 2023 el ITP recaudó el equivalente a casi US$ 94 millones. De acuerdo a las estadísticas públicas de la DGI, eso significó 0,6% de los ingresos tributarios nacionales totales, superando el aporte recaudatorio que hicieron, por ejemplo, el Impuesto a la Enajenación de Activos Bancarios (0,4%) y el “IVA mínimo” pagado por pequeñas empresas (0,2%).
Pagos. Las series estadísticas sobre el ITP entregadas por la DGI se inician en 2012 y llegan hasta el 2022 para la cantidad de contribuyentes, así como del número de enajenaciones, y el impuesto declarado por cualquier tipo de hecho generador. Ese primer año de la serie es el que muestra la mayor cifra de enajenaciones a título oneroso y gratuito (50.741) y también el máximo de contribuyentes (180.735); 2019 fue el año más flojo (120.013 y 32.019). Un hecho particular del 2012, que no puede afirmarse de manera categórica que sea la explicación de las cifras más altas respecto a las del resto del período, fue el acuerdo de los gobiernos de Uruguay y de Argentina de un tratado —con vigencia desde 2013— para intercambiar información tributaria para facilitar la captura de evasores.
Por otro lado, la agencia recaudadora proporcionó, como parte de su respuesta al pedido, información innominada relativa a los montos pagados por cada una de las 43.799 enajenaciones, promesas de enajenaciones y cesiones de estas promesas del 2022. De ese total, 113 operaciones tributaron cada una más de $ 1 millón (unos US$ 24.500 al tipo de cambio interbancario promedio de ese año). Las dos más grandes, que sobresalieron del resto, fueron promesas de enajenación: una pagó $ 13.899.136 (US$ 335.191) y la otra abonó $ 12.683.845 (US$ 308.100). De esas cifras puede inferirse que los inmuebles involucrados tuvieron un valor fijado por Catastro del orden de los US$ 8,4 millones y US$ 7,7 millones en cada caso.
En el otro extremo, en la planilla entregada por la DGI figura una enajenación que tributó solo $ 1 de ITP.
En promedio de las casi 43.800 transmisiones patrimoniales declaradas del 2022, el pago del impuesto a la DGI fue de $ 65.001, es decir, unos US$ 1.579.