En los días previos a ese 23 de junio murieron seis personas que vivían a la intemperie. La situación incluso ameritó un llamado al ministro Gonzalo Civila a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que incluyó un debate sobre el rol de la Administración de Servicios de Salud del Estado en la atención a la situación de calle y la aplicación de la “ley de internación compulsiva”. En su momento, legisladores opositores llegaron a evaluar una interpelación al jerarca por las muertes, pero blancos y colorados optaron por enfocar la mira en otras áreas de la administración.
Hoy el gobierno celebra que el abordaje del tema, que implicó una coordinación interinstitucional bajo el ala de Presidencia a través del Sinae, ya no esté en la agenda pública. Fuentes de la Torre Ejecutiva, que realiza sondeos de opinión pública periódicos, aseguraron a Búsqueda que, de acuerdo con sus mediciones, la medida tiene una evaluación positiva de más del 70% de la población.
Dar de baja la alerta roja
Una encuesta de la consultora Nómade difundida el 5 de agosto reveló que el 36,8% de la población aprobaba la gestión de Orsi sobre la población en situación de calle, mientras que un 25,7% la evaluaba negativamente y el restante 32,3% tenía una opinión neutra.
“El balance es positivo”, dijo a Búsqueda el director de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Daniel Gerhard. El jerarca indicó que aún no hay fecha para dar de baja la alerta roja y destacó la “intensidad” en la “interinstitucionalidad” que se logró gracias al nuevo abordaje. Esto implicó brindar atención en salud general y salud bucal y lograr una mayor cantidad de diagnósticos, entre otras ventajas de una herramienta que permitió una respuesta más individualizada.
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Refugio de una persona en situación de calle en la escollera Sarandí.
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
En las noches del 19 y del 20 de agosto, el país batió sus récords en cantidad de personas evacuadas en situación de calle. El martes 19 fueron 2.972 personas, la cifra más alta por ese entonces, y el miércoles 20 la marca volvió a superarse con 3.007 personas. En total 2.359 personas fueron derivadas a refugios del Mides y 648 a centros de evacuación.
La contracara de esta estrategia es que parte del financiamiento del nuevo abordaje recae en el Sinae, un sistema que básicamente se encarga de hacer frente a emergencias climáticas y que nunca antes había sido utilizado para la evacuación de personas en situación de calle.
El 5 de setiembre, Presidencia respondió una solicitud de acceso a la información pública presentada por Búsqueda en la que informó que desde el inicio de la alerta roja hasta la fecha el Sinae gastó $ 3,2 millones en la ejecución de la medida, unos US$ 82.500. Esto es por fuera de los recursos ejecutados por los ministerios para atender la situación.
Desconfianza en la oposición
Pese a que el tema salió de la agenda pública en las últimas semanas, la operativa no logró evitar nuevas muertes de personas en situación de calle. “Desde el 23 de junio el Estado está desplegado en su máxima capacidad con la alerta roja del Sinae. Los más vulnerables siguen muriendo dentro de los centros de evacuación y en intemperie. ¿Qué nos espera cuando la alerta caiga? ¿Quién se hace responsable de lo que está pasando?”, escribió el 29 de agosto la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, en referencia a la noticia de la muerte de una persona en situación de calle en el Cerro dada a conocer por Subrayado ese día.
Auersperg, que fue directora de Protección Social durante el gobierno anterior, sostuvo que “en ningún gobierno hubo tantas fatalidades con gente en situación de calle en seis meses”. “Ya lamentamos nueve fallecimientos en intemperie y cuatro en centros de evacuación/refugios. Es hora de que Yamandú Orsi se haga cargo. Cuando el equipo no funciona hay que hacer cambios”, escribió en un mensaje en X, sugiriendo la renuncia de Civila.
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Yamandú Orsi y Gonzalo Civila durante la asunción de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, 6 de marzo 2025.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
La diputada cuestiona también que la alerta roja, que “parecía que iba a ser un recurso puntual y específico, se terminó convirtiendo en algo permanente”. En diálogo con Búsqueda, sostuvo que “no se puede transformar la emergencia en una cosa permanente; hay que ir a respuestas de fondo”, y se preguntó “qué va a pasar” cuando cese la alerta.
En el gobierno, en tanto, argumentan que la alta mortalidad de la población en situación de calle no es solo consecuencia del frío o la violencia, sino también del “efecto acumulado” en la salud de esta población. “Es parte de un cuadro general que hoy es mucho más crítico”, dijo una fuente del Mides.
De largo aliento
A la par de esta respuesta a corto plazo, el gobierno planifica la construcción de una política de largo aliento para el abordaje de personas en situación de calle, cuyo rumbo todavía no está definido. El 20 de agosto se realizó un primer encuentro con actores de la sociedad civil en Montevideo que incluyó la discusión entre varios colectivos, una puesta en común y un cierre de la autoridades.
Luego de un intercambio de ideas, varios grupos expusieron sus conclusiones. El orador de uno de ellos dijo que la realidad de las personas que viven a la intemperie “tiene que ver con el capitalismo financiero, la sociedad atomizada, el racismo, la xenofobia y la transfobia”. Otro participante, que dijo vivir en la calle, se quejó de que el Estado les dé dinero a los “adictos” y aseguró que hay quienes, como él, se sienten “más seguros en la calle que en un refugio”. Una mujer se quejó de que “en cada quinquenio se generen nuevas políticas, pero se destruyan políticas anteriores y se quiten recursos de un lado y de otro sin tener una continuidad ni un desarrollo a nivel nacional”.
Al final del encuentro, el ministro Civila sostuvo que el armado de la política no se realizaría a la ligera y permitiría “tener una estrategia a nivel nacional e integral sobre el problema de la situación de calle”. A la vez, resaltó el hecho de que más de 450 personas participaran de la instancia de intercambio, ya que “sin la participación de la gente le vamos a errar en la respuesta”.
Minutos antes, Gerhard sostuvo que la iniciativa implicará pasar de la “protección al desarrollo” y destacó que el Mides “no puede solo, y si pudiera, no quiere llegar solo”, porque el camino “es con toda la institucionalidad”.
Sede del Mides. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Sede del Mides. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
En diálogo con Búsqueda, el director de Protección Social sostuvo que la “estrategia nacional” parte de la base de que el abordaje integral “no puede estar solo en manos de un ministerio, pero tampoco solo del Estado”, ya que “es un tema de toda la sociedad y las respuestas deben estar muy enraizadas en la comunidad y en la gente”.
El jerarca agregó que se busca “repensar las respuestas que se dan”, lo que implica no solo “reforzar y ensanchar” programas que ya se habían “potenciado” en la gestión anterior, sino también corregir situaciones en las que “el propio Estado, bajo su tutela, genera egresos que terminan en situaciones de calle al poco tiempo”. Mencionó como ejemplo las personas liberadas de las cárceles o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Según dijo, el ministerio busca que este proceso de diálogo dure unos tres meses, también con encuentros en el interior. El jerarca explicó que no es el objetivo del ministerio crear una política de Estado con otros partidos políticos, sino lograr una elaboración “más social” con actores de la sociedad civil, usuarios y organizaciones.
En la oposición siguen de cerca este proceso, pero todavía prefieren no aventurar resultados. Auersperg se limitó a comentar que “ojalá tenga un resultado tangible y no quede en declaraciones y papelógrafo”.
Por lo pronto, el proyecto de Ley de Presupuesto asigna recursos adicionales para abordar esta problemática, en total unos $ 322 millones a partir de 2026 (algo más de US$ 8 millones), distribuidos en tres rubros, aunque no menciona nuevos planes. Según su exposición de motivos, “el gobierno ya está atendiendo activamente esta situación mediante la creación de más cupos en refugios, nuevos programas como Puertas Abiertas e innovaciones como el operativo Alerta Roja por frío extremo que durante este invierno ha permitido brindar protección a personas expuestas a eventos climáticos severos. El proyecto de Presupuesto contiene asignaciones incrementales para mejorar y sostener estas líneas de política”.
