Empresarios ven la baja competitividad como el mayor problema y reclaman frenar la delincuencia

Usualmente, ambas preguntas arrojan respuestas que, razonablemente, tienen conexión: frente a determinada problemática para sus empresas, los ejecutivos esperan acciones que ayuden a enfrentar el problema, si es que tiene que ver con alguna política pública. En esta edición de la encuesta, sin embargo, ubicaron en los primeros lugares demandas de otro tipo de acciones gubernamentales que aluden a una preocupación más amplia sobre la situación social del país.

En línea con expresiones públicas de algunas de sus gremiales, una cantidad considerable de encuestados señaló que el nivel del tipo de cambio nominal y el “atraso cambiario” son los principales problemas que enfrentarán sus empresas el próximo año. Fueron 29 menciones en total, que provinieron sobre todo desde el agro y del sector fabril; mientras que para los empresarios del campo el tema del dólar y la competitividad es, por lejos, la mayor preocupación, para los industriales lo es de manera compartida con los “altos costos de producción”.

Mientras se desarrollaba el relevamiento, entre fines de noviembre y las primeras semanas de diciembre, los deseos de parte del empresariado de un dólar cotizando más alto en Uruguay se vio materializado, pero como parte de una tendencia global tras el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos.

En segundo orden en la lista de preocupaciones con vistas al 2025 surgió, precisamente, el asunto de los altos costos productivos, con 20 menciones. Este es uno de los principales problemas señalados entre los encuestados del sector comercial.

La “baja demanda” recibió 13 menciones; se trata de uno de los problemas que más preocupa a los empresarios del sector de los servicios.

En cuarto lugar entre los principales problemas visualizados por los encuestados figuró uno directamente relacionado con el momento político: 12 se refirieron a la “incertidumbre” que les provoca el cambio de gobierno que se avecina y los eventuales giros en las políticas. Esta también es una preocupación relevante para muchos ejecutivos de los servicios.

En una línea similar, 10 encuestados se refirieron al posible aumento de la carga impositiva como una circunstancia que podría complicar su negocio.

Y, asociado en parte también a la llegada otra vez del Frente Amplio al poder, 11 de los encuestados identificaron una “mayor conflictividad” con los sindicatos como el principal problema que enfrentarán sus empresas en 2025. La misma cantidad de menciones recibieron la “mayor competencia” en los mercados y la “escasez de personal calificado”.

Con menos de 10 menciones, también surgieron como problemas en el horizonte de las empresas cuestiones como el acceso a los mercados y las trabas arancelarias (9); el costo de la mano de obra y los Consejos de Salarios (8), una mayor regulación (7) y la inestabilidad económica mundial (5).

Medidas

Aunque los problemas principales para muchas empresas en 2025 estarán en la competitividad y la rentabilidad de sus negocios, al responder a la pregunta sobre cuáles deberían ser las medidas prioritarias del nuevo gobierno, 36 reclamaron que se actúe frente a la inseguridad pública y el avance de las bandas narco.

La segunda medida con más menciones (33) fue que se siga adelante y se consolide la reforma de la educación iniciada en el actual período de gobierno.

El reclamo de que se racionalice el gasto público y se “cuiden” los números fiscales —muy conectado con la preocupación por los altos costos de producción— tuvo 27 menciones en total, aunque otros ocho pidieron directamente que se baje el “costo país”. Cinco consideraron prioritario “desburocratizar” el Estado por la vía de una mayor digitalización de los trámites.

Hubo 25 menciones al reclamo de abrir nuevos mercados y firmar acuerdos comerciales.

Una quincena de menciones recibió la aspiración de que el gobierno propicie una corrección del “atraso cambiario”.

La medida de mantener los esquemas de incentivo a la inversión productiva recibió un total de 13 menciones, mientras que 12 señalaron como una prioridad para la futura administración que cuide los equilibrios en las relaciones laborales y que las “modernice”. Otras 11 aspiran a que respete y afiance la reforma de la seguridad social aprobada en 2023 y que instala gradualmente un sistema común.

Con menos cantidad de menciones aparecieron demandas relacionadas con atacar la pobreza infantil (8) y hacer políticas sociales (5); mejorar la situación carcelaria (5); generar un plan de infraestructura (4); atender la problemática de la salud mental (2).

Insinuando dudas sobre su continuidad en el cargo, dos de los encuestados plantearon como una medida prioritaria de la futura administración que mantenga a Gabriel Oddone como ministro de Economía y Finanzas.