Uno de los cambios estructurales que estableció la última reforma jubilatoria fue que todos los trabajadores que se incorporan al mercado laboral deben destinar el 5% de sus aportes personales a una AFAP. La medida impacta directamente en los ingresos de las cajas paraestatales, que hasta ahora no hacían transferencias a esas administradoras de ahorros previsionales porque sus afiliados no estaban obligados a integrarlas.
Para que las deficitarias cajas paraestatales no vean exigidas aún más sus finanzas, la reforma jubilatoria estableció un “financiamiento de la transición” del pasaje de estos afiliados al régimen mixto. El texto de la ley establece que Rentas Generales debe otorgar una “compensación por la reducción de ingresos asociada a la transición hacia el régimen mixto”. El monto es el equivalente al de las transferencias realizadas por cada una de estas entidades al Banco de Previsión Social (BPS) y que tienen como destino a las cuentas de ahorro personal obligatorio de los afiliados.
Este financiamiento de la “transición”, como lo denomina la ley, está previsto por un período de 30 años que pueden ser extendidos a 10 más, según la “situación financiera” de cada una de las cajas. Si se consideran los 40 años en total, el “flujo de aportes hacia las cuentas de ahorro individual totalizaría US$ 5.342 millones, según estimaciones que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento en el marco de la discusión de la reforma y a las que accedió Búsqueda. En el cálculo está incluido el impacto que habría en la Caja Notarial, que quedó por fuera de la obligatoriedad de aportes a la AFAP. La “incidencia” de este instituto en el costo final “no es significativa”.
El flujo de los aportes va en aumento desde las transferencias en 2024 (US$ 2,2 millones) hasta las de 2063 (US$ 269 millones), según estos cálculos.
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Adolfo Bertoni, histórico dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS)
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A partir de estos números, Adolfo Bertoni, histórico dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), escribió un comentario titulado “Robando el futuro”, en el que consideró que este artículo es “profundamente regresivo”. Este sindicalista fue uno de los principales impulsores, en la interna del gremio, del plebiscito sobre seguridad social que se votará en octubre, junto con las elecciones nacionales.
En su comentario, entregado por Bertoni a Búsqueda, compara el monto total de esta “transición” con el efecto que tendría si se lo destinara a otros rubros. Por ejemplo, los US$ 5.342 millones equivalen a “cinco años enteros” del costo de la reforma que propone el PIT-CNT, a la “erradicación de la pobreza en hogares con niños y niñas a cargo, durante 21 años seguidos” o a destinar US$ 534 millones por año a la educación pública durante 10 años, entre otros ejemplos que menciona.
“Es regresivo, porque Rentas Generales (es decir, todo el pueblo uruguayo) va a ‘subsidiar’ o ‘compensar’ el fortalecimiento de la AFAP en el régimen jubilatorio de las cajas paraestatales, y a darle sostenibilidad financiera a las propias cajas. Es decir, es una transferencia de los que tienen menos a los que les va mejor o bastante mejor”, opina el sindicalista.
El día después
El texto del plebiscito deja algunos blancos que deben ser llenados con una ley reglamentaria, que deberá ser aprobada como máximo en los dos años posteriores. Bertoni y algunos economistas que respaldan esta propuesta han comenzando a trazar algunas líneas de ese día después.
El histórico dirigente de la ATSS compartió con Búsqueda esos apuntes pensando en un escenario de triunfo del Sí en el plebiscito. Con la eliminación de las AFAP, el BPS “recaudará mucho más” porque no deberá transferir la parte de los aportes patronales que destina a las administradoras (unos US$ 1.460 millones). A esa cifra se le deben restar los US$ 1.038 millones que significa el aumento de las jubilaciones a 308.000 personas, que se verían beneficiadas por la igualación de la jubilación mínima al salario mínimo.
El BPS, sin embargo, había estimado que la equiparación entre el salario y la jubilación mínima tendría un costo de US$ 1.200 millones. Este aspecto de la papeleta abrió una discusión técnica por dos posibles interpretaciones que puede tener el artículo: algunos consideran que la igualdad debe ser entre pensiones (sin importar si un beneficiario cobra más de una) y otros consideran el número de personas.
En los cálculos de Bertoni, el BPS tendría a su favor unos US$ 422 millones, lo que redundaría en una menor asistencia financiera estatal. Esto permitiría “mejoras sociales inmediatas” en 2025, como el “comienzo de la eliminación de la pobreza en la vejez” (por el aumento de las pasividades mínimas), la eliminación de la “pobreza en hogares con niños y niñas” (con esos US$ 422 millones) y “mejoras en sistemas de cuidados”.
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Integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, uno de los sindicatos promotores de un plebiscito que elimine las AFAP
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A mediano plazo, Bertoni propone la creación de un “fondo de solidaridad social” que sea propiedad del BPS. Este fondo se manejaría con dinero que se transferiría del fideicomiso y podría invertir en el “sector productivo nacional” —en inversiones “saludables”, que no incluyen a UPM ni títulos extranjeros—. Además, también se podría destinar dinero a préstamos sociales otorgados por el BPS y a “inversiones en el Estado”.
Plantea también una nueva reforma tributaria, que revea algunas “exoneraciones”.
Las propuesta de Bertoni incluye otros puntos, como la “revisión” de las tasas del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre ingresos del capital y del Impuesto al Patrimonio. Además, plantea rever las multas del BPS.
Cuando el PIT-CNT anunció que alcanzó las firmas para que haya un plebiscito en octubre, los dirigentes sindicales mencionaron a Antonio Elías, Jorge Notaro y Carlos Vieira como economistas que colaboraron con la elaboración de la papeleta. Incluso Notaro debatió con Rodolfo Saldain, uno de los referentes de la reforma jubilatoria aprobada por el actual gobierno y uno de los principales críticos de la papeleta.
Los tres economistas publicaron en la edición de Brecha del 10 de mayo esbozos para el día después de la eventual aprobación del plebiscito. El artículo menciona algunas fuentes de financiamiento del nuevo sistema que se crearía. Al igual que Bertoni, consideran “en primer lugar” que el BPS va a disponer de US$ 1.300 millones por año por el monto que no se transferirá a las AFAP.
Como segundo punto, hacen referencia a los aportes personales y patronales. En este caso, no mencionan ninguna propuesta concreta, aunque indican que los trabajadores aportan un 15% del salario, cuando el “promedio” de aportes patronales en Industria y Comercio en 2022 fue 5,85%.
Otro planteo de los economistas para “mejorar la recaudación” es a través de un “aumento moderado de las tasas impositivas” y una “revisión de los montos gravados” del IRAE, la categoría II (a los rendimientos financieros e inmobiliarios) del IRPF y del Patrimonio. En la misma línea que Bertoni, impulsan una “reducción sustancial de los subsidios al capital”.
“Existe un amplio espacio en los aportes patronales a la seguridad social y en la recaudación tributaria, todo lo cual se puede realizar en forma gradual, para implementar las medidas que propone el plebiscito, sin necesidad de condenar a los futuros pasivos a vivir la vejez en condiciones indeseables”, opinan.
También ven espacio para reducir los “costos fiscales” del Estado apuntando a la reducción de los “privilegios en las pasividades de militares y policías de alto rango”.
“Hemos llegado a la conclusión técnica, asesorados por el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social y el Instituto Cuesta-Duarte, que las necesidades de asistencia financiera futura, posteriores a los próximos 20 años, tendrán que ver con un importe de US$ 460 millones”, explicó, aludiendo al plebiscito, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en una conferencia de prensa efectuada el jueves 4. “Nosotros tenemos cálculos distintos que no generan ninguna catástrofe”, añadió.
Ese mismo día, dos de los redactores de la última reforma jubilatoria, presentaron un libro exponiendo argumentos en contra del plebiscito impulsado por el PIT-CNT.
