Caja de Profesionales incrementa su “desbalance” porque crecen las altas jubilatorias

La CJPPU tuvo conversaciones con todos los sectores políticos cuando el Ejecutivo envió al Parlamento el texto que debía ser aprobado antes del 27 de octubre. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. La presidenta de la caja, Virginia Romero, dijo a Búsqueda que no logran entender por qué no se aprobó el proyecto, pero contó que cuando iban a hablar con los parlamentarios notaban que “eran muchas las presiones que recibían”.

Cuando asuma el nuevo gobierno, la CJPPU insistirá con el proyecto que quedó por el camino en la actual administración. “No hay mucha vuelta. En (la reforma de la Caja) Bancaria pagan los jubilados, los activos y los patrones. Nosotros no tenemos patrones y por eso pedíamos el aumento del artículo 71”, dijo Romero.

Con su proyecto “exprés” archivado, la única reforma que tuvo este instituto durante el año fue la que creó el Sistema Previsional Común. Uno de los artículos de esta ley mandata a los directorios de las cajas paraestatales a aumentar la tasa de aportes de sus afiliados si se cumplen algunas condiciones, como llevar tres ejercicios consecutivos de resultados operativos observados o alternar déficits los últimos años. La CJPPU cumplía con todos los requisitos.

Desbalances

La Caja de Profesionales tiene ingresos mensuales por US$ 35,8 millones y necesita US$ 39,2 millones para pagar las prestaciones, según las cifras de octubre que Romero informó a Búsqueda. Para cubrir ese déficit mensual de US$ 3,4 millones, el instituto debe vender sus reservas. Este patrimonio, sin embargo, se agota en abril de 2025, según las proyecciones.

Los números rojos justifican la decisión que el Directorio de la CJPPU tomó en noviembre, cuando decidió elevar la tasa de aportes desde el 16,5% del sueldo ficto actual a 18,5%. La presidenta explicó que tenían la “obligación” de aumentarla por aquel artículo incluido en la reforma general. “No podíamos no hacerlo”, aseguró.

Con esta suba, lo que la caja pretende es extender la vida de la institución hasta “pasar por lo menos la mitad” del 2025. Con la extensión del plazo, el gobierno que asuma el 1 de marzo tendría “más tiempo” para “lograr los consensos” y aprobar una reforma del instituto en el primer año de administración.

Sin embargo, las estimaciones no son exactas porque cuando hay reformas jubilatorias suelen darse cambios en el comportamiento de los afiliados. Al hacer las proyecciones, los actuarios deben tener en cuenta la “sensibilidad” de los aportantes. Las autoridades estiman que habrá una suba de las declaraciones de no ejercicio –una tendencia que se notaba en 2022– y “movimientos” de los activos hacia abajo en las categorías por las que aportan, una escala que está dividida en 10.

Además, la CJPPU registra un aumento en las altas jubilatorias de personas que ya configuraron causal y, ante un escenario de incertidumbre, deciden jubilarse. Esto provoca un “desbalance” en los números de la institución porque un activo que está en la última categoría aporta $ 26.196 y al retirarse pasa a tener una pasividad cercana a $ 80.000, según el modelo actual. “El desbalance existe siempre, pero ahora se ve incrementado porque hay mucha gente que no había decidido (retirarse) y se decide”, comentó Romero.

Aunque el aumento de los aportes entra a regir el 1 de enero, el número de jubilaciones aprobadas durante el año muestra esa tendencia. Las “altas” jubilatorias a noviembre fueron 1.172 y, si en diciembre se suman otras 60, esto representaría un aumento del 10% respecto al año anterior en un escenario de “mínima”, señaló Romero. La presidenta de la CJPPU aseguró que el instituto está con un “pequeño atraso” en el procesamiento de los datos debido a la implementación de los cambios dispuestos en la última reforma jubilatoria.

Otro aspecto negativo en la recaudación de la caja es el “comportamiento” de la recaudación por los timbres profesionales. Durante 2021 y 2022, los ingresos por este concepto aumentaron porque la compra de test de Covid-19 incluía este tributo. El dinero permitió extender la vida de la caja más allá de 2024 –cuando originalmente se terminaba el patrimonio–, pero en 2023 la recaudación por el artículo 71 volvió a disminuir y obligó a vender “más reservas para cubrir el presupuesto”.

Otros proyectos

La nueva tasa de aportes resuelta por el directorio provocará también un aumento en la cantidad de profesionales que declaran no ejercicio y de quienes continuarán ejerciendo, pero resolverán bajar de categoría. La carrera de los profesionales se divide en 10 fases, cada una de las cuales tiene asociada un sueldo ficto. Cada tres años, el afiliado pasa automáticamente a la siguiente categoría, salvo que exprese lo contrario.

La CJPPU impulsa un proyecto de ley de “facilidades”, que, como no implica aumento del gasto, puede ser aprobado durante este período. Uno de los artículos del texto establece flexibilizaciones para que los profesionales puedan cambiarse a una categoría menor durante un período “ventana”. Actualmente, esa opción está restringida a quienes están en el último año de los tres exigidos para cambiar de fase. “Es para que la persona pueda acomodar su presupuesto y no tenga que declararse en no ejercicio. Preferimos que se mantenga aunque baje de categoría a que deje de aportar”, explicó Romero.

La presidenta saliente de la CJPPU es optimista respecto a que este anteproyecto de ley, en manos aún del Poder Ejecutivo, se envíe al Parlamento. La propuesta también incluye un “régimen de facilidades” para quienes tienen recargos por atrasarse en el pago de las obligaciones con la caja. La jerarca señaló que hay personas que no pueden pagar estas obligaciones porque los recargos se rigen por el Código Tributario, que es “muy oneroso”.

En el articulado se incluye la jubilación por edad avanzada, que fue derogada en la reforma jubilatoria aprobada en abril y que es necesaria para el sistema de los profesionales, aseguró Romero. Otro de los artículos que la CJPPU envió prevé que el costo de los timbres aumente con el mismo criterio que las jubilaciones (según el Índice Medio de Salarios y no la inflación, como actualmente). Sin embargo, el Ejecutivo ya le comunicó a la caja que esto no estará incluido en el texto final que enviará al Parlamento.