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    Funcionarios públicos: tras derogarse tope de “3 por 1”, decreto dará “mayor claridad y coherencia”

    Con base en un diagnóstico de “escasez” de personal en algunas áreas del Estado, el gobierno del Frente Amplio eliminó la restricción parcial para cubrir vacantes

    Junto con los voluminosos tomos de la Rendición de Cuentas del 2025, el Parlamento recibirá a fines de junio próximo el habitual informe anual con los vínculos laborales con el Estado, un relevamiento a cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Aunque ese documento todavía está en elaboración, es de esperar que la cifra muestre un nuevo aumento de la plantilla pública.

    Para 2024, el último informe publicado contabilizó 313.796 vínculos laborales con el Estado, de los cuales 300.893 eran empleados públicos y había 12.903 “no funcionarios”, como pasantes, becarios, contratos laborales de derecho privado, arrendamientos de servicios y otros tipos de vínculos. El incremento fue de 1,1% respecto al año anterior.

    De esa forma, tras el “shock de austeridad” fiscal inicial que incluyó topes al gasto corriente y en el uso de créditos presupuestales para cubrir vacantes de cargos, el gobierno de Luis Lacalle Pou terminó con una plantilla pública mayor que en 2019, antes de empezar el mandato.

    La limitación para llenar cargos ante jubilaciones, renuncias o fallecimientos fue establecida mediante la Ley de Presupuesto 2020-2024 con un artículo que autorizaba al Poder Ejecutivo a “utilizar la tercera parte de los créditos de los cargos vacantes generados con posterioridad al 1 de enero de 2020, para la transformación de los cargos que se consideren necesarios para su funcionamiento hasta tanto se apruebe la reestructura de puestos de trabajo del inciso correspondiente”, exceptuando a los escalafones de militares, policías, docentes y del servicio exterior. La restricción, reglamentada por decreto en setiembre de 2021, tomó el nombre de “3 por 1”, en el entendido de que cada tres vacantes se podía cubrir solamente una.

    El tope fue sumando excepciones ante pedidos de distintos organismos que, señalaban, no podían funcionar con menos personal.

    “Escasez” de personal

    La postura de los políticos del Frente Amplio era crítica con el tipo de ajuste fiscal adoptado por el gobierno de la coalición multicolor. Cuando la izquierda volvió al poder, se desanduvieron varias medidas de contención del gasto y, en cambio, se optó por buscar mejorar los números fiscales por la vía de mayores ingresos tributarios con modificaciones aprobadas con su Ley de Presupuesto. Esa norma también derogó el artículo referido al “3 por 1”, a la vez que autorizó al Ejecutivo, a instancias de los incisos de la administración central, a “utilizar los créditos de los cargos vacantes para la transformación de los cargos que se consideren necesarios para su funcionamiento”.

    En junio del año pasado, las nuevas autoridades de la ONSC ya se habían reunido “con la gran mayoría de los ministerios y con distintos organismos del Estado. El diagnóstico es de escasez, en algunos casos, de recursos humanos, de estructuras que no responden a la necesidad del servicio, en otros, de alguna inequidad de tipo salarial ante la misma tarea, de un ingreso importante de funcionarios en el último año a través de lo que se llamaron regularizaciones”, dijo por entonces a Búsqueda el director de esa oficina, Sergio Pérez.

    “La situación general es que es necesario ordenar la casa, ajustar algunas cosas y, a su vez, cubrir los servicios que son necesarios. Por ejemplo, (el Ministerio de) Ganadería plantea que le falta gente, (el de) Industria plantea que le falta gente, en el Ministerio de Trabajo pasa lo mismo con los inspectores y los negociadores, en (el de) Economía se han ido resolviendo algunos temas con transformaciones de cargos, en Presidencia igual. Por el decreto 310, el famoso 3 por 1, hay muchas vacantes para proveer; en algunos ministerios va a ser fundamental poder llenarlas”, agregó.

    Consultado por Búsqueda, Pierre Bianchi, subdirector de la ONSC, recalcó que el régimen de “3 por 1” quedó “sin sustento” a partir de la Ley de Presupuesto vigente desde enero pasado e informó que, “en ese marco, el Poder Ejecutivo está promoviendo un nuevo decreto que actualiza las reglas de gestión de los servicios personales en la administración central y dispone expresamente la derogación del decreto 310/021, con el objetivo de dar mayor claridad y coherencia al sistema”.