La regulación también incorpora exigencias de gobierno corporativo, controles internos, prevención de lavado de activos y auditorías de los sistemas de información. El plazo establecido por el BCU para que los PSAV soliciten la autorización para funcionar comenzó el pasado 1.° de setiembre y se extiende hasta el 31 de marzo de 2027; en el transcurso del primer semestre del próximo año deberán adecuarse a los requisitos de la circular.
Costos
En Roderich’s Crypto House, la preparación para la regulación también había comenzado antes de su aprobación. Rodrigo Castañeda contó que siguieron el proceso normativo desde la presentación del primer proyecto, en agosto de 2025, y participaron en las consultas a través de la Cámara Blockchain del Uruguay.
Entre las exigencias que inicialmente generaron reparos estuvo la garantía, según dijo, “muy alta para lo que eran las empresas locales”. El sector hizo llegar sus observaciones al BCU y el organismo incorporó varios de los comentarios en la reformulación del proyecto normativo. Castañeda señaló que las exigencias iniciales le parecían elevadas en comparación con las de otros países de la región, especialmente Argentina, en comparación con las dimensiones del mercado uruguayo.
La empresa ya comenzó a presentar documentación ante el Banco Central para explicar cómo funciona, cuál es su estructura y quiénes participan en la operativa. “Quisimos iniciar el proceso con tiempo porque sabíamos que es un proceso de conocimiento”, dijo Castañeda. El intercambio con el regulador, agregó, también supone un aprendizaje para los propios operadores, que deben entender qué información requiere el organismo y adecuarse a sus criterios.
Sostuvo que uno de los costos menos visibles de la adaptación es el tiempo que la empresa debe destinar a ese proceso. “Uno tiene que empezar a ajustar y dejar de atender ciertas cosas para atender otras; se pierde ahí como un costo de oportunidad”, explicó. A eso se suman las horas de trabajo, la contratación de profesionales y los cambios en los sistemas y en las instalaciones.
Por su parte, el abogado responsable del área de cumplimiento de Roderich's, Agustín Suárez, identificó tres ejes centrales en las nuevas exigencias: la protección de los usuarios, la protección de los datos personales y la prevención del lavado de activos. La empresa cuenta con un departamento de prevención de lavado desde 2023, aunque deberá ampliarlo para responder a los requerimientos del BCU. También deberá reforzar los sistemas informáticos y las políticas de seguridad para resguardar la información de los clientes. “Los desafíos son muchos, implica tomar más personal, implica tomar más profesionales”, resumió.
Al mismo tiempo, el director de Criptala consideró que la supervisión del BCU puede facilitar el vínculo con instituciones financieras y transmitir más confianza a los usuarios. Sin embargo, advirtió que el aumento de los costos puede afectar la viabilidad comercial de algunos modelos de negocio.
Suárez sostuvo que la normativa permitirá que las empresas cuenten con criterios más claros para desarrollar su actividad. “Hoy trabajamos medio en una zona gris, donde hay un montón de cuestiones que definimos según nuestro criterio. Eso va a cambiar”, afirmó.
Tanto Criptala como Roderich’s Crypto House aclararon que no custodian los activos de sus clientes: se encargan de facilitar el intercambio entre dinero y criptoactivos, pero cada usuario elige dónde mantenerlos. Puede hacerlo en una plataforma que custodie activos, como Binance, o mediante una billetera de autocustodia, cuyo control queda en sus propias manos. Aunque no prestan servicios de custodia, ambas quedan comprendidas en la regulación por las operaciones de intercambio que realizan.
El impacto de los cambios regulatorios y tributarios también incidió en las decisiones de Cryptotrust, la primera empresa fiduciaria de Uruguay orientada específicamente a la administración y custodia de activos digitales y tecnología blockchain. La empresa decidió liquidar el fideicomiso de administración Génesis Block I, dedicado a la inversión en criptomonedas. Su CEO, Martín Larzábal, hizo el anuncio a través de una publicación en la red social LinkedIn, en la que señaló que los cambios que afectarán a los proveedores de servicios de activos virtuales a partir de 2027, junto con las modificaciones tributarias, hacen que un fideicomiso de activos digitales en Uruguay sea “poco competitivo y no agregue valor” a sus clientes.
La liquidación está prevista para el 31 de marzo de 2027, cuando el fideicomiso cumplirá ocho años. Larzábal aclaró que la decisión no implica el cierre de Cryptotrust, que mantendrá sus inversiones de capital de riesgo en el sector fintech y analiza nuevos proyectos.
Competencia
Además de los costos de adaptación, el titular de Roderich's Crypto House planteó dudas sobre las condiciones en que competirán las empresas locales una vez que entre en vigor la regulación. Una de sus preocupaciones es que algunos operadores continúen trabajando por fuera de las nuevas exigencias y tengan menores costos al optar operar por esa vía.
A su juicio, eso podría generar una situación de competencia desigual entre las empresas que se adecuen a la normativa y aquellas que permanezcan fuera del marco regulatorio.
También mencionó la diferencia de escala con las plataformas internacionales y regionales. Citó como ejemplos a Binance, Kraken, Ripio, Lemon y Belo, y sostuvo que existe “un abismo” entre esas compañías y las empresas uruguayas que están comenzando el proceso de autorización.
“Hace que puntualmente sea muy difícil esa competencia. Nos genera incertidumbre saber cómo se va a llevar a cabo toda esa situación en el mercado”, dijo. Suárez agregó que también está por verse cómo el Estado desarrollará las capacidades necesarias para supervisar una actividad con características distintas de las de los sectores financieros tradicionales y qué presencia tendrán las empresas multinacionales.
Usos
Los operadores también describieron cambios en los servicios que ofrecen y en los motivos por los que los usuarios recurren a ellas. En Criptala, Becerra señaló que una parte de los clientes no llega necesariamente con la intención de comprar criptos, sino para utilizar esos activos para transferir dinero o financiar cuentas en plataformas de inversión del exterior. Desde su creación en 2020, la firma sumó alrededor de 20.000 clientes, de los cuales cerca del 90% son uruguayos. Sin embargo, alrededor de 1.500 operan cada mes, aunque no necesariamente son siempre los mismos, explicó. Recientemente comenzó a operar en Argentina mediante una corresponsalía y en octubre lanzaron su aplicación para Android e iOS.
Como ejemplo de sus trabajos más frecuentes, mencionó el fondeo de cuentas en Interactive Brokers mediante monedas estables (stablecoins) vinculadas al dólar, como USDT y USDC. Según dijo, ese mecanismo permite reducir los costos frente a una transferencia bancaria internacional: son dos dólares cada 100, afirmó.
Roderich’s Crypto House también observa un uso extendido de las monedas estables en las operaciones de sus clientes. Castañeda estimó que entre 35% y 40% de ellos son extranjeros, entre los que mencionó personas de Venezuela, Cuba, Argentina, Rusia y Ucrania. En particular, recordó que los problemas en la economía argentina, que comenzaron en 2018, aumentaron la demanda de servicios para intercambiar criptoactivos por dinero fiduciario, es decir, pesos o dólares. Según explicó, entre 10% y 15% de las transacciones corresponden a criptoactivos como bitcoin o ethereum, mientras que la mayor parte de las operaciones se concentra en monedas estables, en especial USDT.
Para Suárez, una de las particularidades de esta actividad es la información que permite obtener la tecnología blockchain sobre los movimientos de los activos. Aunque las transacciones no identifican directamente a las personas, explicó, es posible analizar los movimientos entre billeteras y utilizar esos datos para evaluar riesgos vinculados a la prevención del lavado. A su entender, esa trazabilidad es uno de los elementos que diferencian a los activos virtuales de las operaciones del sistema financiero tradicional.
Criptala y Roderich’s Crypto House no son las únicas firmas que operan en este mercado en Uruguay. Entre otras plataformas que ofrecen servicios de intercambio de criptoactivos se encuentra Nexchange y Zenda Cash.