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Inversiones: Comap tramita 12 pedidos de revocación y 19 desistimientos
La comisión de aplicación de la promoción de inversiones mediante exoneraciones fiscales ha recibido diversos cuestionamientos
Una tesis estimó los límites para que la deuda no entre en zona de riesgo
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MEF
El régimen de incentivos fiscales, canalizado a través de la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de promoción de inversiones, “se vende así, como que es bastante automático, simple”, aunque “hoy prácticamente no se controlan los proyectos y todos los recursos están dedicados a la aprobación”, afirmó días atrás Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias (CIU). “Deben ser 85% o 90%” de los recursos de la Comap abocados a evaluar si las iniciativas que solicitan los beneficios impositivos las merecen, “y el resto al control” de que se cumplieron con los indicadores comprometidos. Es una ecuación que debería “estar invertida totalmente”, planteó.
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La promoción de inversiones productivas mediante incentivos fiscales es uno de los regímenes más potentes vigentes y que ha trascendido, con leves ajustes, a diversos gobiernos desde 1998. Según datos oficiales divulgados en mayo, en todo el año pasado la Comap —una oficina del Ministerio de Economía (MEF) que recibe, analiza las iniciativas y sugiere al Poder Ejecutivo otorgarles o no la ventaja tributaria— recomendó centenares de planes que involucraron inversiones por US$ 1.184 millones, en conjunto. Las iniciativas de Telefónica Móviles (US$ 98,7 millones), Maltería Oriental (US$ 51,7 millones) y la transportista de carga Tecno Grúas (US$ 50,6 millones) fueron las más grandes recomendadas. Pero también se presentaron proyectos medianos y chicos, de unos pocos miles de dólares cada uno.
La ventaja para las empresas tiene como contra cara una resignación de recaudación tributaria —un “gasto tributario”— que, según las autoridades del MEF, más que se compensa con las exportaciones adicionales y los nuevos empleos que generan estas inversiones, entre otras externalidades positivas, como la descentralización económica y un mayor cuidado ambiental.
En mayo, Búsqueda solicitó al MEF, mediante un pedido de acceso a la información pública, el listado de los proyectos enviados por la Comap al Poder Ejecutivo, con recomendación de aprobación en cada mes, desde noviembre de 2023 al último mes disponible de 2024, datos que, pocos días después, publicó en su sitio web. La solicitud también buscó indagar sobre ciertos contralores previstos en el régimen: requirió la cantidad de proyectos que omitieron la entrega de información de control y seguimiento correspondiente dentro de los cuatro meses posteriores a su presentación ante la Comap, tal como exige el artículo 11 del decreto 268 de 2020, para cada año —con la mayor historia posible— y el último dato acumulado disponible de 2024. La respuesta del MEF no aportó datos: “No se encuentra disponible a la fecha esa información”.
Para los mismos períodos, Búsqueda solicitó, además, estadísticas referidas a la cantidad de proyectos a los que les fue revocada la resolución del Poder Ejecutivo, o que la administración entendió que hubo desistimiento de la solicitud de beneficio fiscal luego de que, tras habérsele advertido del incumplimiento en la entrega de información de control y seguimiento, aludida en el artículo 11 y de concedida la vista, la omisión no fue subsanada por la empresa, según lo establecido en el artículo 12 del mismo decreto. Adicionalmente, se pidieron los montos por reliquidación de los tributos exonerados, así como las multas y recargos correspondientes.
Sobre estos puntos, el ministerio informó que, a la fecha de dar su respuesta —el 31 de mayo—, había 12 expedientes derivados a la Asesoría Jurídica para tramitar revocaciones por incumplimiento de presentación de datos de control y seguimiento de proyectos.
Respecto de las solicitudes de desistimiento de iniciativas presentadas, indicó que en los registros de la Comap figuran 19 recibidas desde octubre de 2023 a la fecha, “no pudiendo ser identificadas las razones” de la marcha atrás de las empresas.
Cuestionamientos
Este régimen de promoción de las inversiones ha recibido críticas de parte de organizaciones empresariales y de Cabildo Abierto.
En una charla del Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), Pérez dijo que este año se aceleró el ritmo de los trámites de los proyectos presentados ante la Comap. Especuló que eso podría deberse a una “estacionalidad fiscal o electoral”, en el sentido de pretender no dejar “este fato al próximo gobierno” y quedar más al día con las solicitudes.
Rocío Lapitz, economista de la Asociación Rural, aseguró que hay iniciativas presentadas en 2020 que “todavía no tienen aprobación definitiva”. Eso lleva a que los productores rurales queden en “un limbo preocupante”, sobre todo cuando se trata de inversiones en riego que, dijo, son claves.
Juan Martínez, vocero de la Confederación de Cámaras Empresariales, se quejó por lo burocrático del trámite ante la Comap: “Hay cosas que a uno le parece que están porque siempre estuvieron. ¿Por qué no trabajar en un sistema integrado” en materia de información de las empresas? Pérez complementó: “Si presentás las mismas cosas siete veces (...), hay un sobrecosto”. El asesor de la CIU propuso elaborar “algo parecido a un texto Comap” que ordene la normativa y denunció que “hay circulares sin fechas” que no dejan claro en qué momento fueron emitidas.
Del ámbito político, Cabildo Abierto entiende que beneficia principalmente a grandes empresas y de origen extranjero. También sostiene que las inversiones se harían de cualquier modo, aun sin recibir las exoneraciones impositivas.
