El estudio que presentarán Conrado Brum, un economista del BCU, y el español Alfredo García-Hiernaux, de la Universidad Complutense de Madrid, halló que el precio nominal del dólar en Uruguay está fuertemente expuesto a fuerzas financieras externas, mientras que la política interna determina principalmente cómo se absorben dichas presiones, más que eliminarlas.
Federico Riella presentará su tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en la que abordó las dinámicas cambiarias en Uruguay y las estrategias de carry trade, que consisten en invertir en activos denominados en una moneda con una tasa de interés relativamente alta, financiando esa inversión con deuda en una moneda con una tasa menor. Su análisis presenta evidencia de que estas dinámicas han tenido lugar recientemente, cuando la tasa de interés se ha utilizado como instrumento de política monetaria, y demostró una relación positiva entre la demanda por instrumentos denominados en pesos y los incentivos para realizar carry trade. “Estos hallazgos son relevantes dada la posibilidad de depreciaciones súbitas que tales dinámicas pueden desencadenar, las cuales el banco central podría mitigar mediante una intervención oportuna”, afirma el autor.
Por su parte, Patricia Carballo, también funcionaria del BCU, destaca en su estudio la importancia de diseñar estrategias de política monetaria que tengan explícitamente en cuenta la dinámica de la credibilidad, especialmente en economías que atraviesan un proceso de desinflación o enfrentan choques de oferta adversos.
Crédito, inclusión y deudas
Cecilia Olivieri, Graciela Sanroman y Romina Quagliotti, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, estudiaron los efectos de la Ley de Inclusión Financiera de 2014, la cual obligó a abonar los salarios a través de medios de pago electrónicos y exigió a las instituciones financieras ofrecer cuentas de nómina básicas sin costo.
Los resultados sugieren que las expansiones del acceso financiero básico impulsadas por este tipo de políticas públicas “pueden generar ganancias importantes y persistentes en la inclusión transaccional, sin traducirse necesariamente en una mayor participación en los mercados de crédito”, en la medida que no creció el acceso a esas tarjetas.
Investigadores del BCU y de la Universidad de Bristol estudiaron la participación en un programa voluntario de reestructuración de deudas de consumo, implementado en Uruguay en 2024. Mediante el uso de datos administrativos por préstamo, hallaron que la tasa de adopción se asoció positivamente con un componente observable del alivio que ofrece el programa y disminuye drásticamente con la edad. Asimismo, la adopción varió según características de los deudores que actúan como indicadores del esfuerzo de pago, la vulnerabilidad financiera y la valoración de la rehabilitación crediticia. “Estos patrones sugieren que la participación en programas voluntarios de reestructuración está determinada tanto por incentivos financieros como por fricciones no monetarias”, apuntan.
En una sesión que abordará el riesgo sistémico, el crédito corporativo y la vigilancia macrofinanciera, uno de los papers utilizó datos de supervisión sobre préstamos en Uruguay para demostrar que las empresas cuya calificación crediticia se redujo únicamente debido a retrasos en la presentación de información financiera presentan probabilidades de incumplimiento ex post sustancialmente menores que aquellas cuya calificación bajó por motivos económicos. Como resultado, según sus autores, las tasas de incumplimiento observadas en categorías específicas se sitúan muy por debajo de los umbrales regulatorios, lo que debilita el valor informativo de dichas calificaciones como indicadores de la solvencia crediticia subyacente.
Sostienen que este hallazgo expone cómo la arquitectura de supervisión “puede condicionar el riesgo de incumplimiento observado” y subrayan la importancia de distinguir entre las fuentes de riesgo informativas y las mecánicas en la regulación prudencial.
Precios y mercados
Desde una perspectiva microeconómica, los economistas Fernando Borraz y Leandro Zipitría documentaron una divergencia persistente a largo plazo en la dispersión de precios minoristas —de entre 3,4 y 3,5 puntos porcentuales— dentro de Montevideo entre 2007 y 2024. La divergencia es principalmente un fenómeno que ocurre entre cadenas; la dispersión de precios dentro de una misma cadena se mantiene baja, señalan, entre otros hallazgos.
Sostienen que algunos de sus resultados demuestran que la divergencia de precios a largo plazo refleja diferencias crecientes entre grupos minoristas y la evolución de la diferenciación de productos, “incluso en un entorno libre de fricciones cambiarias, fronterizas o regulatorias”.
Un estudio que presentará Néstor Gandelman, hecho junto con colegas de la Universidad de Montevideo, analiza los efectos sobre los precios y las respuestas del volumen comercializado en los eslabones iniciales de la cadena ante la exención del IVA en el mercado de carne vacuna de Uruguay, que rigió durante 60 días en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. El alivio impositivo redujo el precio relativo del corte entre 8,6% y 10,7%, lo que implicó tasas de traslado a precios de aproximadamente 80% al 100%. Los volúmenes comercializados en los eslabones iniciales también aumentaron “considerablemente”. A pesar de estos efectos significativos a corto plazo, no hallaron pruebas de cambios persistentes ni en los precios ni en las cantidades comercializadas en ninguna etapa de la cadena de suministro una vez finalizada la exención.
Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.
Mauricio Zina-adhocFOTOS
Serafín Frache, de la Universidad de Montevideo, y Rodrigo Lluberas, de la Universidad ORT, analizaron cómo reaccionan las empresas en las respuestas a las encuestas de expectativa de inflación, ante la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual en Uruguay. Las que responden tras la difusión del IPC tienen una mayor probabilidad de revisar sus expectativas para el año en curso, presentan menores errores de previsión y muestran un menor grado de desacuerdo sobre la inflación futura en comparación con aquellas que responden antes de saber ese dato oficial.
A su vez, utilizando expectativas rezagadas como creencias previas de las empresas, demostraron también que aquellas que responden poco después de la difusión ajustan sus expectativas hacia la señal del IPC recién publicada.
En este sentido, concluyen que, si bien la evidencia existente para países de baja inflación sugiere que los agentes no reaccionan ante los anuncios de política monetaria o la difusión de información pública, este podría no ser el caso en países con inflación moderada o elevada.
Joaquín Waldman, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, identificó 286 aceleraciones inflacionarias por encima del 20% en 105 países entre 1960 y 2023. Luego, como parte de su estudio que presentará en las Jornadas de Economía del BCU, clasificó estos casos según la duración de cada evento y constató que las aceleraciones que evolucionan hacia inflaciones crónicas generan una pérdida permanente del Producto Interno Bruto de entre 6% y 8% en relación con países comparables. A su vez, los episodios que se resuelven rápidamente conllevan solo una desaceleración transitoria del crecimiento económico.
En otro estudio de la misma mesa, Agustín Sheppard concluye que entre 1984 y 2025 se produjo una valorización inmobiliaria particularmente intensa en el mercado de terrenos, sobre todo en Canelones.
Infraestructura y estatura
En una sesión sobre infraestructura, vivienda y economía urbana, Marcelo Álvez presentará un análisis sobre los efectos de las autopistas en los precios de la vivienda, realizado para Phoenix, Arizona.
En su estudio, ese economista del BCU señala que, aunque las redes de transporte facilitan la conectividad, lo que reduce los costos comerciales y los tiempos de desplazamiento también generan externalidades negativas, como la contaminación acústica y atmosférica. Constató que una nueva autopista redujo los precios de las viviendas cercanas en un 12% tras el anuncio de su construcción y en un 20% en total una vez que entró en funcionamiento. Estos efectos disminuyen a medida que aumenta la distancia a la autopista, y las ganancias en accesibilidad pueden mitigar la capitalización negativa en más de 10 puntos porcentuales. En ese sentido, la evidencia recogida por el autor indica que, si bien las nuevas autopistas mejoran la conectividad, en su entorno sus externalidades negativas pueden predominar sobre el efecto neto de capitalización.
Las jornadas también dan espacio a la investigación en historia económica.
Por ejemplo, Daniel Ferrari expondrá un análisis que relaciona el crecimiento económico y el bienestar biológico en Uruguay entre 1870 y 2000, a partir de la comparación entre la altura promedio de reclutas varones —a partir de registros administrativos militares—, el PIB y el PIB per cápita. Constata una relación positiva y significativa entre la estatura y las variables económicas, principalmente entre 1870 y 1959; desde 1960, esa relación desaparece.
