Premio de la Academia de Economía: “Tres reformas urgentes” para reducir la pobreza infantil

Los autores, Santiago Pérez Bentancort y Mateo Severi Frau, plantean que existe una suerte de contrasentido en cuanto a la relación entre crecimiento y pobreza, denominada por Henry Hazlitt como “la paradoja de la beneficencia”: “Cuanto más rica es una comunidad, menos servicios benéficos necesita, pero más puede proporcionar; cuanto más pobre, más ayuda necesitan sus habitantes, pero menos puede darles. Dicho de modo menos paradójico, un buen sistema de beneficencia solo es posible en un país ya próspero”. Según ellos, “es evidente” que Uruguay no está “en condiciones adecuadas para implementar un sistema de beneficencia como parte de una agenda política” al estilo nórdico por su historia de “divergencia significativa frente al primer mundo”.

Para sostener empíricamente su argumento, el trabajo académico premiado analiza datos de libertad económica —el Economic Freedom Index del Instituto Fraser— y de pobreza (menos de 10 dólares al día, una línea comparable a la de Uruguay) entre 1970 y 2022, para concluir que una mayor libertad económica se corresponde con una menor tasa de pobreza. En concreto, a partir de un índice de 8,52 de 10 prácticamente la pobreza queda erradicada. Según el último valor disponible, Uruguay mantiene un índice de 7,04 (puesto 57 de 165), por lo que sería necesario aumentarlo en 1,48 puntos. “Parecería una tarea ardua, pero cualquier acercamiento es sumamente beneficioso: por cada punto adicional de libertad económica, la pobreza se reduce entre 30 y 44 puntos porcentuales”, señala.

Si el análisis se enfoca exclusivamente en el objetivo de reducir la pobreza a la mitad (tanto total como la infantil), el requerimiento de 1,48 puntos adicionales en el índice de libertad económica se reduce proporcionalmente a la mitad. De esa forma, un aumento de 0,74 puntos llevaría a Uruguay a niveles de libertad económica comparables con países como Alemania, Estonia, Finlandia, Islandia o Países Bajos.

Los autores enfatizan que “el elemento fundamental de la conquista de la pobreza es necesariamente macroeconómico: un buen entorno para que el capitalismo y la empresarialidad puedan desarrollarse plenamente”.

“Falsos remedios” y el asistencialismo

Según Pérez Bentancort y Severi Frau, la historia contemporánea de la lucha contra la pobreza es, en cierto sentido, parte del “avance del estatismo bajo etiquetas como el ‘bienestar’ o la ‘justicia social’. Desde un inicio, todas las clases de políticos han tratado de reducir o aliviar la pobreza a través de la acción estatal; siendo que, en la gran mayoría de casos, los remedios empleados solo han servido para empeorar las cosas. Los falsos remedios mas comunes para combatir la pobreza son los subsidios y las transferencias, principalmente financiadas a través de impuestos redistributivos”.

A esta altura, afirman, “queda en evidencia un error intelectual común de muchos hacedores de política: confundir la pobreza con la desigualdad. Se han aplicado políticas igualitarias para solucionar la pobreza, condenándose automáticamente al fracaso, puesto que se atenta directamente contra la estructura productiva del país”.

Insisten en su visión de que las “políticas de impuestos, transferencias y subsidios han sido plenamente agotadas”, ya sea por el “abandono de su defensa con foco en la pobreza para abrazar la redistribución como causa primera, o bien debido a las situaciones fiscales críticas a las que diversos países, como Uruguay, están expuestos”. Un segundo motivo es la “viabilidad y sostenibilidad fiscal de tal programa de asistencialismo”, añaden, y argumentan que sería necesario aumentar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social como mínimo al 2,3% del Producto Interno Bruto para reducir la pobreza a la mitad, o incluso hasta el 3,8% para acercarla a un mínimo absoluto. Eso implicaría triplicar o cuadruplicar el presupuesto actual de esa cartera.

Entre varias propuestas, lanzan la idea de reformar el sistema de atención a la infancia, por ejemplo, fusionando unidades ejecutoras bajo una única entidad cuya estructura sea más descentralizada, de modo que cada departamento sea independiente y autónomo en la toma de decisiones. También plantean una “estandarización de los centros de cuidados” y darles “mayor autonomía de los centros de educación”, especialmente aquellos de contextos vulnerables. Asimismo, abogan por más apoyo fiscal y reconocimiento oficial a las instituciones educativas privadas dirigidas a niños y adolescentes de bajos ingresos, como la “Fundación Los Pinos”, “Fundación Los Rosales”, “Liceo Impulso” y “Liceo Jubilar Juan Pablo II”. Proponen, además, la implementación de un sistema de vouchers en el área de infancia.

Como una opción a mediano plazo, los premiados plantean que cada uno de los centros de educación y de cuidados en contextos de pobreza y vulnerabilidad social tenga a su disposición una “cláusula de privatización, a utilizarse si el propio centro autónomo lo ve como lo más oportuno”, abandonando así el financiamiento presupuestal para depender exclusivamente del financiamiento privado (ya sea mediante cuotas escolares o donaciones).

Al igual que con los aspectos centrados en educación y protección social, en el ámbito de la vivienda entienden que también pueden ser aplicados programas del estilo del home visiting, en la forma de iniciativas privadas focalizadas en esa área.