Aunque los planes de apoyo redujeron la pobreza, enfrentan una narrativa de sospecha, según investigación

Según esa investigación, las transferencias redujeron la pobreza: las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (Afam-PE) evitaron un aumento de hasta un punto porcentual en hogares y de 1,9 puntos en hogares con niños; combinadas con la Tarjeta Uruguay Social, lograron caídas de hasta 14% y 23%, respectivamente. Asimismo, ampliaron la cobertura, que hoy alcanza a más del 80% de los hogares con menores en el decil más pobre; este tipo de programas asistenciales llegaban a menos del 20% en 1990. Por otro lado, los autores no encontraron desincentivos en la oferta laboral ni en la fecundidad, aunque sí efectos en la informalidad y en el estigma reportado por beneficiarios.

Según planteó en las Jornadas la socióloga Cecilia Rossel, ese giro no es menor. “Las transferencias sirven” y “condicionan”, señaló. Agregó que los efectos de las condicionalidades “aparecen como una forma de darles viabilidad política a estas transferencias”. El costo fue consolidar un régimen de control y sanción que, en palabras de Rossel, abre la puerta a una posible “fatiga redistributiva” tras casi dos décadas de aplicación.

Esa transición también se ve abajo, en las actitudes. En los grupos focales realizados para el libro, ante el caso de una madre con dos hijos menores de tres años y un ingreso de $ 20.000, el apoyo se concede por necesidad, pero su continuidad se ata a conductas verificables: controles de salud y asistencia escolar de los niños, y trabajo si la salud lo permite. La reciprocidad deja de ser un principio abstracto para transformarse en umbral operativo (“ayudarla, sí, pero con seguimiento”). Es el corazón del giro que describe Rossel: de la necesidad al control.

El libro confirma esa tensión en el terreno social. Por un lado, aumentó la percepción de que la distribución del ingreso en Uruguay es injusta (eso señala entre el 60% y el 80%) y que el Estado debe corregirla. Por otro, cayó el apoyo a subir impuestos para redistribuir y Rossel agrega que creció el porcentaje de quienes creen que “los pobres son pobres porque son flojos”.

La socióloga interpreta estos resultados como una alerta, porque la legitimidad de las transferencias no es infinita. Su receta es concreta: no eliminar las condicionalidades, pero sí flexibilizarlas según contextos y aumentar los montos para que tengan sentido. “La condicionalidad está OK, pero lo que hay que hacer es aumentar el monto”, sentenció.

Reciprocidad punitiva y doble estándar

En el debate académico en la FCEA, la crítica más dura vino del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim: la llamada “reciprocidad punitiva” —suspender un beneficio por incumplimiento— puede desvincular a los más vulnerables del único vínculo visible con el Estado.

Los datos muestran dónde prende esa lógica. Ante un hombre de 45 años desempleado por más de seis meses, el criterio dominante en los grupos focales es, antes de apoyar, pedir verificar por qué quedó sin trabajo, si busca empleo, si acepta capacitación o bolsas de trabajo. Los mayores de 55 son los más severos (“todavía es joven, tiene cuerda para dar”). El mensaje calza con la advertencia de Arim: cuando el control se vuelve la llave de acceso a los apoyos, la sanción puede romper el vínculo con el Estado.

El jerarca también puso sobre la mesa un doble estándar. “Hay otras transferencias que hace el Estado. No les pedimos a quienes, como yo, descuentan IRPF por mis hijas, que a cambio de eso demuestren que las estoy mandando a la escuela”. Con las transferencias no contributivas, sí. Esa asimetría —transferencias “invisibles” para los sectores medios y altos frente a la moralización de las políticas para los pobres— atraviesa tanto el análisis académico como las intervenciones públicas.

Los encuadres importan

El capítulo del libro referido a la cobertura de prensa, elaborado por Reyes y Salas, muestra que entre 2005 y 2012 más de la mitad de las notas periodísticas presentaron a los beneficiarios de los programas sociales como sujetos pasivos, y que en editoriales y columnas la mirada crítica se triplicó respecto al resto del abordaje informativo. Un dato clave: 64% de las fuentes citadas pertenecían al Poder Ejecutivo; expertos, sociedad civil e incluso beneficiarios casi no aparecían.

La editora de Política y Opinión en la diaria, Natalia Uval, subrayó el sesgo y pidió mirar la dimensión cultural: quienes reciben las transferencias evalúan positivamente su impacto en la vida propia, pero juzgan negativamente al programa en general, señal de encuadres hegemónicos que se imponen incluso contra la experiencia personal. Refiriéndose a las empresas que reciben exoneraciones fiscales, señaló: “No creo que estos sectores se constituyan como sujetos pasivos ni se los evalúe bajo la lógica del merecimiento”.

El libro muestra cómo opera ese “merecimiento” en sentidos opuestos. En los grupos focales, una persona de 70 años “que trabajó toda su vida” concita apoyos transversales (“se lo ganó”, “merece un final digno”); necesidad y reciprocidad se alinean. La vejez funciona casi como un pase automático. En cambio, para parejas jóvenes sin hijos, prima el criterio de la necesidad para negar apoyos más allá de los universales, como salud o educación: “que trabajen”. La vara moral cambia según edad y pruebas de esfuerzo.