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Se recuperó a 82% la evaluación positiva sobre la gestión del gobierno entre el empresariado
Los ejecutivos valoran la actuación frente a crisis como la pandemia o la sequía, destacan la estabilidad macro y la baja de la inflación, mientras que los más críticos señalan que no se abatió el gasto y el déficit fiscal
El presidente caminando por 18 de Julio, rumbo a la Torre Ejecutiva
FOTO
Mauricio Zina-adhocFOTOS
Los niveles de aprobación del gobierno de Luis Lacalle Pou entre el empresariado se recuperaron en el año que está terminando, después de la caída que habían mostrado en 2023, en parte porque veían insuficientes las acciones para reprimir la criminalidad o ante casos como los que involucraron al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, los delitos sexuales del exsenador blanco Gustavo Penadés y la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
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El sondeo de este año, efectuado entre el 25 de noviembre y el 18 de diciembre, fue respondido por 117 directores, gerentes generales y cargos de similar jerarquía de empresas de diversos sectores de actividad. El 82% hizo una valoración positiva del gobierno: 48% la consideró “buena” y 34% “muy buena”; a fines de 2023, al responder a la misma pregunta (“¿Cómo evalúa la gestión global del gobierno?”), la aprobación había sido del 80%.
Fueron, precisamente, los juicios marcadamente positivos los que sostuvieron esta mejora en la evaluación gubernamental de 2024, en comparación con el 22% que la había calificado como “muy buena” en el sondeo anterior.
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En una mirada algo más amplia, sin embargo, los niveles actuales de conformidad con la gestión entre los ejecutivos son menores a los de 2022, cuando llegaron a 94%. Era, entonces, la salida de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Ahora, aquellos que evaluaron la actuación gubernamental como “regular” fueron el 16%. Solamente el 2% emitió un juicio negativo, repartido entre un 1% que dio una calificación de “mala” —ejecutivos del sector servicios, exclusivamente— y otro 1% que la consideró “muy mala” —encuestados de la actividad comercial—.
El sector que, en proporción de los encuestados, hace la valoración más positiva de la gestión de la administración saliente en el año que termina es el de servicios (92%).
Evaluación
A los encuestados se les pidió que dieran su fundamento a la valoración realizada acerca de la actuación gubernamental. En línea con los elevados porcentajes de aprobación, de allí surgieron, en general, comentarios elogiosos.
Si bien el balance de la encuesta está enfocado en el año que está terminando, sobresalió en cantidad de menciones (41) el reconocimiento a la gestión de situaciones complejas, como la pandemia, y otras que están más frescas para el empresariado, como la sequía de 2022-2023 o el problema que generó el flujo de gasto fugado hacia Argentina cuando ese país estuvo conveniente para los uruguayos desde el punto de vista del cambio de moneda.
La preservación de una macroeconomía estable fue resaltada por 34 ejecutivos; este factor de valoración ya había aparecido en anteriores encuestas, aunque con menos cantidad de menciones.
En tercer lugar en la lista de fundamentos se ubicó el “buen” nivel de empleo y del poder adquisitivo de los salarios (24) y, a continuación con 21 menciones, el abatimiento de la inflación a mínimos en muchos años.
La inversión y el desarrollo de infraestructura fue resaltada por 18 encuestados, a la vez que 12 ponderaron que el gobierno de Lacalle Pou concretó reformas en general. En realidad, la actitud reformista alcanza una valoración más alta si se suman algunas transformaciones específicas, como las hechas en la educativa y en la seguridad social (ambas con nueve menciones, la misma cantidad que la referencia al positivo clima de negocios ofrecido por el país).
Los juicios que incorporan cierta insatisfacción (“regular”) o directamente apuntan a una desaprobación están relacionados, entre otras cosas, con el descontento que sienten los empresarios con lo que comúnmente se llama el alto “costo país”, que proviene de la carga impositiva y la burocracia pública. Hubo ocho menciones señalando que el gobierno no redujo el gasto estatal ni el déficit fiscal, un reclamo histórico del empresariado local.
Con menos cantidad de menciones surgieron críticas a la “falta de políticas sociales”, al problema de la inseguridad pública, al “atraso cambiario”, a la “corrupción/falta de transparencia”, a lo que entienden son “pocos avances” para mejorar la inserción comercial internacional, o a los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas que juzgan como insuficientes, entre otros.
