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    Un inventario relevó que más de 510.000 niños y adolescentes cobran alguna prestación social del BPS

    Un análisis del BPS sobre asistencia a niños, niñas y adolescentes contabilizó 463.690 Asignaciones Familiares Plan de Equidad, 32.406 beneficiarios de “ayudas extraordinarias” y 14.404 pensiones de invalidez

    A pesar de que Uruguay “no es un país industrializado”, su evolución demográfica reciente se parece al de economías más avanzadas; los niveles de fecundidad son menores a los de la mortalidad, lo cual ha sido compensado por la migración como un “elemento clave en esta etapa” de “envejecimiento poblacional”. Con ese punto de partida —“¿qué personas sostendrán el sistema de seguridad social en 30 años?” y por qué son un “tema relevante” las condiciones que presentan los niños, niñas y adolescentes— plantea un análisis elaborado por la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS) que buscó “inventariar” las políticas de protección social de los menores de 18 años como una “aproximación” a su “estado de situación actual”.

    La “mayoría” de las prestaciones que alcanzan a los niños, niñas y adolescentes o a sus familias son brindadas por el BPS y abarcaban, a octubre del 2024, a 463.690 por Asignaciones Familiares Plan de Equidad —el programa de mayor alcance—, y también a 32.406 beneficiarios de “ayudas extraordinarias”, a 14.404 pensiones de invalidez, a 6.668 pensiones de sobrevivencia, 66 Asignaciones Familiares por violencia doméstica y 188 pensiones otorgadas a hijos de víctimas de delitos violentos de manera de facilitar la atención psicológica. Sumados, son más de 510.000 menores de 18 años cubiertos, en una población de esas edades que, en 2023, eran unas 860.000 personas, según el estudio elaborado por Teresa Álvarez Brero con la colaboración de otros técnicos.

    El gobierno electo ha mencionado entre sus prioridades a la primera infancia. El designado ministro de Economía, Gabriel Oddone, entiende que Uruguay cuenta hoy con una “matriz de protección social potente para todas aquellas personas que están dentro del empleo formal. Si sos un trabajador formal, tenés acceso a Fonasa, a un seguro de desempleo y a un régimen previsional, que podrá ser más barato o más caro, pero tenés un acceso razonable a las coberturas básicas. Si estás fuera de ese perímetro —que son 300.000 personas, de las cuales 168.000 son niños—, tenés un problema. La clave es fortalecer los mecanismos de protección social para esa parte del perímetro, y eso supone poner en el centro la infancia y la adolescencia y los hogares donde habitan”, dijo en setiembre a Búsqueda.

    Caracterización

    Basado en datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el informe describe que la población de niños, niñas y adolescentes uruguayos disminuyó 4,3% entre 2015 y 2023, es decir, unos 37.000 menos. Una proporción de casi seis de cada 10 hogares no tienen menores entre sus integrantes.

    Si se toma como referencia la “línea de pobreza” establecida por el INE, el 77,5% de los hogares con ingresos inferiores a ese umbral estaban integrados por uno o más menores de edad. “Las familias más numerosas se instalan en menos del 40% de los hogares pobres”, sintetiza el informe. Añade, además, que la mitad de este tipo de hogares se ubican en el interior del país.

    Prestaciones y apoyos

    El principal instrumento de asistencia económica directa es la Asignación Familiar, tanto en cantidad de beneficiarios como en recursos ($ 989.737.735 en los primeros 10 meses del 2024). Según el estudio del BPS, a octubre del 2024 su cobertura abarcaba a 463.690 niños, niñas y adolescentes.

    La prestación encuentra su pico en niños de hasta 10 años de edad, y disminuye de forma gradual en las siguientes edades. Entre 2017 y 2024, ocurrió una reducción de aproximadamente 19.000 beneficiarios (3,9%). A partir del 2020, se distingue un leve aumento de la prestación para menores bajo el amparo del Instituto Nacional del Menor (INAU). Algunas de las condiciones para recibir el beneficio incluyen la concurrencia asidua del beneficiario a una institución educativa y controles médicos de frecuencia correspondiente a su edad.

    El siguiente instrumento de mayor aplicación es la “ayuda extraordinaria”; los más de 32.400 beneficiarios —el doble que en 2017— percibieron, en conjunto $ 243.369.796 en enero-octubre pasado. Los beneficiados son menores con discapacidad, enfermedades raras o alteraciones en el desarrollo, así como hijos de víctimas fallecidas por violencia doméstica e hijos de víctimas de delitos violentos. También se incluyen a quienes se encuentren dentro del Sistema de Protección de 24 horas del INAU, en Centros de Residencia y Acogimiento Familiar.

    Esta prestación alcanza su máximo en niños de entre 8 y 9 años, y se constata una relación de dos varones por cada niña beneficiaria.

    La pensión por invalidez cubre a 14.404 niños, niñas y adolescentes, con una erogación de $ 237.324.499 en los 10 primeros meses del 2024. A partir del 2017 hubo “un aumento significativo” del número de quienes declaran causal de invalidez severa, y una disminución en la invalidez común, según el estudio. En el primer caso, el nivel de ingresos de los familiares a cargo no es una limitante para acceder al beneficio. El pico de los beneficiarios se sitúa entre los 5 y 6 años de edad.

    En cuanto a la pensión por sobrevivencia, que cubre a unos 6.668 menores afectados por el fallecimiento, desaparición o ausencia de un familiar a cargo, se destinaron $ 64.425.193 (siempre en enero-octubre del 2024).

    La cifra de poco más de un centenar de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la pensión por “violencia doméstica” se redujo con relación al 2017, algo que en parte puede responder a la elección por la pensión de “delitos violentos” (188 casos) en oportunidades en las que esa opción resultó más conveniente. Estas pensiones permiten, además, percibir la Asignación Familiar Especial Violencia Doméstica (66 casos) de manera simultánea. El acumulado de asistencia del BPS a menores víctimas de violencia fue de $ 6.254.650.