Ursea encara “transformación digital” para fiscalizar mejor los mercados de combustibles y eléctrico

Dijo que la idea es desarrollar herramientas y sistemas para filtrar y procesar datos —por ejemplo—, y “liberar espacio” de los equipos de la Ursea para que se “dediquen a tareas de mayor complejidad y valor agregado”.

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La actual administración mantuvo al PPI como un indicador relevante bajo el nuevo esquema de ajuste de tarifas, pero modificó la forma de cálculo del precio de venta al público (PVP), que pasó a ser bimensual e incluyó $ 1,5 como factor adicional tanto para las naftas como para el gasoil, y definió una regla de estabilización o banda de 7% en más o en menos. A su vez, la Ursea pasó a publicar el cálculo del PVP, que resulta de la suma del promedio de los últimos dos PPI, el factor de ajuste y los márgenes y tributos de cada combustible, que se toma como la “referencia” a partir de la que el Poder Ejecutivo define el precio final.

Tras esos cambios, dijo Cardozo, “el balance ha sido positivo y los actores los han adoptado naturalmente”. A su juicio, con este nuevo esquema se le dio a la Ursea “un rol valioso” porque “interviene de forma más decisiva en la fijación de precios, y eso siempre para un regulador es bueno, y para el sistema también, porque aporta transparencia en la fijación”.

Añadió que el nuevo esquema “vuelve más predecibles” los valores y eso inyecta “más confianza” a los actores del sistema.

Distribución y “normas posibles”

En cuanto a la búsqueda de mayores eficiencias que se traduzcan al precio del surtidor, el gobierno anterior introdujo algunas reglas transitorias sobre la apertura y traslado de las estaciones de servicio, que generaron resistencias y recursos de parte de los agentes mayoristas y minoristas en el mercado.

Sobre eso, Cardozo planteó que si bien “siempre es posible encontrar mejoras de eficiencia” a través de las regulaciones, las normas “tienen que ser posibles” de aplicar. “Uno no parte de una hoja en blanco, sino de una historia y configuración de actores en un mercado muy regulado, donde todos los márgenes están regulados y es muy difícil establecer un cambio si uno no va a un consenso muy amplio”, señaló. Advirtió que si ese acuerdo no logra ser abarcativo, “puede poner en riesgo dos cosas muy importantes que tiene Uruguay: la seguridad y la calidad del suministro. Para nosotros, ambas son naturales, pero si uno viaja en la región o fuera de ella incluso, no son tan comunes”.

Cardozo Ursea

Mauricio Zina/adhocFOTOS

En ese marco, el titular de la Ursea concluyó que “hay espacio” para introducir mejoras regulatorias, pero como “parte de un proceso gradual y de mucho diálogo con los actores” del mercado. Aclaró que la Ursea aporta su “mirada técnica”, aunque quien resuelve ese tipo de cambios de política energética es el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

En ese sentido, explicó que, con la participación de la Ursea, se viene reuniendo un grupo de trabajo, liderado por la Dirección de Energía del MIEM para realizar una revisión de la reforma del período pasado y delinear recomendaciones para elevar a consideración del Poder Ejecutivo. Luego se podrá exhortar a la Ursea a que, por ejemplo, ajuste la regulación. Para ello, el regulador seguirá los caminos formales de elaboración, consulta pública a los actores y demás.

“Ese proceso posiblemente lleve meses o un año, y el mercado tiene que seguir funcionando” mientras tanto, apuntó. En esa línea, dijo, la Ursea está trabajando en preparar “una forma de resolver lo que ya está hecho, y eventualmente mejorar alguna cuestión en la aplicación práctica de la regulación existente”. “En Ursea estamos trabajando para el día después como que la regulación siguiera (tal cual) o siguiera con cambios no sustantivos”, señaló el jerarca.

“Ordenar la cancha”

Cardozo planteó que, al analizar la situación normativa en el sector de distribución secundaria, se encontraron por un lado el “problema” de la reglamentación per se, porque “si hubo modificaciones, es porque las normas no estaban claras”. Y otro asunto que causó dificultades se vincula con la aplicación de las normas.

Consultado por la investigación administrativa que inició el regulador tras concluir que existen “dudas razonables” en la forma de tramitación de aperturas, traslados y prórrogas a estaciones de servicio desde 2021 hasta la actualidad, Cardozo argumentó: “Esta era una actividad nueva para Ursea, que Ancap la desarrolló por 60 años, entonces (el ente) tenía mucho conocimiento. Cuando eso cae en una Ursea naciente genera algo de dificultad procedimental. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de ordenar la cancha. Hay muchos temas que no están en Ursea porque son recursos que fueron al ministerio o al TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo). Lo que estamos haciendo es una evaluación de todo el mapa y de lo que nos viene por delante, tratando de dar certezas al sector y minimizar el impacto para el Estado. La situación, ya lo sabíamos, es difícil, pero vamos a obrar con claridad y transparencia”, argumentó.

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A su vez, el titular de la Ursea señaló que cuando finalice el exhorto del Poder Ejecutivo respecto a no innovar en materia de regulación —que se estableció por decreto en mayo pasado— se propone analizar la forma de pedir información “empírica” a los actores de la cadena sobre el funcionamiento de los negocios. En la anterior gestión, el TCA anuló un reglamento dictado por la Ursea para tal fin. “Seguiremos trabajando para hacernos, quizás, de menos información, pero vamos a transitar ese camino, podemos ser ingeniosos; la intención es rever qué información se pide para que sea viable conseguirla”, afirmó.

Coordinar más con ADME

En el mercado eléctrico, Cardozo dijo que se analizará el reglamento de calidad de servicio de distribución, porque tiene más de 20 años. En ese lapso, planteó, hubo cambios sustanciales a los que el marco debe adaptarse, como fue la incorporación de más de un millón de medidores inteligentes.

En la misma línea, planteó que también amerita una revisión, que ya se está encarando con la UTE, de las metas de calidad de servicio técnico —lo que se vincula a la confiabilidad del servicio, a analizar los cortes de energía según la densidad de las zonas, la demanda y demás— para que no haya problemas. Al mismo tiempo, alegó, también se apunta a evaluar la calidad del servicio comercial. En ese punto, dijo, hay un proceso para mejorar la comunicación con UTE y responder más rápidamente ante los reclamos de los consumidores.

Para Cardozo, otro tema a mejorar es la coordinación interinstitucional con la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), en la que participan representantes de UTE, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y de las gremiales de los grandes consumidores y de los generadores privados. Consideró que hasta ahora se daba una relación “muy epistolar” con la Ursea y entre los actores, y dijo que ahora se estarán reuniendo para comenzar a tratar una agenda de temas. Como ejemplo, planteó que hace mucho que la Ursea viene pidiendo a la ADME el plan de expansión de la red eléctrica, lo que consideró vital para recorrer el ciclo regulatorio en distintos aspectos para el sector.

El presidente de la Ursea aseguró, por otro lado, que es necesario coordinar con la ADME a efectos de determinar la “tarifa técnica” de electricidad, que conceptualmente refiere a la de una empresa modelo que tiene todos los eslabones del negocio eléctrico (generación, transmisión, distribución y comercialización) y que sirve como referencia —como es el PPI para los combustibles—, y trabajar en una convergencia hacia la tarifa de UTE.