Distribuidoras y estacioneros recurrieron reglas transitorias de la Ursea, que no ve “urgencia” en una reglamentación definitiva

Ambas resoluciones, votadas por la mayoría del directorio —y el voto negativo del representante por el Frente Amplio, Roberto Chiazzaro—, habían provocado descontento entre varios actores de la cadena y a nivel técnico. La decisión del regulador también desató críticas en las redes sociales de parte de actores vinculados a la producción agropecuaria, que atribuyeron “presiones políticas y empresariales” entre los motivos por los que el reglamento elaborado por el regulador —que consideraba la propuesta de la consultora mexicana Enix— continuara en borradores y no viera la luz.

Para Hualde, el mercado de distribución secundaria “es perfectible”, pero funciona con un “buen suministro” en todo el país, por lo que no hay una “urgencia en hacer cambios como si fueran imprescindibles”. Además, alegó que es “oportuno esperar” a que se disipe la “inestabilidad de los mercados” de energéticos mundiales por la guerra en Ucrania, y en ese contexto, explicó, fue que la Ursea pidió más tiempo al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para presentar un reglamento definitivo y ponerlo en consulta pública.

Como contrapartida, justificó Hualde, el MIEM le pidió a la Ursea que avanzara en una reglamentación transitoria sobre la apertura y traslado de las estaciones de servicio para no tener “detenido” el mercado y permitir que los interesados en invertir en el sector puedan hacerlo.

El lobby y Putin

Cuando el gobierno planteó la revisión previendo la desregulación gradual del mercado de los combustibles líquidos, el nivel de actividad económica interna y el valor internacional del barril de petróleo pautaban una realidad distinta a la actual. Los tiempos políticos también eran otros: aún se estaba cerca de las promesas realizadas en la campaña electoral y no se hablaba de posibles candidatos de los partidos que conforman la coalición de gobierno para la próxima contienda, explicaron a Búsqueda fuentes políticas.

A principios del 2021 algunas autoridades percibían que reducir, mediante la búsqueda de eficiencias en la cadena de distribución, “algún peso” en el precio del surtidor haría la diferencia. Pandemia y guerra mediante, primó la inestabilidad de precios, las dudas sobre los suministros y también la volatilidad y alta cotización de los energéticos, con el impacto que mes a mes tiene en la fijación de las tarifas. En ese contexto que persiste hasta hoy, señaló un informante, los jerarcas sopesan si se justifica crear cambios en el funcionamiento de la cadena —causando distorsión y descontento en el mercado— a cambio del impacto “prácticamente nulo” que eso tendría en el precio final de los combustibles.

En los hechos, en enero del 2021 el Poder Ejecutivo envió un informe con la propuesta de reforma del mercado a la Asamblea General, que contenía la “hoja de ruta” que se seguiría para crear las condiciones e incentivos necesarios para que exista un mercado “competitivo y eficiente”. Alegó que ponderaba “de forma equilibrada los diversos intereses de los actores que conforman el sector y fundamentalmente del público consumidor”. El Ejecutivo planteaba allí varias etapas que gradualmente avanzarían con un “horizonte o norte claro”, que en teoría llegaría al 2024 con un precio libre pero vigilado, por parte de la Ursea. Para alcanzar eso, en el medio, se bajarían barreras de entrada al mercado de distribución secundaria, se permitiría que las estaciones pudieran cambiar de sello y que los grandes consumidores se abastecieran directo de los mayoristas.

La regulación del mercado secundario es responsabilidad de la Ursea bajo directivas del Poder Ejecutivo, por lo que ese organismo descentralizado está en comunicación permanente con el MIEM. Búsqueda procuró, sin éxito, la opinión del ministro Omar Paganini, sobre las razones por las que no se avanzó en la desregulación de la distribución secundaria.

El “borrador 6.0” de ese reglamento, elaborado por los técnicos de la Ursea fechado en marzo pasado, apuntaba a la desregulación y a una mayor competencia. Uno de los insumos para realizarlo —y por lo que en parte se atrasaron los plazos previstos para esta segunda etapa de la reforma— fue la contratación (por US$ 125.000) de una consultora a través de un préstamo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Según una fuente, es “indefinido” el tiempo de transición planteado por la Ursea para aprobar un reglamento definitivo. Eso causó molestia entre sus técnicos, que trabajaron en todo el proceso, dijo. Aseguró que en varias oportunidades esos funcionarios “defendieron” la reforma ante los directores y que tras emitir las dos resoluciones transitorias que están siendo recurridas por las empresas, no se les dio una explicación. La fuente informó que algunos abogados de la Ursea redactaron una comunicación interna advirtiendo que las resoluciones no están bien fundadas y que se emitieron sin haber sido consultados ni haberse puesto a consideración de la opinión pública.

Al respecto, el vicepresidente de la Ursea declaró que “formalmente” los funcionarios no presentaron esa queja. Aseguró que no se desconoce el trabajo realizado por ellos, “que está pendiente” y del que “se han ido tomando cosas y lo que no se ha tomado, no se ha dicho que no”.

Consultado sobre los tiempos en los que la Ursea se propone tener una regulación definitiva para la distribución secundaria, Hualde contestó hilarante: “¿Cómo va a estar la guerra dentro de seis meses? Hablo con el MIEM, no con (el presidente ruso, Vladimir) Putin”.

El jerarca dijo que no incidió en “nada” el lobby empresarial para que el reglamento que promueve una mayor competencia en la cadena de distribución secundaria no se pusiera a discusión pública. “Hemos recibido permanentemente a fleteros, a las distribuidoras, a la Unvenu (Unión de Vendedores de Nafta), a los de la pesca, a los productores de arroz. Escuchamos a todos, todos tienen argumentos en defensa de su actividad. Todas las opiniones sirven para tomar la decisión, nuestra posición no tiene que ser ni la de uno ni la de otro, sino la que entendamos más conveniente. (…) En todo esto, además de los intereses económicos que se mencionan, hay puestos de trabajo de por medio, no solo influye en los dueños de las empresas”, contestó.

Señaló que ahora el organismo está dilucidando la metodología para fijar el precio máximo intermedio para la distribución secundaria. Por esa vía es que se pasaría a incluir el costo del flete a cargo de las distribuidoras mayoristas. Informó que esa propuesta se pondrá en breve a consulta pública para que comience a regir desde enero próximo.