—¿Cómo describe la situación habitacional hoy?
—Antes uno podía hablar solo del déficit habitacional, pero hoy tenemos un dato fuerte sobre cómo están las viviendas, las características de esas viviendas, hay un porcentaje de NBI (necesidades básicas insatisfechas) de viviendas muy importante. Ahí es donde vamos a trabajar. El principal factor de precariedad que tienen es el tema del hacinamiento, pero también hay otros, como el acceso a los servicios a esa vivienda, dónde está ubicada, etcétera. Con lo cual hay que no solo reparar en cuál es el déficit de vivienda, sino en cómo están las que existen. Hay que tener una mirada del conjunto, más integral. Por eso, las líneas que tenemos sí son de construcción de vivienda nueva, pero también de mejoramiento del stock y de atacar a la emergencia habitacional.
—¿Cómo evalúa la gestión de la política de vivienda en el período anterior?
—Fue una gestión muy despareja. Hubo cosas buenas y que compartimos conceptualmente, como la generación de la Dinisu (Dirección Nacional de Integración Social y Urbana), pero donde no se llegó a dar la institucionalidad que requería, porque se aprobó en la LUC (Ley de Urgente Consideración), enseguida, pero recién en 2022 se firmó su financiamiento y en 2023 se pudo empezar. Se tardó, no dio el tiempo y hubo 1.912 viviendas entre ejecutadas y en ejecución.
Otro tema presupuestal es que el Plan Avanzar no recibió en el período pasado toda la plata que debió haber recibido. El Ministerio de Economía tiene una deuda del período pasado con el Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU) de US$ 74 millones. Entonces, hoy no tenemos el financiamiento para responder a la cartera de proyectos del plan y estamos en conversaciones con el MEF —que tiene la mejor disponibilidad— para ver cómo solucionamos esta deuda.
Con el tema del trabajo social, el Plan Avanzar tuvo una pata floja, con poca presencia territorial que dificulta los procesos de regularizaciones, donde hay que tener equipos técnicos multidisciplinarios trabajando en los barrios de una forma sostenida. Esa es otra línea que vamos a reforzar.
Y en la Dirección Nacional de Vivienda, que no tuvo problemas financieros, territorialmente en algunas oficinas hay un solo funcionario con dos pasantes. Esa también es una debilidad que tenemos que trabajar para ver cómo vamos generando músculo para ejecutar el plan quinquenal con los funcionarios.
—¿Cuál es el rol de la política de vivienda en el combate a la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad?
—Es una de las principales líneas de acción. Todos somos conscientes de que las políticas de regularización, de relocalización que van al mejoramiento de barrios construyen ciudad, ciudadanía. Pero no podemos olvidar que la plata es finita. Entonces, para llegar de esta forma a toda la población que necesita, a los barrios —porque hay 667 asentamientos—, necesitamos más tiempo. Pero, como hay una población que necesita que hoy hagamos algo, tendremos una línea fuerte de atención a la precariedad habitacional dispersa, con foco en la primera infancia, para después ir escalando y llegar a la adolescencia. Es imperioso actuar ahí, porque entendemos que hoy esos niños están viviendo en la precariedad habitacional, lo que les condiciona su futuro, la trayectoria educativa, la trayectoria laboral, la salud.
En este énfasis en la primera infancia y en lo que tiene que ver con la emergencia habitacional dispersa, también vamos a estar con el programa Crece desde el Pie, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y ya empezamos, antes de recibir el presupuesto, con un piloto de acá a fin de año para mujeres embarazadas que capta Uruguay Crece Contigo, y habrá 60 intervenciones de acá a diciembre.
Vivienda ministra
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Sobre cómo vamos a gestionar la emergencia habitacional, la precariedad dispersa, lo que estamos haciendo es mapeando el territorio, porque no queremos que esas familias vengan a nosotros, sino nosotros ir a esas familias. Donde el mapeo nos dé emergencia habitacional cruzado con infancia, ahí vamos a ir, sentarnos con los gobiernos departamentales —porque es fundamental involucrar— y decirles la situación que tenemos en cada territorio.
—¿Cómo se está desarrollando ese mapeo? ¿Con qué equipo?
—Estamos con la unidad de evaluación y monitoreo de la Dinisu, que tiene muy buenos técnicos, junto con el INE y asesores directos del ministerio. Voy a tener un involucramiento directo, quiero estar presente en estos programas, tanto en la emergencia habitacional como en Crece desde el Pie y con el programa Más Barrio.
En estos programas, que son nuevos y que atraviesan a todo el ministerio, la batería de herramientas no va a depender de ninguna dirección; se van a poner todas las herramientas al servicio de esta problemática. De hecho, estoy planificando y diseñando, como fue también con el plan quinquenal.
Sabemos que hay departamentos donde hay un número menor de asentamientos, pero que la precariedad habitacional es importante.
En esta emergencia habitacional también está el tema de la población en calle, que estamos trabajando fuerte con el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y con el Inju (Instituto Nacional de la Juventud), para hacer un proyecto para darles la materialidad de la vivienda a los jóvenes en calle, pero con un acompañamiento social fuerte, que es fundamental de parte de esos otros organismos.
—¿Cómo define el plan quinquenal presentado la semana pasada?
—Hicimos un proceso que evaluamos muy positivo. Convocamos a las comisiones asesoras de vivienda y ordenamiento territorial, recibimos más de 180 propuestas, que sentimos que congeniaban con las nuestras. Se elaboró con un grupo de técnicos que las sistematizaron y colaboraron en la redacción del plan. Fue con la impronta que queríamos darle. Estamos conformes, contentos.
Tenemos un plan quinquenal que es un desafío importante por delante, una hoja de ruta que sentimos que quedó potente, que trabaja sobre cinco lineamientos. Dos de ellos apuntan a la vulnerabilidad y al mejoramiento de barrios, que son este sector que tiene más dificultades. Otro atiende a la población con ingresos medios y medios bajos, con una batería de medidas para llegar a esas familias con dificultades en el acceso y la permanencia en la vivienda. Y los otros dos van a la gestión de la cartera de tierras, del ordenamiento territorial y a la evaluación y el monitoreo de la política pública, que es fundamental.
MVOT Paseyro
Javier Calvelo, adhocFOTOS
—¿Qué lo diferencia del plan anterior? La cantidad de soluciones es muy parecida, pero con un incremento de recursos de 15%…
—El aumento llega casi al 20% en relación con el período anterior. Estamos conformes en cómo se dio el proceso con el MEF porque fuimos escuchados y se contempla dentro de una situación fiscal complicada.
Y hay una parte que es aumento del presupuesto genuino que va para vivienda, para el MVOT, y otra cosa que me parece muy importante de esta ley presupuestal es que los US$ 140 millones adicionales van para la infancia, adolescencia, la población más vulnerable, para la seguridad y salud. Esa es la fortaleza de esta Ley de Presupuesto, que es una mirada integral de todo el Poder Ejecutivo, y lo que le da un potencial enorme.
Siempre, para la problemática tan compleja que tenemos, viene bien más presupuesto. Pero este presupuesto nos va a permitir, bien gestionado, llegar a una población importante. Y si a eso le sumamos un redireccionamiento y una focalización en la precariedad habitacional, en las familias de ingresos medios y medios bajos y todas las políticas sociales… Porque hay que tener claro que la vivienda es una materialidad muy importante, pero no soluciona nada si no viene acompañado de todas las otras políticas que hacen a la salud, a la educación, al empleo, a la salud mental, no suma.
—¿El MVOT va a procurar recursos de otras fuentes de financiamiento?
—Estamos gestionando para el 2026 un préstamo con la CAF de US$ 50 millones para el programa Más Barrio que estamos terminando de diseñar; ya hemos conversado con el MEF y está la decisión de negociar antes de fin de año. Este programa hace a esa mirada integral que hablaba en las políticas porque es en conjunto con el Ministerio del Interior, la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), el INAU, el Inju, Maestras Comunitarias, y que va a tener infraestructura, para devolver con una fuerte impronta en seguridad a barrios donde la situación está muy compleja. El potencial que tiene este programa es que estamos diseñándolo en conjunto. Con este programa, luego de ver cómo fue su gestión, se pueden ver las posibilidades en 2028 de tener un refuerzo.
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Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
—Con los cambios a la vivienda promovida que se proyectan, ¿cuántas soluciones prevé aprobar y a qué deciles llegarían?
—No tenemos una meta para Entre Todos, hay muchos proyectos que están en marcha y a estudio. Esperamos que tenga más llegada al interior, en más localidades.
Recibimos a la Cámara de la Construcción y a distintos desarrolladores, les fuimos transmitiendo los cambios y tuvimos aceptación. Si pudiéramos llegar a los deciles 5 y 4…
Este tema es una responsabilidad de todos, todos tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto a la emergencia habitacional, la precariedad. La cámara y Unicef hicieron un estudio que les devolvió este tema de la emergencia habitacional en las infancias y las adolescencias. Y hay una intencionalidad de colaborar y aportar. Yo les creo. El tema y las herramientas están en la mesa, hay que apostar a esa sinergia.
—El MVOT también preveía reforzar los fondos para sus políticas con parte de las utilidades del BHU. Sin embargo, eso no quedó así en el proyecto de Ley de Presupuesto. ¿Qué pasó?
—Eso se está viendo, revisando. Todavía no está descartado.
—El gobierno anterior hablaba de erradicar los asentamientos, ahora se propone un abordaje integral. ¿Qué meta se traza para este quinquenio?
—Estamos todos convencidos, y sabemos, de que en cinco años no se termina con los asentamientos por la complejidad que tiene la temática. Con el Plan Avanzar se quiso apostar al impulso de la materialización, pero fueron 1.912 viviendas terminadas y ejecutadas, se empezó tarde y las obras llevan un tiempo. Hay una cartera importante de proyectos en ejecución, falta un poco de plata para completar esa cartera, pero no fue tal ese shock (de erradicar) asentamientos.
Ahora vamos a ejecutar los distintos programas que integran la Dinisu, potenciar esa institucionalidad, atendiendo la demanda dispersa, la regularización, la relocalización, introduciendo la emergencia habitacional en todo el territorio, independientemente de la cartera de proyectos. Ese es el camino, que no termina en estos cinco años.
Prefiero no dar un número porque hay una mirada integral de políticas públicas para evitar que más gente caiga en asentamientos.
El programa de primera vivienda, el de alquiler social, el programa de compra de vivienda usada, de subsidios, son todas baterías puestas para apoyar a las familias que hoy no pueden pagar, no pueden ahorrar, para sacar a la gente de la calle en convenio con otras instituciones —como INAU, Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Adolescente), Mides—, para personas en situación de calle, para generar alternativas de vivienda individuales o comunitarias. La población que está en calle es muy diversa. O sea, sí hay gente que está muy mal porque está atravesada por muchas vulnerabilidades, pero hay otra que, si uno le da un empujón, una posibilidad, un trabajo, la materialidad de una vivienda, puede reinsertarse.
