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Zonas francas: 1.285 empresas usuarias, casi 17.000 empleos y una “ventaja tributaria amenazada”
Uruguay “ha usado y abusado prácticamente como instrumento único de captación de inversión” los incentivos fiscales, sostiene un especialista en impuestos
Zonamerica es la mayor empleadora entre las zonas francas, con más de 7.000 puestos, según un censo oficial
A fin del año pasado, el régimen de zonas francas —que exonera de todo impuesto nacional— beneficiaba a 1.285 empresas usuarias. El último dato de la cantidad de puestos laborales involucrados corresponde al 2023 y es preliminar, de un censo realizado para la Dirección de Zonas Francas que todavía no hizo público: eran 16.945 en total. Zonamerica, World Trade Center Free Zone y Aguada Park eran las mayores empleadoras, con 7.014, 2.717 y 2.367 trabajadores, respectivamente.
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En total, son 11 las zonas francas privadas operativas —otras tres están autorizadas pero sin actividad todavía— y funciona, además, la estatal de Nueva Palmira. Hay, por otro lado, “proyectos” presentados para instalar nuevos enclaves de este tipo libres de impuestos que “se hallan en vías de control y análisis, por lo que no se encuentra este organismo en condiciones de establecer si serán aprobados o no”, respondió recientemente la Dirección de Zonas Francas a un pedido de información del diputado Gustavo Salle.
Al líder de Identidad Soberana le interesó saber también cuántas “empresas o corporaciones dejaron de operar en zonas francas a raíz de la implementación en 2025 del impuesto mínimo global”, un tributo del 15% sobre la renta de las multinacionales acordado por la mayoría de los países del mundo, entre ellos Uruguay. La repartición del Ministerio de Economía (MEF) le contestó que “ninguna de las bajas de las empresas usuarias tramitadas ante esta unidad ejecutora ha alegado este factor como argumento de su respectiva rescisión o caducidad de contrato”.
Salle también interrogó al MEF “cuándo se implementarán medidas y cuáles serán a causa de la entrada en vigor de la recaudación” de este impuesto global. La contestación de la Asesoría Tributaria del MEF fue genérica y en línea con lo que ha comentado el ministro Gabriel Oddone: “Es intención del Poder Ejecutivo remitir a la brevedad un proyecto de ley que contenga una propuesta de Impuesto Complementario Mínimo Doméstico (QDMTT, por su sigla en inglés) que permita que nuestro país recaude el impuesto que, si no se recauda en Uruguay, se terminaría pagando en otra jurisdicción”.
Semanas atrás, el director de la Asesoría Tributaria del MEF, Álvaro Romano, afirmó que la “opción de mínima” en la que está trabajando la cartera es la “aplicación de un QDMTT” que sea posible “calificarlo” y mantener a Uruguay como una plaza atractiva para la radicación de las inversiones desde el punto de vista fiscal. Eso posicionaría al país en una “muy buena situación, porque la realidad latinoamericana es muy heterodoxa” desde la perspectiva fiscal.
“Abuso de exoneraciones”
Los regímenes de incentivo a la inversión mediante exoneraciones u otras ventajas fiscales utilizados por Uruguay han sido cuestionados desde el exterior y también por actores locales. Dicen que son excesivos en términos de la recaudación que se resigna, carecen de análisis de eficiencia suficientes y funcionan como “coartadas” frente a los problemas de competitividad.
Para el contador Félix Abadi, socio del estudio Rueda Abadi Pereira, hoy en el mundo “no está bien visto exonerar el 100%” de los tributos y las zonas francas “no caminan más” como régimen de atracción de inversiones. Hay un “abuso de la exoneración” en Uruguay, afirmó.
En el cierre de la XI Uruguay Tax Conference, organizada el lunes 7 por la Universidad ORT, ese especialista en impuestos cuestionó este tipo de incentivos y lo comparó con el “aditivo” que precisa el motor de un automóvil con fallas en su funcionamiento. “Como las piezas marchan mal, tengo que dar ese aditivo” y por “un rato marcha”, pero no es posible “estar dándole siempre aditivo”, comparó.
Siguiendo con la misma metáfora con el Uruguay productivo, Abadi preguntó cómo potenciar ese motor y se contestó: “No escucho gran cosa. No es una crítica política, mucho menos a este gobierno”, porque la situación no mejoró con los otros partidos que pasaron por el poder.
Para este contador, ante los cambios en la fiscalidad internacional —que a su juicio es “algo que vino para quedarse”— Uruguay, que “ha usado y abusado prácticamente como instrumento único de captación de inversión” los incentivos, tiene ahora su “ventaja tributaria amenazada”.
Posibles “escenarios” tributarios
A modo de conclusión, Abadi esbozó tres posibles escenarios con el gobierno frenteamplista.
Uno, que llamó “conservador”, implica que el país adopte un impuesto mínimo complementario y que se haga alguna “revisión de los incentivos fiscales”, pero sin “cambios significativos”.
El escenario “reformista”, elucubró, supondría “cambios adicionales”, por ejemplo, en cuanto a los impuestos a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), además del IVA personalizado y “quizás otros”.
Al tercero lo catalogó como “disruptivo” e implica, según el consultor, que Uruguay adopte el criterio de la renta mundial en lugar de la territorial para el cobro de los impuestos y se instauren tributos nuevos, como uno que grave a los “ricos”, los “ambientales” y a ciertas actividades “digitales”. Esto, de concretarse, supondría un “rediseño del sistema con un criterio refundacional”, definió.
Más de una vez, durante su exposición, Abadi marcó que el actual gobierno carece de mayoría en ambas cámaras y recordó que la administración del blanco Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) apeló al decreto para implementar un “montón de ajustes”. En su opinión, ahora, “si el gobierno pretendiera un aumento de carga tributaria”, transitorio o no, “siempre tiene la chance de los decretos (…). Es un escenario”.
