Este caso no fue un hecho aislado. Durante el último año, repetidamente han surgido informes sobre grupos armados ilegales colombianos tratando de enviar soldados para adquirir experiencia y conocimientos de vanguardia de Ucrania sobre la guerra con drones y, posteriormente, utilizar esas habilidades contra el ejército de su propio país al regresar.
“Los sistemas de reclutamiento son muy complejos, pero lo que más me preocupa es el nivel de especialización que están adquiriendo“, comentó bajo condición de anonimato un trabajador humanitario colombiano en Ucrania. “Exparamilitares, exguerrilleros y exsoldados están luchando y aprendiendo juntos aquí cómo operar drones”.
Así como los drones han revolucionado la guerra de Ucrania con Rusia, también han cambiado por completo las reglas del conflicto armado que el Estado colombiano lleva décadas librando contra los rebeldes de izquierda y los narcotraficantes. En su lucha contra las guerrillas en la selva, el gobierno siempre pudo contar con el dominio de los cielos; eso ya no está garantizado.
“La industria de los drones ha crecido exponencialmente y los delincuentes han adaptado la tecnología para realizar ataques, lo que supone un gran reto para la supremacía aérea en el campo de batalla”, le declaró al Financial Times (FT) Pedro Sánchez, general de la Fuerza Aérea y ministro de Defensa saliente de Colombia.
Agentes de policía montan guardia en una calle de Robles, cerca de una comisaría que ha sido blanco de repetidos ataques con drones.
Joaquín Sarmiento/AFP/Getty Images
El Ministerio de Defensa Nacional estima que los grupos ilegales lanzaron 264 ataques con drones entre 2024 y 2025, en su mayoría utilizando drones comerciales baratos que fueron modificados para lanzar explosivos desde el aire.
En mayo, un soldado falleció y otros seis resultaron heridos mientras patrullaban en una región dedicada al cultivo de coca. En abril, los drones mataron a tres soldados cerca de la frontera con Ecuador y atacaron un sistema de radar militar en la provincia del Cauca. Y, en diciembre, ataques contra una base militar causaron la muerte de siete personas.
“Es un cambio drástico que ha afectado la movilidad y la supervivencia en el campo de batalla”, afirmó Sánchez.
El año pasado, las fuerzas armadas de Colombia “neutralizaron” el 96% de los intentos de ataque con drones, señaló Sánchez, ya fuera interfiriendo las frecuencias de radio o destruyendo los dispositivos. Pero los grupos ilegales están tratando de aprender de Ucrania para burlarlos.
Un piloto de drones colombiano en Ucrania dijo que los reclutadores de los cárteles habían estado buscando capacitación en el montaje y la operación de drones con pilotaje visión remota (FPV, por sus siglas en inglés), los cuales son drones de ataque cuya agilidad los hace más difíciles de derribar. Por lo general, esos drones se dirigen directamente hacia un objetivo y explotan al chocar con él.
“Los drones FPV ya están empezando a usarse en Colombia, pero lo que aún no saben es cómo cifrar la comunicación entre el dron y la persona que lo pilota, ni cómo preparar la carga explosiva tal como lo hacen aquí en Ucrania”, le dijo el piloto al FT desde el frente sur, en la provincia de Zaporizhzhia.
Vista de una granada GADCI lanzada desde un dron durante una demostración en la fábrica Indumil (Industria Militar) Santa Bárbara en Sogamoso, departamento de Boyacá, Colombia, el 28 de mayo de 2026.
RAUL ARBOLEDA / AFP
Según las autoridades, los grupos armados también están tratando de eludir las señales de interferencia del ejército mediante la compra de drones que utilizan cables de fibra óptica ultradelgados, los cuales se conectan a grandes distancias con los sistemas operativos en tierra. El grupo militante Hezbolá ha adoptado esta táctica —que también se utilizó por primera vez en la guerra entre Rusia y Ucrania— en su conflicto con Israel.
El Estado colombiano está tratando de detener esas compras —mediante la imposición de estrictas restricciones a la importación de todo tipo de drones— y también está reforzando sus defensas. En enero, el gobierno anunció planes para un “escudo antidrones” de US$1.6 mil millones, que incluye equipos de interferencia de frecuencias, así como sistemas de detección tanto fijos como montados en vehículos.
Pero, según los analistas, detener la transferencia de conocimientos por parte de los soldados colombianos que regresan a casa desde Ucrania debería ser una prioridad.
Desde hace tiempo, Colombia ha visto a sus veteranos militares, curtidos en décadas de conflicto interno, luchando en guerras en el extranjero, como las de Sudán del Sur, Yemen y Ucrania; en ésta última, hasta 500 de ellos han perdido la vida en los cuatro años transcurridos desde que comenzó la invasión a gran escala por parte de Rusia.
“Los colombianos pueden aprender y adaptarse realmente rápido, así como soportar las difíciles condiciones del servicio”, señaló Palianytsia, el oficial de reclutamiento ucraniano. “Ellos han demostrado su valía ante los comandantes, quienes realmente aprecian a estos hombres”.
Dos soldados ucranianos con un dron cerca del frente en las afueras de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, el 13 de junio de 2026.
Francisco Richart / ANADOLU / Anadolu vía AFP
El tema ha sido controversial en Colombia. El pasado octubre, el presidente Gustavo Petro afirmó que “los ucranianos tratan a los colombianos como una raza inferior” y les pidió a los ciudadanos colombianos “a quienes se les trata como ‘carne de cañón’” que regresaran a casa. Con el fin de reducir los incentivos para alistarse en fuerzas extranjeras, su gobierno aumentó los salarios de los militares y ratificó una convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1989 sobre mercenarios.
Sánchez, el ministro de Defensa, afirmó que su despliegue en campos de batalla en países lejanos es una “triste realidad” debido a los altos salarios que se les ofrecen en comparación con sus pensiones colombianas.
Las fuerzas armadas del país llevan décadas luchando contra los cárteles y las guerrillas en el conflicto armado que se estima se cobró unas 450,000 vidas entre 1958 y 2016.
El grupo rebelde más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se desmovilizó en 2016, pero varias facciones disidentes han seguido librando una guerra contra el Estado. Todos los grupos armados colombianos participan en economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado.
Las actividades de los grupos armados se intensificaron bajo el mandato de Petro, quien durante tres años llevó a cabo negociaciones con los grupos armados como parte de su plan de “Paz Total”, antes de optar por una postura bélica hacia el final de su único mandato de cuatro años.
Soldados colombianos portan armas antidrones durante la activación del primer batallón de aeronaves no tripuladas en la base militar de Tolemaida, Colombia, el 10 de octubre de 2025.
AFP
Este viernes, Petro le entrega la presidencia a Abelardo de la Espriella, un defensor de mano dura en materia de seguridad que ha prometido construir cárceles en la selva. Tras un reciente ataque con drones contra las fuerzas militares, de la Espriella declaró que le daría prioridad al “restablecimiento de la autoridad del Estado en las regiones más azotadas por la violencia”.
Sin embargo, según algunos expertos, lo hará desde una posición más débil que la de sus predecesores más recientes.
“La cantidad de drones que poseen estos grupos puede muy fácilmente abrumar a cualquier objetivo militar o civil”, afirmó Elizabeth Dickinson, subdirectora para Latinoamérica del International Crisis Group. “Las fuerzas armadas han perdido por completo su monopolio sobre el espacio aéreo. Eso representa un enorme cambio estratégico“, explicó ella.
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