La muerte de una adolescente embarazada y víctima de explotación sexual que estaba bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) dejó al descubierto un cúmulo de omisiones en la protección de los menores de edad por parte del Estado. Un reciente informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) sobre el caso de la adolescente fallecida —adelantado por Búsqueda el jueves 19— detectó múltiples vulneraciones en el cuidado de las menores y demostró que, lejos de ser excepcionales, las fallas atraviesan todo el sistema de atención de niños y adolescentes en situación vulnerable. De hecho, lo que comenzó como una investigación de oficio sobre la muerte de la joven de 16 años y la situación de otras dos menores víctimas de explotación sexual, se terminó ampliando a 11 casos críticos de niñas y adolescentes al cuidado del centro femenino de INAU en Rivera.
La investigación de la institución, cuyos hallazgos fueron recogidos en un extenso y detallado informe que el pasado jueves fue enviado a todos los organismos públicos involucrados en la protección de menores, encontró que el Estado cometió graves omisiones en la atención de las niñas que están bajo su cuidado. La Inddhh recomendó, entre otras medidas, la intervención del centro femenino de Rivera debido al cúmulo de irregularidades detectadas.
La resolución de la Inddhh tuvo repercusiones inmediatas. El Directorio del INAU fue citado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, la colorada Carmen Sanguinetti, a pedido de la senadora del Frente Amplio (FA) Silvia Nane, para dar explicaciones sobre la situación de Rivera y de otros centros. “El sistema de protección está en emergencia”, dijo la senadora a Búsqueda.
El lunes 23, el presidente del organismo, Guillermo Fossati, la directora en representación de la oposición, Natalia Argenzio, y la directora general, Dinorah Gallo, entre otros jerarcas, comparecieron ante la comisión y reconocieron la existencia de “patrones estructurales de vulneración de derechos por parte del Estado”.
En tanto, la directora por la oposición, tras conocer la resolución de la Inddhh, pidió al directorio reunirse en sesión extraordinaria en un plazo máximo de 48 horas, pero el presidente y el vicepresidente optaron por tratar el tema en la sesión ordinaria prevista para el lunes 23, informó Argenzio a Búsqueda. A la sesión, que se realizó el mismo día de la comparecencia en el Parlamento, fueron convocados los representantes de la dirección departamental de Rivera e integrantes del equipo de trabajo del centro para niñas de ese departamento.
Por otra parte, el viernes 20 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que funciona en la órbita de la Inddhh, envió una solicitud de información al INAU requiriendo que detalle cuáles son los centros de protección integral 24 horas que se encuentran funcionando a la fecha, bajo qué modalidad, qué vínculo con el instituto tienen (oficial o por convenio), cuántos son los cupos y cuál es el número de niños, niñas y adolescentes que atienden. Además, el MNP pidió saber qué centros fueron cerrados en los últimos dos años y por qué motivos, y si se abrieron nuevos.
Además, el Frente Amplio instaló un Comité Funcional para estudiar la situación del INAU y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (que atiende a los menores que infringen la ley). El objetivo es analizar el estado de situación y pensar en ideas para la próxima gestión, que a partir del 1º de marzo estará en manos del FA.
“Raíces históricas”
El lunes en la comisión parlamentaria, Fossati dijo que muchos de los problemas que existen en la atención de los menores de edad de contextos vulnerables tienen “raíces históricas”. Por otra parte, señaló que los “patrones estructurales de vulneración de derechos por parte del Estado” a los que refiere la Inddhh involucran a “varios organismos”. Dijo, en ese sentido, que la propia institución “pone el énfasis en la corresponsabilidad de varios organismos en todo lo que significa evitar la vulneración de derechos”.
Aclaró que no se trataba de poner una “excusa”, sino de que los legisladores tomaran en cuenta “la justa dimensión del problema” y admitió dificultades para lograr mejoras en la atención: “Históricamente, el INAU ha funcionado con una inercia que dificulta su revisión. Es decir, hay obvios problemas de gestión que sobreviven en el tiempo”.
La senadora convocante le reprochó que minimice la responsabilidad del organismo. Si bien el asunto involucra a muchos actores, “el INAU es el organismo rector de las políticas de infancia de este país”, señaló Nane. “No es por casualidad que hoy 23 de diciembre ustedes están acá, es porque realmente estamos preocupados por la situación, porque realmente necesitamos saber qué vamos a hacer con todo esto”, añadió, tras enumerar varias de las irregularidades y problemas que detalló la resolución de la Inddhh.
También interrogó a las autoridades sobre qué medidas se habían adoptado a partir de las recomendaciones de la institución: “¿Qué empezaron a hacer desde el día en que tienen esta resolución?”.
Mariana Cal, de la Subdirección General de Gestión Territorial de INAU, informó a la comisión parlamentaria que luego de que se conocieran públicamente las situaciones en el hogar femenino de Rivera se planificó un proceso de fortalecimiento a la atención de menores en ese departamento. El plan, que incluye cinco puntos, fue aprobado en setiembre. El primer eje de trabajo, que continúa en marcha, se enfocó en identificar los casos más críticos del sistema de protección del INAU en el departamento. Inicialmente, dijo, se identificaron 24 casos, aunque a medida que se avanza en el trabajo esas situaciones se han ampliado. Una segunda línea de trabajo fue nutrir de recursos humanos y técnicos a la atención en Rivera, y una tercera consistió en profundizar la articulación interinstitucional, con la realización de instancias bilaterales con el Ministerio del Interior, Fiscalía y el Poder Judicial, entre otros. El cuarto eje es la formación e intercambio sobre prácticas y la quinta línea de trabajo está relacionada con el análisis de la problemática de los departamentos de frontera, aunque todavía está en proceso de concretarse.
Sobre la resolución de la Inddhh, la jerarca dijo que se está “estudiando en profundidad”: “Hemos marcado algunos párrafos con colores y la vamos a analizar en detenimiento”. De todos modos, informó que por el momento “no está definida una intervención en el hogar femenino de Rivera”.
Emergencia
Búsqueda contactó a Fossati para consultarle sobre los problemas reportados por la Inddhh en la atención del INAU. En una respuesta por escrito, el jerarca sostuvo que “los problemas que se presentaron en los últimos años en los centros residenciales del INAU se han dado de igual o semejante forma y alcance en administraciones pasadas”. Fossati reconoció como necesario “introducir cambios en distintos niveles operativos del INAU; incluyendo cómo se distribuyen sus recursos, responsabilidades y autoridad, además de las interrelaciones”. También en la asignación de recursos, gestión de personal, prácticas de supervisión y gestión de procedimientos administrativos. Además, sostuvo que se debe mejorar la coordinación de los servicios para dar respuestas de forma “oportuna y rápida”.
El jerarca dijo que el INAU tiene insuficiencia en “insumos básicos”, como recursos humanos, financieros e infraestructura y debilidad de mecanismos institucionales para abordar situaciones críticas y de especial vulnerabilidad, como la explotación sexual, las adicciones y la salud mental. Por otra parte, señaló que el organismo “no tiene un sistema de control y seguimiento” para garantizar que los menores “vayan progresando según lo previsto” y que se logre una transición “oportuna y eficaz hacia recursos fuera de la atención residencial”.
Consultada por Búsqueda, Argenzio dijo que en su opinión “no hay un reconocimiento cabal por parte del oficialismo sobre la gravedad de la situación”, y reprochó la “falta de transparencia” del organismo. Argenzio describió una situación de “desborde” y de “falta de garantías” del sistema.
Tanto en la comisión parlamentaria como en la sesión de directorio del lunes 23, Argenzio pidió declarar la “emergencia” del sistema de protección de infancias y adolescencias. No obstante, su pedido no tuvo eco en las autoridades. “El tema es de una gravedad inmensa. Las violencias sexuales han incrementado. La desprotección de las adolescencias y la realidad en las fronteras es realmente grave y no hubo ninguna instancia interinstitucional para trabajar en este tema”, reprochó.
“Desde mi punto de vista, tras el informe de la Institución de Derechos Humanos corresponde al INAU como organismo rector convocar en forma urgente a la interinstitucionalidad porque haya acciones que se tienen que tomar ya”, afirmó. También pidió al directorio que se contrate un equipo de emergencia para la atención de niños y adolescentes en Rivera, que se amplíe el cupo de atención a víctimas de violencia sexual y que se realicen las investigaciones administrativas correspondientes para que se “identifiquen responsabilidades”.
Búsqueda también procuró entrevistar a las autoridades de la Inddhh para conocer más sobre las situaciones detectadas y el seguimiento previsto, pero desde la oficina de prensa indicaron que no harían declaraciones por el momento.
