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Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones
El fiscal investiga si el intendente incurrió en una conjunción del interés personal y el público al gestionar la recategorización de un padrón que aún era de su propiedad y que luego fue vendido a una firma extranjera
Wilson Ezquerra en el comando central de Uruguay para Adelante en el barrio Cordón de Montevideo.
La investigación penal contra el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, por presuntas maniobras en la venta de un campo de 14 hectáreas de su propiedad comenzó a moverse después de un año de idas y vueltas entre distintas fiscalías. La semana pasada el fiscal de Durazno, Diego Chávez, citó a los primeros testigos en el marco de la denuncia por conjunción del interés público y el privado presentada por los periodistas de la radio comunitaria La Kandela, Sebastián Ríos y Matías del Pino, en agosto de 2024.
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El inicio de la investigación —informado por la diaria— se da en paralelo a la presentación de una ampliación de la denuncia, elaborada por el mismo medio local, que incorpora elementos que, a juicio de los denunciantes, refuerzan la acusación y agravan la situación de Ezquerra. Para Ríos, director de esa emisora e impulsor del caso, esta etapa marca un antes y un después: “Finalmente tuve la buena nueva de que el fiscal de Durazno tomó el caso y que iba a empezar con las citaciones a partir de setiembre”, dijo el periodista a Búsqueda.
La denuncia original se centraba en lo que, según los denunciantes, constituye una típica conjunción de intereses: Ezquerra solicitó a la junta local declarar de interés departamental un emprendimiento maderero de capitales brasileños vinculado a un padrón que todavía era de su propiedad. Esa declaración era condición necesaria para que el terreno pudiera ser reclasificado de rural a suburbano industrial. Cuatro días después de presentar la solicitud, el predio fue vendido. “Actuó de los dos lados del mostrador”, resumió Ríos.
La ampliación de la denuncia, presentada en agosto de 2025, busca demostrar que el accionar de Ezquerra no fue un descuido ni un episodio aislado, sino una maniobra planificada. Según Ríos, el intendente ya conocía a la empresa interesada antes de iniciar el trámite en la junta y actuó con la intermediación de Fernando Porcile, exdirector de obras de la intendencia contratado por la comuna en 2024.
Según informó el pasado 8 de agosto el medio Crónicas del Este, Porcile acompañó a representantes de la empresa Braspine para descartar predios en la zona industrial de Santander —que incluso contaba con un padrón de 20 hectáreas propiedad de la intendencia— con el fin de conducir la operación hacia el terreno de Ezquerra en Paso del Manco. “Lo más obvio era instalarse en la zona industrial, donde no se requería declaración de interés departamental y donde el trámite era más sencillo. Sin embargo, la empresa terminó comprándole el terreno al intendente en una zona mucho más complicada desde el punto de vista logístico y normativo”, explicó Ríos.
Otro de los puntos incluidos en la ampliación refiere a las condiciones económicas de la compraventa. Mientras Ezquerra obtuvo US$ 15.000 por hectárea, la empresa pagó US$ 10.000 por hectárea a la dueña del padrón lindero. Para los denunciantes, esa diferencia es otro indicio de que el negocio favoreció especialmente al entonces intendente.
La justificación que dio la empresa para abandonar Tacuarembó —la falta de agua— también fue cuestionada en la ampliación. Según documentación recopilada por La Kandela y presentada en Fiscalía, Braspine había encargado en abril de 2024 un estudio hidrogeológico que confirmaba la existencia de recursos suficientes a través de pozos semisurgentes. En noviembre de ese año, otro informe presentado por la propia empresa ratificaba que no existían impedimentos técnicos para la instalación. Sin embargo, en enero de 2025, comunicó a la Intendencia de Tacuarembó que desistía del proyecto por supuestos problemas de acceso al agua.
“Nosotros probamos documentalmente que la empresa no se va por ningún problema de agua. Tenían estudios que confirmaban que había disponibilidad suficiente. Lo que hubo fue un escándalo generado por la operación, que terminó con la mudanza del proyecto a Rivera”, aseguró Ríos. La consecuencia, agregó, fue un daño económico y social: “Esto no fue solamente un negocio donde Ezquerra logra vender una chacra que quería vender, sino que hubo un daño importante porque la empresa se termina yendo de Tacuarembó. Estamos hablando de 500 puestos de trabajo perdidos”, sostuvo el periodista.
Citaciones en marcha
Según explicó Ríos, las personas que ya están citadas son en su mayoría ediles de distintos partidos políticos: dos del Partido Nacional, dos del Frente Amplio y uno de Cabildo Abierto. Entre ellos se encuentra Jhon Duhalde, dirigente blanco que años atrás presentó una denuncia contra Ezquerra en el comité de ética de su partido y que recientemente acusó públicamente al entorno de Álvaro Delgado de haber “encajonado” ese expediente.
Ríos, en tanto, será citado la semana próxima como denunciante y, según adelantó, también declarará un testigo clave que expondrá el rol de Porcile en las negociaciones. Además, se espera la comparecencia de la dueña de un padrón lindero que fue adquirido por la empresa, pero a un precio menor que el pagado a Ezquerra.
El avance del caso llega después de un año en el que la denuncia circuló sin resultados entre distintos despachos fiscales. Desde su presentación en agosto de 2024, pasó por Tacuarembó, Paso de los Toros y finalmente Durazno, con al menos seis fiscales que se excusaron o fueron relevados, dijo Ríos. Y añadió: “En dos oportunidades, los fiscales se apartaron aduciendo razones de decoro”.
El caso que involucra al intendente Ezquerra, electo durante cuatro períodos, también fue objeto de denuncias de parte de actores del sistema político. En agosto de 2024, el exsenador Rafael Michelini, junto con el edil suplente Sergio Rosa (Frente Amplio), presentaron una denuncia ante la Fiscalía en Paso de los Toros contra Ezquerra por presuntas irregularidades en la recategorización de terrenos propios del jerarca con miras a favorecer su venta a la empresa extranjera. En paralelo, el mismo mes un bloque interpartidario de 19 ediles elevó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública en la cual se planteó que la solicitud de declaratoria de interés departamental por parte del intendente —sin informar su vínculo como vendedor— podría consagrar una vulneración de las normas de conducta y un claro conflicto de interés.
La Fiscalía de Durazno deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para formalizar al intendente.
