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Tacuarembó está “cooptado por el contrabando”, que “ni la DGI ni el BPS” controla
El proyecto que prevé ventajas fiscales y beneficios para la microimportación de artículos de higiene personal y limpieza a los comerciantes de la frontera con Brasil provocó un entredicho entre un legislador colorado y el subsecretario del MEF
La Aduana reforzó los controles y la coordinación con otros organismos para combatir el contrabando
“Yo vengo del único (departamento cuyo) centro comercial no está contento con esto”, le dijo el diputado tacuaremboense Maximiliano Campo a la delegación del Ministerio de Economía (MEF) que este miércoles 2 visitó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para explicar el proyecto que busca contrarrestar los perjuicios de la disparidad cambiaria con Brasil en el comercio de la frontera. Felicitó a las autoridades por la iniciativa, pero reclamó incluir también a su departamento, con el argumento de que tiene un alto desempleo e informalidad laboral; lo asoció al hecho de que “el 40% del mercado (…) está cooptado por el contrabando”.
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Los beneficios en la importación directa desde Brasil de una docena de artículos de higiene personal y limpieza a ser comercializados después están propuestos en el proyecto de ley para empresas que operen en un radio de hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera. La iniciativa también contempla beneficios fiscales.
“Obviamente, las medidas que están fijadas a 20 kilómetros, o el Imesi para las naftas, yo las entendería. Ahora bien, para un departamento totalmente atravesado por el contrabando, por la informalidad laboral, con más desempleo que departamentos que van a ser incluidos en estas medidas, ¿no cabe alguna de estas medidas? ¿No cabe esta importación simplificada de productos de la canasta básica? Si la ponen a 60 kilómetros, lo que va a pasar es que va a haber alguien en la ruta 5, a 60 kilómetros de Rivera, que va a poner una distribuidora a pequeños comerciantes y les va a vender, porque es lo que pasa hoy. Si recorren Tacuarembó y hablan con el centro comercial del departamento, (…) se van a dar cuenta de que los comerciantes están desesperados con esto, porque no solo compiten con el contrabando: compiten con la informalidad total”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de febrero-abril, el 9,3% de la población activa tacuaremboense estaba desempleada y el no registro en la seguridad social de los trabajadores era de 36,8%. En Cerro Largo, Artigas y Rivera, el empleo “en negro” supera el 40%.
Punta Carretas
Campo se molestó porque Martín Vallcorba, subsecretario de Economía, dijo ante su reclamo: “Si nosotros pensamos que tenemos que seguir extendiendo los 60 kilómetros para adentro, vamos a llegar a Punta Carretas, porque siempre tenemos algo cerca que no estaría siendo incluido en el beneficio”.
“Yo no comparto el argumento de que si pide Tacuarembó, vamos a llegar a Punta Carretas. La realidad de Tacuarembó —y ustedes lo saben— está marcada por el contrabando. No es el caso de los departamentos hacia el sur”, reprochó el diputado, y cuestionó los controles. “El otro día incautaron esas 30 toneladas (de mercadería) y después, al otro día, ya estaban todos los almacenes provistos de contrabando”, dijo el legislador colorado, refiriéndose al operativo Gibones, que en junio implicó 37 allanamientos en comercios y más de 20 detenciones.
“Entiendo la función del director de Aduanas de controlar. Por lo menos de donde yo vengo (…) el contrabando no lo controla ni la DGI ni el BPS; al revés: controlan a los comerciantes formales y en la misma cuadra tienen tres comercios ilegales sin aportes al BPS, sin DGI, con mercadería de frontera, y a esos nadie los controla”, aseguró.
También aventuró que “por más controles que pongan en la Aduana” habrá mercadería de frontera comercializada en su departamento. “El pollo brasilero (…) debe ser el 50% del pollo que se vende en Tacuarembó y con el que cocinan todos los restaurantes de Tacuarembó. Les aseguro. Entonces, realmente, me extraña que se diga: ‘No, mire, van a llegar a Punta Carretas si empezamos así‘”.
Campo adelantó que no votará el artículo referido a los 60 kilómetros si no se modifica ese radio.
Vallcorba retomó la palabra y explicó que desde el MEF no son “insensibles a la problemática de empleo en todo el territorio”, pero que entienden necesario atacarla mediante “políticas específicas”.
