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Con un enfoque más policial, la futura Secretaría de Inteligencia despierta reticencias en las Fuerzas Armadas
El organismo estará dirigido por Mario Layera y apuntará a una mayor coordinación con la Policía; aún no se sabe cuántos militares integrarán el equipo
Mario Layera estará al frente de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado
Al asumir en 2020 como director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), Álvaro Garcé anticipó que iba a bregar por “una inteligencia sana y dentro del marco legal”, enfocada en “hipótesis de futuro que permitan anticipar escenarios de crisis”.
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Tal como indica el nombre del organismo, ese objetivo significó un proceso estratégico de recopilación de información y análisis —sostenido en fuentes abiertas y luego derivado al presidente de la República— para afrontar desafíos a largo plazo. Esa mirada variará a partir de marzo, con un nuevo gobierno que pretende manejar la Secretaría de Inteligencia no solo con un costado estratégico, sino también táctico: abordar situaciones concretas —especialmente de crimen organizado— a corto plazo y con un mayor involucramiento directo de la SIEE.
El trabajo estará en manos de Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional y con una amplia experiencia en tareas operativas contra el narcotráfico. El liderazgo de Layera busca que la función táctica de inteligencia se coordine más aceitadamente con la Policía. Ambas cosas, la dirección de Layera y el enfoque policial de la SIEE, generan incertidumbre en las Fuerzas Armadas, según señalaron a Búsqueda fuentes militares.
Las diferencias entre los “azules” (Policía) y los “verdes” (Fuerzas Armadas) en Uruguay tienen una larga trayectoria. Ambas instituciones suelen considerar que su rol es más relevante para el país y discuten su capacidad en términos de formación, equipamiento y entrenamiento. Además, existen tensiones por la competencia en áreas clave de responsabilidad estatal, como la inteligencia, lo que genera cierto recelo.
Desde el regreso de la democracia en 1985, las agencias de inteligencia uruguayas trabajaron de forma más o menos autónoma. En el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti se produjo un intento de centralización bajo el control del Ejército Nacional, al cual la Policía presentó resistencia. En 2005, el primer gobierno del Frente Amplio creó en Presidencia el cargo de coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado. Ese puesto estuvo vacante en ciertos períodos y fue ocupado por el civil y extupamaro Augusto Grégori (2010-2013), por los generales del aire en situación de retiro José Bonilla (2013-2015) y Washington Martínez (2016-2020).
En 2018, la tercera administración frenteamplista conformó la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Su primer director fue Martínez, edecán y de máxima confianza del presidente Tabaré Vázquez, quien ya venía del cargo de coordinador y fue designado en la nueva jerarquía en 2019 por el propio Vázquez, en acuerdo con los ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas.
En 2020, el presidente Luis Lacalle Pou nombró como director de la SIEE a Garcé, un abogado sin pasado ni en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional, quien conformó un equipo de aproximadamente 20 personas al mantener a cuadros que venían del período anterior, en su gran mayoría militares y policías. Esos cargos, por contrato, finalizarán todos el 28 de febrero, lo cual dejará al próximo gobierno la libertad de renovarlos. Con Layera como director, la preocupación en alas militares es que el equipo de Inteligencia termine integrado principalmente con funcionarios de la Policía.
La Secretaría de Inteligencia, aún sin transición
Garcé fue nombrado como director hasta 2027, en un intento normativo para que la inteligencia estatal mantenga una línea de conducción más allá del partido político en el gobierno. Sin embargo, presentará su renuncia el 28 de febrero y pasará a dedicarse a la actividad privada.
Su sucesor será Layera, pero —al contrario que la mayoría de los organismos del Estado— no hubo aún reuniones de transición entre las actuales y futuras autoridades. Su sucesor será Layera, pero todavía no se reunieron. Está previsto que la transición comience este jueves, a las 15:00, cuando se reunirán las actuales y futuras autoridades de las unidades ejecutoras y agencias de Presidencia la Torre Ejecutiva.
El eventual nombramiento de Layera fue cuestionado por legisladores y dirigentes del oficialismo, quienes criticaron su rol en la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito de la antigua Cárcel Central en 2019: Layera era entonces el director de la Policía y fue investigado por la Justicia.
“Son dos personas que están indagadas por causas que son una vergüenza nacional”, dijo en diciembre el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, al programa Desayunos informales de Teledoce, en referencia a Layera y a Alfredo Clavijo, quien será subdirector administrativo de la Policía a partir de marzo.
En el Frente Amplio entienden que Layera es una figura controvertida para la coalición y por eso esperan que su nombramiento como director de la SIEE encuentre trabas en el Parlamento. La ley establece que ese puesto es resuelto por el presidente en acuerdo con los ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas —las cuatro carteras que derivan información a la Secretaría de Inteligencia— previa venia de la Cámara de Senadores. Esa venia ocurre con un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes. Si la venia no es otorgada dentro del término de 60 días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo puede formular una nueva propuesta o reiterar la propuesta anterior, y, en este último caso, deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado.
Una vez que Layera sea confirmado en el cargo, el gobierno electo pretende involucrar a la SIEE más directamente en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Así lo anticipó en noviembre Jorge Díaz, quien será el prosecretario de la Presidencia. “Este gobierno no tuvo una visión holística de la represión, solamente la centró en la Policía. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. En Presidencia hay organismos muy importantes en materia de represión que no se tocaron”, dijo entrevistado por En perspectiva.
Díaz mencionó entre esos organismos a la Junta Nacional de Drogas, a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y “a la frutilla del postre”: la Secretaría de Inteligencia. “¿Qué ha hecho Inteligencia durante estos cuatro años además de denunciar a senadores por la filtración de un documento y de echar a un funcionario porque manifestó su adhesión a una candidatura? ¿Qué más sabemos del señor Álvaro Garcé? ¿Sabemos algo más?”, apuntó.
Añadió que la SIEE debió actuar de mejor manera en el caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y en operativas de narcotráfico como el hallazgo, a fines de 2024, en el puerto de Amberes, Bélgica, de más de 2.000 kilos de cocaína en un contenedor de budines que pasó por el puerto de Montevideo: “Exportar budines de chocolate uruguayos a Bélgica es más o menos como exportarle petróleo a Arabia Saudita. ¿No despertó ninguna alarma? ¿Qué están haciendo los servicios de inteligencia?”.
