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La Intendencia de Paysandú se acerca la “inviabilidad” económica, según exjerarca
Un informe del exvicedirector de Administración advierte sobre un déficit acumulado de US$ 25 millones; el secretario general afirma que ese análisis “carece de rigor técnico”, que está “viciado” por intereses electorales y que las finanzas están “ordenadas”
Intendencia de Paysandú. Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS
Resultados de ejercicio “abultados”, déficits alterados y deudas acumuladas millonarias. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de un informe elaborado por Gastón Núñez Villarino, profesor de Estadística del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República y exvicedirector de Administración de la Intendencia Departamental de Paysandú durante el período 2015-2020.
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El pasado 12 de marzo el economista divulgó un informe en el que analiza el estado económico del gobierno departamental sanducero, tanto en su situación presupuestal como en la patrimonial. Para ello, tomó como referencia las rendiciones de cuentas de la intendencia de los años 2020, 2021 y 2022, así como los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre las rendiciones de esos mismos años.
En las conclusiones principales del documento, Núñez asegura que en 2021 el TCR alertó a la intendencia que estaba “tomando mal” al menos tres conceptos que hacían que el resultado del ejercicio fuera “mucho más abultado” en su beneficio. Entre esos conceptos, por ejemplo, le señaló que el fideicomiso financiero FFPAYII se estaba registrando como ingreso en lugar de tomarse como pasivo. Al año siguiente, sin embargo, la intendencia volvió a registrar “erróneamente” esos conceptos, lo que produjo que “el déficit informado sea muchísimo menor (196% menos) que el que realmente ocurrió”, indica el informe.
Por otro lado, el documento sostiene que según los dictámenes del TCR en el año 2021 la intendencia perdió US$ 6 millones, mientras que en 2022 perdió US$ 14 millones. “Como el resultado acumulado tiene algunos ajustes más que el resultado del ejercicio, resulta que la deuda acumulada al 31 de diciembre de 2022 es de US$ 25 millones”, algo reconocido por la intendencia en su propia rendición de cuentas, criticó Núñez, quien fue uno de los principales asesores económicos del exintendente frenteamplista Guillermo Caraballo.
El informe también asegura que la actual administración del Partido Nacional “registró fuertes déficits”, con cifras más altas que las registradas durante la crisis del 2002. Según explica, el déficit del 2021 fue de 9,24% y el de 2022 fue de 15,71%, lo que género que “se pasara de una intendencia equilibrada en términos de déficit acumulado a una intendencia en extrema mala condición económica en solo dos años”, argumenta Núñez. Según señala el documento, la anterior administración del Frente Amplio —de la que él era parte— recibió la intendencia en 2015 con un 14,07% de deuda en relación con lo gastado ese año y “la llevó a lograr” un superávit acumulado, por lo cual “entregó en 2020 un gobierno sin deudas y con cuentas a cobrar”.
En particular, el documento señala que cuando asumió Caraballo la deuda acumulada era de casi US$ 9 millones (valores constantes de 2022) y la entregó en 2020 con un superávit acumulado de US$ 260.000. En cambio, asegura que la administración del blanco Nicolás Olivera registró un déficit acumulado de US$ 24,63 millones constantes en 2022, por lo que si se compara en términos constantes “el déficit acumulado en 2022 creció un 175% con relación a 2015 y un 562% con relación a 2021”.
De esta forma, al basarse en los resultados del ejercicio y el déficit acumulado en dólares, el informe afirma que “la administración del Partido Nacional configura una realidad que está llevando a la intendencia peligrosamente cerca de la inviabilidad financiera y económica”. Además, afirma que el 2022 fue un año histórico en términos de recaudación pero también en relación con las pérdidas registradas, lo que a su entender “muestra el nivel de devastación” de la actual administración, “por exceso de gasto, falta de control y gastar sin medir las consecuencias”. “De no haber cambios profundos va camino a fundirse”, asegura Núñez.
Falacias
Consultado respecto a las conclusiones expuestas en el informe de Núñez, el secretario general de la intendencia, Fermín Farinha, dijo a Búsqueda que el documento en cuestión “carece de rigor técnico” y que su autor “se ve viciado por intereses que pueden surgir en un año electoral”. Es por eso que las conclusiones que se desprenden del informe “constituyen una falacia y no se condicen con la realidad”, agregó.
“El documento realiza comparaciones entre cosas que mantienen criterios totalmente diferentes. Cuando se realiza un paralelismo con la administración anterior, vemos que hay un criterio subjetivo”, señaló Farinha. No solo porque Núñez fue parte de la gestión anterior, sino porque en 2020 el TCR cambió los criterios de evaluación. “Si aplicáramos el criterio que aplica actualmente el TCR, en la rendición de cuentas del 2019 le hubiera dado $ 638 millones de déficit”, ejemplificó el secretario. Para Farinha, el informe busca hacer ver que existe un inconveniente financiero, lo que “no es así en lo absoluto”.
“Tan no es así que más de la mitad del déficit acumulado que surge de la rendición de cuentas de 2022 que el TCR analizó se explica por la deuda financiera contraída con el fideicomiso, que se paga a 15 años. Por tanto, desde el punto de vista del flujo de fondos la intendencia tiene buena salud”, aseguró.
El secretario aseguró además que la actual administración “revirtió los valores históricos” en términos de retribuciones, funcionamiento e inversión. Por ejemplo, afirmó que, mientras en 2017 la intendencia destinaba el 59% de su presupuesto a pagar retribuciones, hoy se destina a dicho rubro solo 30% del presupuesto. Y en materia de inversión, aseguró que se pasó de invertir 8% en 2017 a 42% en la actualidad.
“Núñez dice que la intendencia miente en la forma de exponer, pero no es así. Somos transparentes e informamos todos los puntos al TCR”, agregó el secretario. Si no fuera así, continuó, la CAF no le hubiera otorgado US$ 6 millones en 2023 para completar la obra del campus universitario, en acuerdo con el gobierno nacional y la Universidad de la República.
Además, comentó, la intendencia “no pierde dinero”, porque eso supondría analizar la contabilidad de la comuna “bajo un régimen empresarial”; lo que podrá hacer en todo caso, aclaró Farinha, es ejecutar más dinero del que le ingresa. “Pero eso tampoco le pasó a esta intendencia, porque las obras están financiadas por el fideicomiso”, argumentó. Y respecto a la deuda acumulada de US$ 25 millones, explicó que existe “una diferencia de criterios con el TCR” respecto a la exposición de la información y que ese déficit “no ilustra la gestión de la intendencia”.
“En lo que tiene que ver con gastos corrientes, es una intendencia que está ordenada. Queremos llevar tranquilidad. La intendencia resiste cualquier análisis desde el punto de vista financiero”, aseguró Farinha.