Cuatro años prófugo: la DEA arribó a Bolivia y buscará reforzar con Uruguay la búsqueda de Sebastián Marset

Pese a que representantes de Bolivia asisten a esos encuentros, suelen tener una participación marginal, casi silenciosa, mostrándose reacios a compartir información. “Y, cuando hablan, nadie les cree”, graficó a Búsqueda un exmiembro de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Fuentes policiales que trabajaron en distintos períodos de gobierno señalaron que se trata de una actitud arraigada en los bolivianos, explicada en parte por los frecuentes cambios de mando en sus agencias de seguridad, pero sobre todo por una corrupción extendida que permea los vínculos entre esas instituciones y el crimen organizado.

“Tenemos que hacer operativos conjuntos”, dijo el viceministro el 13 de febrero en una entrevista con AP, en donde mencionó específicamente la intención de Bolivia de llevar adelante procedimientos policiales con la DEA y con fuerzas de Argentina, Brasil y Paraguay.

Aunque Uruguay no figura en esa lista corta, oficiales de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas sí han conversado con oficiales de la DEA —tanto superiores regionales con base en Lima, Perú, como atachés de la oficina de Buenos Aires, de la cual depende Uruguay— sobre la importancia del retorno de la agencia a Bolivia para mejorar la colaboración entre las policías de la región en la búsqueda de Marset.

En enero, el vicepresidente de Bolivia Edman Lara exhortó a la Policía Boliviana a intensificar la búsqueda de Marset en el Urubó, una zona de condominios cerrados y urbanizaciones de lujo ubicada en las afueras de Santa Cruz de la Sierra, tras recibir información que situaba al uruguayo en ese lugar. La referencia de Lara apuntó específicamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, ambas bajo sospecha de estar infiltradas por grupos de crimen organizado.

¿Cuál es la situación de Marset?

En julio de 2023, la FELCN encabezó un megaoperativo para atrapar a Marset en una mansión del norte de Santa Cruz de la Sierra. Se había ido minutos antes junto con su pareja, sus hijos y su escolta paramilitar, avisado, según él mismo admitió después, por un jefe de la propia FELCN. Desde entonces sigue prófugo. Son casi cuatro años requerido internacionalmente, desde que la Justicia de Paraguay solicitó su arresto en el marco de A Ultranza Py, un procedimiento contra el narcotráfico y el lavado de activos iniciado el 22 de febrero de 2022.

A ese pedido original se sumó en 2024 otro del Ministerio Público de Bolivia, que lo imputó por legitimación de ganancias ilícitas y lo declaró en rebeldía. En mayo del año pasado, Estados Unidos también pasó a requerirlo: el Departamento de Justicia lo acusó de blanquear capitales del comercio internacional de cocaína a través de instituciones financieras estadounidenses.

Marset y sus abogados —que han ejercido su defensa en Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Francia y Estados Unidos— llegaron a negociar una posible entrega: su representante legal en Uruguay, Santiago Moratorio, mantuvo a inicios de 2024 una reunión con el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, para negociar posibles condiciones, como levantar las acusaciones de la Justicia de Paraguay contra su pareja, Gianina García Troche.

García Troche fue detenida en julio de ese 2024 por la Policía Nacional de España en el Aeropuerto de Barajas, cuando aterrizaba en Madrid en un vuelo proveniente de Dubái. Sobre ella pesaba una alerta roja de Interpol a solicitud de la Justicia paraguaya, que la acusaba de haber constituido sociedades y de abrir cuentas bancarias para introducir en el sistema financiero ganancias del narcotráfico. Su defensa intentó bloquear la extradición, pero fue finalmente trasladada a Paraguay, y hace poco tiempo la derivaron a un pabellón de máxima seguridad para mujeres. García Troche denuncia que ha sufrido convulsiones reiteradas y que no recibe atención médica adecuada.

En diciembre, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, abrió públicamente una puerta a otra negociación para la entrega de Marset. “Yo creo que él tiene, como todos, derecho legítimo a la defensa. Que se presente, que rinda cuentas ante la Justicia y sin condiciones. Lo único que podemos garantizar es su absoluta seguridad”, indicó en la radio paraguaya 780 AM.

Sin embargo, “esa posibilidad dejó de estar arriba de la mesa”, indicó Moratorio a Búsqueda. “Aquellas conversaciones fueron previo al arresto de su pareja. Hoy las autoridades de Paraguay están presionando para que Marset se entregue, pero no va a suceder, porque su pareja lleva más de un año y nueve meses de prisión preventiva, sin prueba ninguna en su contra y con un trato bastante inhumano, cruel y degradante”, argumentó.

Información-Sebastián Marset-Foto-DEA

Con la entrega descartada, tanto Paraguay como Uruguay aguardan que la DEA, con su instalación en Bolivia ya en proceso, obtenga información confiable que ayude a dar con el paradero de Marset en dicho país.

En Uruguay no tiene causas abiertas ni acusaciones formales, pero desde la órbita policial y del Ministerio del Interior insisten en que existe un trabajo constante de coordinación e intercambio de datos con agencias de seguridad de la región. El gobierno considera relevante inscribir su captura dentro de una serie de arrestos de alto impacto vinculados al narcotráfico, como los ocurridos a fines de 2025 con Luis Fernando Fernández Albín y Luis Alberto Suárez, aunque en el caso de Marset con un rol más indirecto para la Policía Nacional de Uruguay.

Tras el pedido de arresto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la DEA incorporó a Marset a su lista de fugitivos prioritarios, que reúne a personas requeridas principalmente por narcotráfico y crimen organizado transnacional. Su perfil lo registra bajo los alias Luis Amorim Santos y Gabriel de Souza Beumer, consigna que su último domicilio es desconocido y ofrece una recompensa de US$ 2 millones por información que conduzca a su arresto y condena.

Hasta esta semana, el nombre que encabezaba esa página era el de Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el 22 de febrero en un operativo del Ejército mexicano en Jalisco. Aunque su muerte dejó a Marset en la tercera posición del listado, el registro de la DEA no funciona como un ranking numerado ni establece una jerarquía oficial pública, sino que enumera una selección de objetivos activos cuyo peso operativo real no se detalla en el sitio, a diferencia del FBI, que sí mantiene una nómina formal denominada Los Diez Más Buscados.