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Justicia imputó por corrupción a dos exediles blancos de Maldonado y ordenó detener a un tercero, que no fue a la audiencia
Los formalizados se quedaron con dinero de la Junta Departamental a través de trabajos y obras que no se hicieron; el fiscal dijo que hay indicios de una “maniobra fraudulenta para perjudicar a la administración”
La jueza Gabriela Aspiroz formalizó este martes 2 la investigación penal contra los exediles y expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez y Darwin Correa, ambos del Partido Nacional, imputados por delitos de corrupción. Fueron formalizados por un delito continuado de fraude especialmente agravado —con penas de 12 meses a seis años de prisión— y un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, castigado con entre dos y ocho años de prisión. En el caso de Sánchez, se lo investiga como coautor, mientras que Correa figura como autor.
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Un tercer exedil y expresidente, Alejandro Infante, no compareció ante la audiencia. Su defensa explicó que lo esperaban en la puerta de la sede judicial a la hora pactada, pero que nunca llegó ni respondió a llamadas, por lo que la Fiscalía solicitó declararlo en rebeldía y pedir orden de detención, lo que fue confirmado por la jueza durante la audiencia.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por nueve ediles de la Junta Departamental de Maldonado sobre pagos irregulares por obras, coincidentes con denuncias previas del periodista Jorge Bonica en marzo de 2025. La Fiscalía, liderada por Jorge Vaz, sostiene que entre 2020 y 2025 los imputados, en distintos períodos de presidencia, habrían implementado maniobras que derivaron en desvíos de fondos de la junta hacia cuentas vinculadas a Sánchez.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó presentar un esquema de los hechos mediante diapositivas en una pantalla. Los abogados defensores se negaron por no haber tenido acceso previo al material, pero la jueza Aspiroz habilitó la exposición.
El relato fiscal detalló que cuando Correa presidía la Junta de Maldonado (de noviembre de 2022 a noviembre de 2023) aprobó ocho facturas emitidas a nombre de la empresa unipersonal de Ramón Sosa por un total de $ 1.191.913, correspondientes a trabajos de cambio y reparación de luminarias y arreglos de humedades. Todas las facturas tenían, en el reverso y en manuscrito, la cuenta bancaria de Facundo Sánchez, hijo de José Luis Sánchez. Según su declaración, su padre le pidió la cuenta para que la junta abonara “dinero por servicios que prestaba” y luego le solicitó transferir los montos. Facundo Sánchez declaró que luego transfirió casi la totalidad a su padre y que tras una disputa familiar confrontó a José Luis, quien reconoció que se trataba de “una maniobra por la cual se presentaban facturas por servicios que no se hacían para recibir pagos de la junta”.
Durante la presidencia de Infante, las transferencias a cuentas vinculadas a José Luis Sánchez ascendieron a $ 1.307.000. Además, Infante aprobó una factura por $ 115.400 destinada al hidrolavado de fachada, que finalmente fue pagada a un tercero, Javier Gutiérrez, quien declaró haber realizado el trabajo a pedido de Infante. La Fiscalía también indicó que una factura de $ 168.000, originalmente destinada a la empresa de Sosa, fue abonada a la cuenta de Facundo Sánchez y luego transferida a su padre.
En total, la junta abonó $ 1.474.313 a nombre de la empresa de Sosa, quien admitió que nunca realizó las obras y solo entregó facturas en blanco a pedido de Sánchez.
Falta de documentación y control
La Fiscalía destacó que no existían expedientes, resoluciones ni documentación administrativa en respaldo de los trabajos y que los pagos se hicieron en violación de los topes permitidos para contrataciones directas: en 2023, la junta podía realizar compras directas por hasta $ 896.000, pero los montos pagados superaron ese límite. Según Vaz, esto constituye un fraccionamiento irregular del gasto, que debería haber requerido licitación abreviada.
“Correa y Sánchez montaron una operativa para engañar y dañar económicamente a la administración. Estos hechos, además de ser delictivos, encartan en el concepto de corrupción”, afirmó el fiscal.
La Fiscalía agregó que, aunque Correa sostuvo que las obras se realizaron, los propios funcionarios de la junta declararon no haber visto los trabajos mencionados en las facturas. La investigación también concluyó que no existían documentos que justificaran las contrataciones, ni actos administrativos motivados que cumplieran con las normas de contratación pública y ética de la función pública.
La defensa de José Luis Sánchez, a cargo de Fernando Posada, cuestionó la formalización. Consideró que la Fiscalía se centra en aspectos administrativos y formales, no en hechos constitutivos de delitos penales. Según Posada, “el presidente de la junta tenía potestad para autorizar las contrataciones si lo entendía pertinente” y no era necesario mayor respaldo documental. También cuestionó la interpretación de la Fiscalía sobre las obras, señalando que existen fotografías de desagües y reparaciones que acreditarían que se realizaron.
Sobre el delito de fraude, la defensa sostuvo: “El elemento central es el de daño a la administración. ¿En qué momento se prueba que se pagó por algo que no se hizo, o que se aumentó un sobreprecio, o que las obras no eran necesarias?”.
La defensa de Correa, encabezada por Álvaro Garcé y Santiago Clavijo, se opuso a la formalización por defectos en la convocatoria y por considerar que la Fiscalía carece de prueba suficiente. Señalaron que Correa, con más de dos décadas como edil, priorizó necesidades del edificio y que dos testigos confirmaron haber visto vestigios de materiales de obra, aunque fuera del horario habitual.
La jueza Aspiroz, en tanto, descartó los planteos de oposición de las defensas y formalizó la investigación, confirmando las imputaciones de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica. En ese sentido, tras la imputación, ambas defensas interpusieron recursos de apelación contra la formalización.
En cuanto a las medidas cautelares, al no haberse solicitado prisión preventiva la Fiscalía pidió medidas limitativas de la libertad, que la jueza aplicó: fijación de domicilio, presentación semanal en seccional, prohibición de salir del país sin autorización y retención de pasaportes y descuentos de viaje por 90 días.
Alejandro Infante, por su parte, permanece prófugo con orden de detención vigente.
