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Ocupaciones en terrenos costeros preocupa a las autoridades de Maldonado, que critican la falta de acción de la Policía y la Justicia
Hay más de 200 denuncias por apropiaciones irregulares en el departamento y varios casos de títulos falsos; en los últimos años el fenómeno aumentó en el balneario Sauce de Portezuelo, y llevó a los vecinos a organizarse para frenarlo
imagen de Ocupaciones en terrenos costeros preocupa a las autoridades de Maldonado, que critican la falta de acción de la Policía y la Justicia
Las ocupaciones ilegales en balnearios costeros no son algo nuevo. Desde hace décadas las autoridades han intentado frenar ese fenómeno, pero pese a los esfuerzos de distintos actores —intendencias, vecinos, Justicia— el problema parece aumentar sin control.
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Solo en el departamento de Maldonado existen en la actualidad más de 200 denuncias por ocupaciones ilegales, de las cuales la gran mayoría se encuentran estancadas. Si bien las localidades más afectadas solían ser Punta Colorada, Punta Fría y Punta Negra —donde la comuna sospecha la existencia de una organización delictiva que vende irregularmente los terrenos—, hoy el fenómeno llegó hasta Sauce de Portezuelo, específicamente a la zona de Bahía del Pinar.
La falta de acciones ante el avance del problema “ha hecho que una ola de ocupantes de todas las clases sociales se instale en terrenos de forma ilegal”, explicó a Búsqueda la directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado (IDM), Adriana Graziuso. “Porque esto no es pobreza; en general se trata de gente de clase media-alta, que luego tiene posibilidad de construir”, explicó.
Según la directora, la dificultad en estos casos es que se trata de terrenos privados, y la Fiscalía generalmente entiende que es el dueño el que debe ratificar la denuncia. Por eso, los procesos muchas veces se ven frustrados.
“Como intendencia hemos hecho denuncias y la mayoría por Fiscalía se han archivado. Una cosa es hacer la denuncia y otra es que esta camine. Las presentadas por los vecinos están trancadas hace tiempo”, indicó Graziuso.
El abogado Daniel Reyes, que lleva adelante varias denuncias presentadas por vecinos de la zona de Bahía del Pinar por deforestación irregular y apropiación ilegal de varios predios, afirmó a Búsqueda que no se trata de falta de control de la Intendencia de Maldonado, sino que es el Ministerio del Interior el que ha estado “omiso” en su respuesta ante las denuncias de ocupación de los terrenos en la zona.
Control
Cuando un terreno tiene deudas de contribución inmobiliaria, un interesado puede presentarse ante la comuna y hacer un convenio con el fin de hacerse cargo. Esto permite crear el antecedente para adquirir eventualmente el inmueble por prescripción.
Hace dos años la IDM bloqueó la posibilidad de pagar la contribución en aquellos solares costeros del departamento con deudas, para evitar la comercialización de terrenos de manera ilegal. “Fue una buena medida porque son cuestiones delicadas: son predios que tienen valor y los derechos posesorios también se pueden vender”, explicó Reyes.
En Bahía del Pinar —un balneario de difícil acceso por su abundante vegetación— existen muchos solares de propietarios ausentes, personas que compraron el terreno hace décadas y luego no se hicieron cargo, o que fallecieron sin dejar un heredero responsable. Por eso, en los últimos años se dio, de forma paulatina pero constante, un ingreso de “ocupas”, contó el abogado.
Frente al alto número de casos, los pobladores de la zona “debieron unirse y tomar medidas en colectivo”, para lo cual crearon la Comisión de Vecinos de Bahía del Pinar, dijo Reyes.
Los vecinos hicieron denuncias ante la Policía y ante el municipio de Piriápolis (del cual depende la zona), pero al no obtener respuesta presentaron una denuncia penal por usurpación en la Fiscalía. Un año después, aún no se celebró ninguna audiencia.
“Lo más grave es que cuando denunciamos todo esto nadie hace nada; la situación es de puro desamparo”, dijo a Búsqueda Adrián Saracco, vecino del lugar.
El abogado explicó que lo que animó a los propietarios —en su mayoría argentinos— a invertir y establecerse en el lugar, es que en 2010 la comuna dividió los terrenos en micro regiones y obligó por normativa a mantener el estilo de “ciudad jardín (similares a chacras marítimas), como polo estratégico de atracción de turistas”. Así, se buscó promoverlo como “lugar para vivir todo el año”.
“Hay un estímulo de parte de las autoridades departamentales para que esa micro región mantenga determinadas características, como la conservación del medioambiente y la promoción del desarrollo sostenible”, dijo Reyes. Hasta ahora las construcciones se habían ceñido a esas pautas, algo que cambió recientemente.
El abogado aseguró que la cantidad de solares ocupados hoy en Bahía del Pinar es “numerosa”. “Es una situación que se ha venido reiterando. Es un tema acuciante en toda la costa uruguaya”, sostuvo.
La directora Graziuso dijo que hasta ahora la IDM había preferido mantener el tema de Bahía del Pinar en reserva porque al informar que “no hay acción por parte de la Justicia y que los propietarios no existen o no están” se puede fomentar la llegada de nuevos ocupantes ilegales.
Afirmó además que la situación es muy difícil de controlar y opinó que, ante la denuncia de los vecinos, el Ministerio del Interior tendría que individualizar a las personas de la localidad y presentar un informe ante Fiscalía.
“El gran problema es que los móviles policiales ni siquiera le toman los datos a los ocupantes con la excusa de la inacción; dicen que ‘después la Fiscalía no hace nada’, es la muletilla que tienen”, lamentó.
Saracco, por su parte, sostuvo que la Policía dice no tener potestad ni poder ingresar a terrenos privados. “No ha habido forma de parar este problema, no encontramos la manera de impedir una usurpación”, afirmó.
Punta Negra
En junio del año pasado la IDM presentó una denuncia por presunta falsificación de títulos de propiedad luego de que comenzara un boom de ocupaciones en el balneario Punta Negra. Tras declinar competencia el Juzgado de Maldonado, la denuncia se encuentra ahora en la Fiscalía de Delitos Económicos de Montevideo.
“Todavía no nos han llamado para declarar como denunciantes. Hace más de medio año que no tenemos respuesta y mientras tanto se sigue empapelando la costa con títulos falsos”, indicó Graziuso. Además, la jerarca aseguró que se trata de un negocio millonario, ya que calculan que la maniobra de fraude ya superó los US$ 2 millones. En ese sentido, criticó la tardanza de los procesos judiciales, que permite que las personas “no paren de facturar”.
