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En dos semanas consecutivas el Directorio de OSE abordó el mismo asunto con resultados distintos. Así fue que luego de aprobar la destitución de dos funcionarios —que de acuerdo a sumarios realizados habían cobrado compensaciones que no les correspondían— dio marcha atrás y resolvió aplicarles sanciones de 180 días de suspensión.
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La destitución se había aprobado el miércoles 3 con los votos del presidente del organismo, Raúl Montero, y de la vicepresidenta, Susana Montaner. El director en representación del Frente Amplio, Diego Pastorín, estuvo en desacuerdo y luego de hacer un análisis más detallado del asunto decidió pedir que se reconsidere.
En la reunión del directorio del miércoles 10 volvió a tratarse y, como consecuencia de un cambio en la posición de Montaner, se aprobó la suspensión de 180 días para los funcionarios. El presidente Montero quedó en minoría.
Además de Forneris, también fue objeto de un sumario otro funcionario del sector, Fabián Pérez. En ambos casos, las irregularidades no tienen que ver con ingresos de personal sino con el cobro de compensaciones indebidas.
Luego de los sumarios, la Gerencia Jurídica entendió que los funcionarios implicados “actuaron con conciencia y voluntad cobrando productividad improcedentemente”: entre noviembre de 2020 y abril de 2021, Forneris percibió indebidamente la suma de $ 87.908 y Pérez, $ 100.727. El informe elevado al directorio señala que esa conducta “constituye falta administrativa muy grave” y sugirió la expulsión y el reclamo de las sumas cobradas.
Fue con esa base que el directorio tomó la decisión inicial de la destitución.
Un documento elaborado por el director Pastorín puso otros varios elementos sobre la mesa en los que fundamentó su pedido de reconsideración. Por ejemplo, apunta a la responsabilidad de los dos gerentes que estuvieron a cargo del área en ese período. Primero, por haber introducido cambios de “organización y roles” que no “revestían la formalidad requerida”, luego, por “contradicciones” que surgen de la investigación en cuanto a “si habían avalado la modalidad de pago de productividad a los sumariados”, finalmente, por la debilidad de los controles que realizaban de los cobros.
Sobre este punto, Pastorín cita otros documentos que intervinieron en el proceso. Uno de ellos es el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Promociones Faltas y Seguridad Industrial de OSE, que dijo: “Los gerentes estaban en conocimiento de cómo se liquidaba la productividad, ya que ellos mismos aprobaban su pago, de no hacerlo los funcionarios no cobraban”.
También el Tribunal de Cuentas, que analizó el caso, se refirió a la posible responsabilidad de los gerentes. Ese organismo señaló: “Más allá de la responsabilidad que se ha acreditado de los funcionarios sumariados, corresponde tener presente que, de la instrucción del sumario sustanciado, surge la presunción de que las autorizaciones para el cobro de la misma eran realizadas a nivel gerencial, por lo que correspondería instruir la investigación correspondiente a este respecto”. Otro elemento que Pastorín destaca del informe del Tribunal de Cuentas es que se califica la falta cometida por Forneris y Pérez como “grave” en vez de “muy grave”.
Además de dar marcha atrás en la destitución de los funcionarios, OSE decidió abrir otra investigación administrativa para los dos gerentes que se desempeñaron en el período en que se detectaron las irregularidades, Marcelo Marchese y Diego Rodríguez.
