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El Estado destinó US$ 22,5 millones a políticas de género en 2024
Las medidas de los organismos públicos para contribuir a la igualdad, incluidas en la Rendición de Cuentas, van desde cursos de sensibilización para funcionarios hasta la aplicación de protocolos de prevención del acoso, la producción de cartelería y campañas en redes sociales, la atención a víctimas de violencia y la investigación de denuncias internas
Esta semana el Poder Ejecutivo entregó al Legislativo la Rendición de Cuentas de 2024. Uno de los anexos del documento contiene todas las políticas que promueven o contribuyen a la igualdad de género implementadas por los organismos públicos que, a pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), debieron identificar y detallar todos los proyectos de funcionamiento y de inversión que ejecutaron referidos al tema.
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En el informe, la OPP indica que para rendir cuentas sobre las acciones realizadas en materia de género era necesario uniformizar el formato de presentación y resumir toda la información en un solo documento.
La ejecución presupuestal de los proyectos relacionados a la igualdad de género en todos los incisos asciende a $ 906.097.883 (US$ 22.529.100). Esta cifra, no obstante, “refleja en forma parcial el esfuerzo presupuestal de los organismos, ya que muchas de las acciones no se ejecutaron con cargos en los proyectos” identificados de forma específica, indica el informe.
El monto ejecutado en políticas de igualdad de género se equipara a, por ejemplo, el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Ambiente en 2024 (24,4 millones). Representa cerca del 0,1% del presupuesto total ejecutado por el Estado el año pasado.
En el informe presentado junto a la Rendición de Cuentas, los organismos también detallaron las acciones impulsadas cuyo costo no fue “etiquetado” dentro de los proyectos sobre igualdad de género, aquellas que contaron con donaciones o préstamos no reembolsables y las acciones que no tuvieron un costo específico. Por otra parte, los organismos informaron sobre las acciones que planean implementar en 2025.
Las políticas implementadas son variadas y el nivel de detalle sobre lo actuado oscila entre cada organismo. Mientras algunas medidas son transversales a todos los incisos, como la capacitación de funcionarios, la adhesión a fechas y eventos conmemorativos o la implementación de protocolos para prevenir el acoso, otras están vinculadas a las competencias de cada organismo.
Denuncias, almanaques y tobilleras
La Oficina Nacional de Servicio Civil realizó, por ejemplo, cursos sobre Diversidad e Inclusión en las organizaciones públicas, y talleres de sensibilización sobre la violencia basada en género, entre otras instancias formativas. Mientras, Presidencia de la República apoyó la creación y puesta en marcha de un centro de formación para mujeres políticas uruguayas.
En el Ministerio de Defensa hubo capacitaciones sobre violencia en el trabajo y acoso sexual y moral, y se impartieron talleres sobre “respuestas a situaciones de género” al personal militar destinado a misiones de paz. También detalla que se imprimieron almanaques para el Día Internacional de la Mujer y se incluyeron leyendas conmemorativas a esa fecha en los recibos de sueldo, entre otras acciones.
Además, Defensa informó que la Comisión de Género de la Armada recibió 32 denuncias, a las que se les brindó tratamiento “psicológico y legal”. En la Fuerza Aérea se creó una nueva Comisión de Género que desde su integración recibió seis denuncias de presunto acoso sexual. Y la Dirección Nacional de Sanidad reportó que se “observó” a empresas tercerizadas de limpieza “por la actitud fuera de lugar en forma reiterada de parte de sus funcionarios”.
El Ministerio del Interior destinó $ 300 millones a la compra de dispositivos electrónicos para proteger a víctimas de violencia de género, capacitó al personal policial sobre violencia sexual hacia niños y adolescentes, y elaboró guías de actuación para la detección de casos de riesgo, entre otras acciones. Entre los desafíos para este año planteó la necesidad de fortalecer el monitoreo de las tobilleras electrónicas y de desarrollar una herramienta tecnológica que dé celeridad a la respuesta a las víctimas de violencia de género con medidas de protección.
Guardería, vivienda y podcasts
El Ministerio de Relaciones Exteriores destinó casi $ 5 millones a costear servicios de guardería para los funcionarios con menores a cargo. Además, conmemoró fechas emblemáticas, impartió cursos de capacitación “en la temática de género” y “divulgó regularmente” su Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, acoso laboral y moral en el trabajo, entre otras medidas. Como desafío para 2025 planteó, entre otros, la necesidad de revisar y mejorar el protocolo.
Entre las medidas adoptadas por el Ministerio de Ganadería estuvo la realización de cursos de formación para mujeres rurales sobre manejo de drones y buenas prácticas agrícolas.
El Ministerio de Industria destinó $ 3 millones a apoyar proyectos de mujeres empresarias y redactó un nuevo protocolo de acción ante situaciones de acoso moral y/o sexual.
La Unidad Especializada en Genero del Ministerio de Turismo actualizó su protocolo de prevención a situaciones de acoso y discriminación y se propuso para 2025 “posicionar a Uruguay como un destino seguro para mujeres”.
El Ministerio de Educación y Cultura organizó un concurso de premios titulado “Despertando vocación científica en niñas y adolescentes” y contrató un técnico especializado para realizar un diagnóstico sobre género en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Además, impulsó un proyecto educativo referido a la práctica del bandoneón en Uruguay “desde una visión de género”, dio cursos sobre “noviazgos libres de violencia” y “prevención de la trata” y elaboró un documento con Recomendaciones para el uso de lenguaje inclusivo. La Dirección Nacional de Cultura se propuso para 2025 “doblar los recursos destinados a políticas culturales con enfoque de género”.
El Ministerio de Vivienda destinó $ 60 millones a brindar casas para mujeres víctimas de violencia de género, entre otras políticas, y el Ministerio de Desarrollo Social prestó servicios como la línea de consulta y orientación sobre violencia doméstica (0800 4141), atención a víctimas de violencia y atención a varones que ejercen violencia o campañas de concientización en redes sociales.
El Ministerio de Ambiente realizó talleres de violencia basada en género para guardaparques y trabajó en la implementación de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Residuos. El Poder Judicial reportó inversiones y gastos de funcionamiento en los juzgados especializados en género, entre otras políticas vinculadas a la formación y la capacitación de jueces.
La Administración Nacional de Educación Pública impartió programas sobre educación sexual integral a estudiantes de secundaria y se propuso como desafío para 2025 diseñar una propuesta para incorporar la educación sexual en las currículas.
La Universidad de la República (Udelar) abrió espacios de cuidados para primera infancia y mantuvo en funcionamiento 40 salas de lactancia. Además, elaboró el documento Revisión para la incorporación de la perspectiva de género en el nuevo Estatuto del Personal Docente y una propuesta para una nueva institucionalidad de género en la Udelar.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, por su parte, informó que entre sus planes para 2025 está la creación de contenido en formato podcast, en el que los adolescentes aborden diferentes temáticas.
