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Expertos divididos respecto a restringir o no el ingreso de abogados de narcotraficantes a la Fiscalía y a la Justicia
Pablo Schiavi propone establecer una restricción por ley, el presidente del Colegio de Abogados cree que se “estigmatiza” a los defensores y Santiago Pereira Campos propone caminos intermedios para un tema “complejo” que pone en tensión “dos derechos fundamentales”
Frente a la inquietud por la eventual infiltración en la Fiscalía General de la Nación de abogados con vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, el abogado Pablo Schiavi planteó a través de sus redes sociales que el Estado debería establecerlo como una “causal de incompatibilidad absoluta para el ingreso a la función pública”.
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En diálogo con Búsqueda, Schiavi señaló que si bien “no es ilegal” y tampoco es quién para juzgar el caso que toma un colega en el ejercicio de su profesión, es necesario “cerrarle las puertas al Estado en la forma que sea” ante un “narcotráfico que intenta avanzar sobre las instituciones” y por episodios como el atentado reciente contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, detrás del cual analizan la posible vinculación de Sebastián Marset.
Según el abogado, la medida no apunta a criminalizar el ejercicio de la defensa de quienes defendieron a narcotraficantes en procesos penales, sino a establecer una incompatibilidad absoluta para desempeñar cargos públicos en general, para todas las reparticiones del Estado, y especialmente si se trata del Poder Judicial y la Fiscalía. “Cualquier profesión que se haya vinculado al narcotráfico, en forma totalmente legítima y dentro de la legalidad, porque no está prohibido, para mí supone una causal de incompatibilidad absoluta para ser funcionario público”, afirmó, y puso como ejemplo otros organismos como el Ministerio de Economía o la Dirección General Impositiva (DGI).
En el caso de los abogados, “defender a un narco es una decisión laboral válida, profesional, pero para mí no puede ser gratuita para determinadas cosas”, agregó.
Hasta el momento, no existe una norma que impida a un abogado que haya ejercido la defensa penal de narcotraficantes postularse a un cargo en la Fiscalía. Schiavi propone que la restricción se establezca por ley, por ejemplo, incorporando un artículo al Estatuto del Funcionario Público o en el Código de Ética de la Función Pública.
Dos derechos fundamentales en juego
La postura de Schiavi fue criticada por el abogado Florencio Macedo, profesor adjunto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, quien fue recientemente electo presidente del Colegio de Abogados del Uruguay. Si bien reconoce que los países deben “estar muy alerta” ante el eventual ingreso del crimen organizado a instituciones del Estado, considera que “se está buscando la desconfianza en los abogados y el foco no debería estar ahí”, porque “toda persona tiene derecho a ser defendida”.
“No me parece correcto tratar de estigmatizar al abogado o de identificarlo con su cliente, cuando en realidad el rol del abogado en la administración de justicia es defender. Una cosa es que un abogado defienda a una persona y otra es que sea partícipe de un grupo delictivo”, dijo Macedo a Búsqueda.
En su opinión la preocupación detrás de este tema es “relevante”, pero plantear la limitación de forma dirigida hacia los abogados es “confundir” el trabajo del abogado con el cliente. “Podría ser una cuestión de que tener determinados antecedentes implique no poder acceder a determinados cargos”, porque “hay que poner el acento en qué delincuentes, que serán abogados o lo que sean, quieren ingresar en las estructuras del gobierno”, agregó.
Consultado por Búsqueda, el abogado Santiago Pereira Campos, experto en derecho procesal, dijo que el asunto es “complejo” porque “hay dos derechos fundamentales que están en juego”: por un lado, el derecho a toda persona de ser defendida y, por otro, el derecho a la libertad de trabajo de los profesionales. “Eso no implica que se le puedan atribuir al abogado las características de su defendido”, aclaró.
Sin embargo, planteó que “el sistema de Justicia debe ser creíble y la credibilidad del sistema de Justicia se construye, entre otras cosas, en virtud de las personas que lo integran”. Entonces, “hay una cuestión de eventual afectación del prestigio institucional” en el caso del posible ingreso de abogados que trabajaron en la defensa de personas vinculadas al crimen organizado.
Pereira Campos señaló que es un tema que se ha planteado en varios países y es “de difícil resolución”. En otros países, dijo, se han explorado mecanismos en la búsqueda de un “cierto equilibrio”. Uno de ellos es la declaración de conflicto de intereses, una práctica que obliga al abogado que se presenta a un concurso a informar las causas públicas en las que participó, para que la institución pueda evaluar si existe una incompatibilidad. “Los procesos penales y civiles son públicos, entonces no se vulnera el deber de reserva profesional al informar en qué causas públicas un abogado intervino”, sostuvo.
El experto en derecho procesal planteó que otra solución que aparece en el derecho comparado es el denominado “período de enfriamiento”, que establece un lapso de tiempo durante el cual quien ejerció funciones de defensa o asesoramiento a imputados por determinados delitos no pueda pasar a un rol de fiscal. “En algunos casos, se pide que haya un período de tres años, o de cinco años. (…) Ese es otro posible instrumento”, señaló.
También hizo énfasis en la necesidad de “separar al cliente del abogado que lo defiende”. En su opinión, es algo en lo que todavía es necesario insistir. “Es un punto importante que debe transmitirse a la sociedad para que comprenda cuál es el rol del abogado”, dijo.
Abogados de narcotraficantes en concursos
La preocupación en el sistema político y en el Ministerio Público surgió luego de que al menos tres abogados que defendieron a narcotraficantes se presentaran en el último concurso para ingresar a la función de fiscales, como informó Búsqueda el 11 de octubre, aunque solo uno pasó la prueba. Quien avanzó fue Raúl Estomba, abogado de Mónica Sosa, la líder de Los Chingas —el grupo criminal de narcotraficantes que años atrás usurpó viviendas en el barrio Los Palomares de Casavalle—, y también de varios líderes del clan Figueroa, dedicado al tráfico de drogas.
En su comparecencia en la Comisión de Asuntos Administrativos —que asesora a la Cámara de Senadores—, Ferrero advirtió que los legisladores deben tener cuidado e investigar los antecedentes cuando hacen determinados nombramientos, porque es el Poder Legislativo el que aprueba las venias. “Si no damos la venia, no importa que haya hecho concurso”, dijo una de las fuentes políticas consultadas, pese a que eso podría causar juicios por daños y perjuicios.
