La cifra sobre la cantidad de policías y de operadores penitenciarios que trabajan en cada una de las cárceles se ha mantenido en reserva desde hace más de una década, por cuestiones de seguridad, aunque en diversas ocasiones las autoridades carcelarias y los propios trabajadores han señalado que es insuficiente para la custodia de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, un relevamiento realizado durante 2025 por el Centro de Formación Penitenciaria sobre el nivel educativo del personal del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que fue publicado el 13 de agosto en la página web del Ministerio del Interior, permitió conocer la distribución de quienes respondieron la encuesta en cada unidad. El relevamiento del INR alcanzó a 3.526 funcionarios del organismo, de los cuales respondieron la encuesta 3.333 funcionarios, lo que representa una tasa de respuesta del 94,5%.
Esa información fue utilizada por el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios para elaborar una estimación de la cantidad de policías y operadores que trabajan en cada una de las cárceles. En un comunicado titulado “Más de 14 años de opacidad sobre las cifras del INR”, que fue adelantado a Búsqueda, el sindicato señala que los datos permiten aproximarse a la distribución del personal en los establecimientos y dimensionar la relación entre la cantidad de funcionarios disponibles y las personas privadas de libertad que deben atender.
Según señala el informe del INR, el 80% de quienes contestaron trabajaba en unidades penitenciarias y el otro 20% en otras dependencias. De acuerdo con los datos publicados, el 64,6% eran policías, unos 2.153, y el 30,8% eran operadores penitenciarios, unas 1.026 personas. El resto eran profesionales, técnicos, administrativos y cargos de particular confianza.
El cálculo del sindicato ubica al establecimiento de Santiago Vázquez, el ex Comcar, entre las cárceles que tienen una mayor relación de personas privadas de libertad por cada funcionario. Según sus estimaciones, hay 72,6 internos por cada policía disponible por turno y 77,5 por cada operador penitenciario.
Las cárceles con menos funcionarios
A partir de la distribución y de la cantidad de respuestas por unidad, el sindicato estimó la cantidad de funcionarios en cada cárcel y calculó cuántos hay disponibles por turno.
Para el Comcar, que tiene una población promedio de 5.032 personas privadas de libertad, la estimación del sindicato es de 277 policías. Pero al considerar el régimen de trabajo, que es una semana de servicio por una de descanso y dos turnos diarios de 12 horas, calculan que hay 69,3 policías por turno.
En el caso de los operadores penitenciarios, el sindicato estima una dotación nominal de 129,9 funcionarios y 65 por turno, por lo que concluyen que hay 77,5 personas privadas de libertad por operador disponible en cada turno.
Si se suman operadores penitenciarios y policías, la relación en Santiago Vázquez es de 30,6 privados de libertad por funcionario en cada turno.
Después del Comcar, las cárceles con menor cantidad de policías por persona privada de libertad son Maldonado, con 57,6 personas por funcionario, Canelones, con 53,7 y Paysandú, con 39,1. En el caso de los operadores penitenciarios, Maldonado tiene una relación estimada de 61,4 personas privadas de libertad por cada operador y Canelones de 57,3. En el caso de Paysandú, que ocupa la cuarta posición, estiman que hay 41,7 personas privadas de libertad por operador.
El sindicato aclara que calculó la dotación de personal por establecimiento, a partir de los datos publicados, lo que “permite obtener una estimación razonablemente aproximada de la dotación de personal y dimensionar el déficit existente en el sistema penitenciario”.
Información clasificada
La publicación de los datos por parte del INR representa un cambio respecto de la información disponible hasta ahora, entienden desde el sindicato. Una resolución de 2012, firmada por el entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi, clasificó como información reservada toda información y documentación que involucre la custodia de cárceles y “en particular la relativa a los locales, incluidos los planos, su estructura, la ubicación de las dependencias y sus vías de acceso”. También incluyó la “cantidad y distribución del personal policial que presta servicio”, así como los móviles en servicio, su distribución, el armamento del que se dispone y las posibilidades de respuesta frente a “alteraciones del orden”.
En el considerando, señala que la divulgación de la información “conlleva el daño potencial” de afectar el normal funcionamiento de las cárceles y de promover “la ocurrencia de fugas y de episodios de alteraciones del orden”.
Esa resolución es el motivo por el cual frente a pedidos de acceso a la información pública sobre la cantidad de funcionarios la cartera se negaba a dar la información, que tampoco podía ser brindada desde la oficina del comisionado parlamentario penitenciario en sus informes anuales o frente a episodios puntuales.
El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios señala en el comunicado que la resolución ministerial, que generó una “política de opacidad”, fue utilizada para negarles la información durante el proceso de habeas corpus que promovieron sobre la situación de la cárcel de Santiago Vázquez, pese a tratarse de datos directamente vinculados con las condiciones de reclusión, seguridad y derechos humanos.
Además, señala que en los últimos 12 años solo algunos informes del comisionado parlamentario penitenciario permitieron conocer “cifras generales”, aunque “sin conocerse públicamente su distribución”.
Un problema que se agrava
La gran cantidad de personas privadas de libertad por cada funcionario fue señalada como uno de los “grandes problemas” del sistema penitenciario uruguayo en el Libro blanco de la reforma penitenciaria, que se elaboró durante el gobierno de Luis Lacalle Pou con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Contar con un número de internados adecuados al personal disponible es “una condición necesaria (aunque no suficiente)” para mantener condiciones de reclusión dignas y seguras en las cárceles, se señalaba.
El documento cita un artículo del ex director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Elías Carranza, sobre la situación penitenciaria de América Latina y El Caribe, que establece debería haber idealmente entre una y tres personas privadas de libertad por cada funcionario de seguridad. A su vez, aclara que, si bien a priori este número puede parecer elevado, debido al sistema de turnos y al tipo de tarea que implica el trabajo, esta es la proporción adecuada para que, en la práctica, no haya más de 12 reclusos por funcionario.
A diciembre de 2023, según el Libro blanco de la reforma penitenciaria, el país estaba “muy alejado” de lo sugerido, porque había 3.990 funcionarios y un ratio de 4,7 personas encarceladas por cada funcionario. No obstante, planteaba que es un problema que “se agrava de modo constante” porque la población encarcelada crece a un ritmo superior al que pueden llegar a aumentar los recursos humanos y porque un porcentaje importante del personal está certificado, de forma temporal o permanente.
“La ausencia de personal suficiente es un elemento crucial para el desarrollo de situaciones caóticas, donde el vacío de autoridad es llenado por liderazgos emergentes de los internos u otros actores”, dice Carranza en el documento, que destaca el trabajo del personal que “no puede ser sustituido por otros elementos de control como los tecnológicos”.
En 2019, el informe anual del entonces comisionado para las cárceles, Juan Miguel Petit, informaba que el personal del INR era de 4.290 funcionarios.
“Si la cantidad de personal ya era considerada crítica en 2019, mantener prácticamente la misma dotación frente a una población penitenciaria sustancialmente mayor evidencia un deterioro aun más profundo de la relación entre funcionarios y personas privadas de libertad”, dice el sindicato.
A través del comunicado, reclama que los futuros informes anuales del comisionado parlamentario incorporen de forma sistemática la relación entre funcionarios y reclusos, discriminada por escalafón y por establecimiento. También solicita que se revoque la resolución ministerial de 2012.
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