El Poder Judicial firma un nuevo acuerdo con psiquiatras que apunta a llenar unas 30 vacantes

Desde febrero, cuando termine la feria judicial y el convenio adquiera vigencia, los psiquiatras del PJ van a trabajar 12 horas semanales en las dependencias del organismo, las que podrán llegar hasta 20 en actividades “extramuros”, a demanda, como pericias a domicilio (sobre todo a adultos mayores), en el Hospital Vilardebó, en audiencias judiciales o en entrevistas en Fiscalía, dijo Ribas. Al momento están trabajando 20 horas semanales, de las que se descuenta el tiempo que insumen las tareas externas.

“Fue el Poder Judicial el que pidió esta reorganización. Y ellos necesitaban que cubriéramos Carnaval y Turismo para que no vencieran los plazos de detención”, dijo Ribas.

Un episodio ocurrido en abril 2025 dejó en evidencia esta necesidad. El miércoles 16 de abril, en medio de la última Semana de Turismo, una auxiliar de limpieza de la escuela de Cuchilla de Peralta, en Tacuarembó, fue detenida a pedido del fiscal suplente de Paso de los Toros, Mauricio Delgado, y luego formalizada por la jueza Anabel Saravia como autora inimputable de nueve incendios y amenazas en ese departamento. La Justicia dispuso que como medida cautelar fuera internada por 120 días en el Hospital Vilardebó, para preservar la investigación de la Fiscalía, por la seguridad de las víctimas y de la propia imputada. Sin embargo, el hospital psiquiátrico impidió su ingreso, pese a que no puede cuestionar una decisión judicial. Según informó Búsqueda el 30 de abril, el dictamen de Saravia se tomó sin una pericia forense —como establece también la normativa— porque el PJ no tenía un psiquiatra en Tacuarembó ni en el resto del país en Turismo.

La declaración de inimputabilidad, consignó este semanario, se tomó a partir de la historia clínica —incluido un intento de suicidio que ocurrió siete días antes de su detención— y al tratamiento psiquiátrico que seguía la mujer.

Llamados

Los psiquiatras del ITF del PJ son auxiliares en procesos penales, civiles, de familia, de menores y de violencia doméstica. Luego de la pandemia del Covid-19, en 2021, cuando un conflicto cambió las condiciones laborales, estos pasaron de trabajar 12 horas semanales —a lo que se vuelve ahora— a 20. En ese entonces se temió un vaciamiento del cuerpo técnico de estos profesionales, lo que podía repercutir en la pérdida de garantías en los procesos judiciales que requirieran su presencia.

Efectivamente, eso pasó. Si para entonces había 18 vacantes en 35 cupos —las condiciones laborales y de remuneración hacían al PJ mucho menos atractivo que el sistema mutual e incluso que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)—, tres años después ese número había aumentado a 23. Hoy son más de 30, estima Ribas. Búsqueda informó en su momento que hubo tres concursos declarados desiertos y varios cargos fueron reconvertidos para ser ocupados por psicólogos y licenciados en Trabajo Social, tanto en Montevideo como en el interior del país.

En el interior hay 11 profesionales, aunque uno de ellos hace mucho tiempo está con una licencia médica prolongada. En Montevideo hay ocho peritos psiquiatras de adultos y dos para niños, dijo Ribas. La ausencia de personal hace que los primeros tengan que trabajar en varios departamentos, además de cubrir las licencias de aquellos que no estén en la capital. El PJ tiene para todo el país tres psiquiatras forenses infantiles. “Por accesibilidad sería bueno que hubiera más, pero no hay una demanda de pericias en niños que lo justifique”, reconoce la representante del SMU.

Ella no se anima a aventurar cuántos colegas más harían falta que ingresaran. “Pero tenemos que tener más, hace cinco años que no ingresa nadie porque las condiciones de trabajo en ASSE o en el mutualismo son bastante mejores que acá; económicamente, ni hablar”, añadió. Con el nuevo régimen espera que los próximos llamados no queden desiertos.

“Nos han prometido un llamado a la brevedad pero todavía no hay fecha”, dijo Ribas. Se necesitaba que se firmara el acuerdo antes de abrir la convocatoria para que los colegas que se presenten sepan cuáles son las condiciones laborales, añadió.

Los peritos psiquiatras del ITF hoy perciben una remuneración aproximada de $ 100.000 mensuales líquidos y hacen entre 400 y 500 pericias al año. La suya es una tarea de asesoría, ya que una eventual inimputabilidad siempre va a ser determinada por el juez de turno. “Lo que nosotros hacemos es determinar si el individuo fue capaz de entender el carácter ilícito de sus actos”, dijo Ribas.

Más allá de que sea lo más notorio, asesorar sobre la inimputabilidad no es la única tarea que realizan. También intervienen en trámites de incapacidad, en determinar si una persona puede manejar sus bienes o requiere un curador o atender situaciones de violencia doméstica. “Es un trabajo que te tiene que gustar”, puntualizó Ribas. “El grupo humano es excelente y las relaciones con los funcionarios también, pero económicamente no es lo mejor y a veces uno vive cosas complicadas, riesgosas. Viene una persona a hacer periciada y está rodeada de policías con capucha para no ser reconocidos. Y en esos mismos casos nosotros firmamos el documento con nuestros nombres”.