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Fiscales evitan judicializar casos de adolescentes que agreden a sus padres y los derivan a procesos de protección
Una investigación académica concluyó que los casos involucran principalmente a hijos varones que violentan a sus madres, en contextos de consumo de drogas y violencia familiar
En Uruguay, los adolescentes que ejercen violencia contra sus padres o madres casi nunca terminan siendo formalizados en la Justicia penal. Si bien la Policía recibe denuncias por este tipo de situaciones, en la mayoría de los casos la respuesta institucional consiste en derivarlos a la Justicia de familia, donde se recurre a medidas como la internación psiquiátrica y tratamientos, en vez de tratarlas como infracciones penales.
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Esa es la principal conclusión de la primera investigación empírica sobre violencia filioparental que se realizó en Montevideo, desarrollada por los investigadores Lucía Remersaro, Henry Trujillo y Daniel Zubillaga, del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El artículo, al que accedió Búsqueda, forma parte de una investigación más amplia en la que también participaron María José Beltrán, Alicia Tomasino y Andrés Techera, y será publicada en la Revista de Estudos Empíricos em Direito, de Brasil.
El estudio consistió en el análisis de datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, expedientes judiciales y la realización de entrevistas con fiscales, jueces y defensores públicos especializados, para reconstruir cómo responde el sistema de justicia frente a la agresión de adolescentes a sus progenitores. El artículo aclara que se analizaron solo los casos denunciados, lo que representa “la punta del iceberg” de la violencia de hijos contra sus padres y madres.
Uno de los principales datos que surge de la investigación es la detección de una diferencia entre los casos que llegan a la Policía y aquellos que son judicializados. A partir de los registros policiales se identificaron 515 denuncias que podían ser compatibles con “violencia ascendente”, registradas en Montevideo durante 2018. La cifra representa, según los autores, una “estimación máxima que con seguridad incluye hechos ajenos al objeto de estudio”.
Sin embargo, al revisar los 57 expedientes en los juzgados letrados de Adolescentes que correspondían a delitos como lesiones, amenazas, violencia doméstica y violación de domicilio —figuras delictivas típicas asociadas a la violencia filioparental—, no encontraron casos en los que un adolescente hubiera sido judicializado penalmente por agredir a un progenitor. En cambio, en cuatro de los 12 juzgados letrados de Familia Especializados había 15 de los 219 expedientes relevados que se corresponden con esa conducta.
“Esa derivación no obedece a una decisión de política criminal explícita ni a un diseño normativo específico, sino a un criterio de actuación construido en la práctica cotidiana de los fiscales”, señala la investigación.
Varones, drogas y exposición temprana a violencia
De las entrevistas que realizaron con los fiscales surge que la ausencia de casos en la Justicia penal se debe a que entienden que esa eventual intervención no aporta soluciones a ese tipo de conflictos familiares y que el derecho penal debe actuar únicamente como “última ratio”. Uno de los fiscales entrevistados sostuvo que “judicializando el hecho no se soluciona tampoco”, mientras otro explicó que la respuesta penal se ocupa exclusivamente del adolescente y no de la familia, por lo que consideran más adecuado derivar los casos a la Justicia de familia.
Según indica la investigación, los expedientes de este tipo se derivan a los procesos previstos en el artículo 117 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece la intervención cuando existe una vulneración de los derechos, y se priorizan medidas de protección en vez de respuestas que sancionen la violencia ejercida.
En los casos que llegaron a los juzgados letrados de Familia Especializados, el perfil de los adolescentes se repite: eran varones de entre 14 y 17 años y en la mayoría de los casos las víctimas fueron sus madres. Eso “coincide con lo señalado por la literatura, que identifica a la violencia filioparental como un tipo particular de violencia hacia la mujer y “como fenómeno asociado a la exposición temprana a la violencia en el hogar”, dice la investigación. También hubo cinco adolescentes mujeres agresoras y dos casos en los que el padre fue la persona agredida.
Los investigadores identificaron, además, que en casi la mitad de los casos los adolescentes involucrados tenían consumo problemático de drogas, como pasta base, marihuana y alcohol, y en dos tercios había episodios previos de violencia familiar. A su vez, los informes médicos mencionaban trastornos del aprendizaje, trastornos conductuales, esquizofrenia, trastorno bipolar y otras patologías psiquiátricas.
Sobre la respuesta judicial, el trabajo académico muestra que la medida más frecuente fue la internación involuntaria del adolescente, aunque también se dispusieron internaciones voluntarias, tenencias provisorias a otros familiares y prohibiciones de acercamiento o incomunicación.
En las entrevistas que realizaron, los jueces y defensores públicos sostuvieron que el objetivo de esos procesos no es castigar sino proteger. Uno de los magistrados afirmó que el hecho de que un adolescente haya cometido una agresión “no significa que sea agresor”, mientras que otro agregó que el procedimiento busca encontrar medidas compatibles con la protección de los derechos del adolescente y evitar apartarlo de su núcleo familiar, a menos que sea una situación extrema.
A su vez, la investigación plantea que los propios magistrados especializados en la protección reconocieron las “limitaciones” de su intervención. Un juez señaló que sería “ilógico pensar que por una medida que imponga un juez se soluciona un problema”, mientras otro señaló que no tienen “como norte resolver el conflicto” y que el objetivo “es proteger a ese niño, niña o adolescente”.
Otro de los hallazgos del trabajo hace referencia a la distribución territorial de las denuncias por violencia filioparental. Los registros policiales muestran una mayor frecuencia de casos en los barrios con niveles socioeconómicos bajos y una “correlación negativa” entre las denuncias y el índice de nivel socioeconómico de Montevideo. Sin embargo, los autores advierten que eso no significa que la violencia filioparental ocurra más en esos sectores, sino que el sistema de justicia registra los que ocurren en hogares que “carecen de alternativas para procesarla sin acudir al Estado”, debido a que “los hogares con mayores recursos acceden a asistencia privada”.
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