Personas privadas de libertad, liberados, autoridades del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y empresarios coincidieron en un conversatorio sobre la promoción del empleo entre quienes pasan por el sistema penitenciario. Las distintas voces plantearon la importancia del trabajo para ayudar en la reinserción de las personas cuando recuperan la libertad, además de para transitar el encierro, pero esa posibilidad se enfrenta a la realidad del sistema, que además de falencias legislativas tiene cupos limitados.
“Ampliar el acceso al trabajo no es solo una política social, es una política de seguridad, es una política de desarrollo y es sobre todo una política de justicia”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en el gimnasio de la Unidad N° 6 de Punta de Rieles —una cárcel que ha sido catalogada como modelo—, que concentró a más de 200 personas este martes 21 de abril en una actividad organizada por el Ministerio del Interior y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).
“El futuro de un país también se construye en lugares como este”, opinó la presidenta de ACDE, Elisa Facio, y agregó que “la enorme mayoría de las personas privadas de libertad en algún momento va a recuperarla” y “la pregunta relevante no es si van a volver, sino en qué condiciones van a hacerlo, con herramientas o sin ellas”. La asociación lleva adelante el Programa Liberados, un proyecto realizado junto con el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), que brinda oportunidades laborales a quienes salen del sistema penitenciario y actualmente tiene a 23 personas que son acompañadas en ese proceso.
Faltan oportunidades
Las 9.000 personas que salen al año de las cárceles aproximadamente —unas 26 por día— tienen dificultades para acceder al mercado laboral luego de cumplir su pena, a pesar de que trabajar es un derecho protegido por la Constitución, regulado en convenios internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo sobre la no discriminación laboral, así como contemplado en leyes con incentivos a empresas para integrar exreclusos en las plantillas.
Uno de los testimonios del conversatorio fue el de John Morland, un exprivado de libertad, con varios antecedentes, entre ellos por homicidio, que habló sobre su experiencia como trabajador de la empresa constructora Teyma, y agradeció a su familia y a las oportunidades que también le dieron desde la Dinali. “Hoy en día dejé atrás mi pasado”, dijo, y quiso dar un mensaje de apoyo “a la gente que quiera salir adelante y poder reinsertarse en la sociedad”.
“Sé que hay mucha problemática de droga, de delincuencia, pero hay mucha gente que está pidiendo un cambio y poder salir adelante”, señaló.
Además de charlas, hubo una feria de emprendimientos donde los propios reclusos expusieron y vendieron los productos elaborados dentro de la cárcel, como cuadros, artesanías, muebles de madera, bloques, pinturas, artículos de herrería y alimentos.
Lucas Larrosa, que forma parte de un grupo de cuatro reclusos que hacen bloques de hormigón, destacó a Búsqueda que el trabajo “es un despeje de mente, que genera un grupo de presos más responsables y productivos”. “Sé que hay otros privados de libertad que no tienen la oportunidad de ser emprendedores como nosotros, por los cupos, pero que estarían muy copados y serían buenos trabajadores para sacar adelante una actividad, cumplir una actividad y cumplir un oficio”, agregó.
cárcel de punta de rieles
Emprendimiento de reclusos dentro de la cárcel de Punta de Rieles.
Ministerio del Interior
Revisión normativa
Durante su discurso en el evento, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, dijo que es necesario “revisar los aspectos normativos” de la legislación vigente, ya que “en lo que tiene que ver con el trabajo y con el amparo legal está dispersa y es disarmónica”. Juanche adelantó que comenzaron a trabajar en un proyecto de ley de ejecución penal —que regula el cumplimiento de las penas— que va a tener “un capítulo sobre el trabajo en privación de libertad, porque es fundamental”.
El ministro Negro señaló que están “impulsando una agenda clara y firme” para alcanzar una mayor cantidad de oportunidades laborales dentro del sistema penitenciario, mejores condiciones de trabajo y más actividades productivas. Según señaló, estará dirigida en especial a personas jóvenes, con trayectorias educativas y laborales “frágiles”, mujeres y quienes estén cerca de recuperar la libertad.
“Necesitamos que el sector empresarial dé un paso adelante, que entienda que esto no es caridad de asistencialismo, es inversión inteligente, inversión en seguridad” y también que la sociedad civil esté “construyendo confianza donde muchas veces hay prejuicio”, dijo Negro.
Uno de los planteos que se realiza por parte de los empresarios desde el año pasado es que sea reglamentada la ley de promoción de empleo, que se aprobó en febrero de 2025 y tiene por objetivo incentivar la contratación de personas liberadas del sistema penitenciario.
Escaso y precario
El último informe anual de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario sobre la situación del sistema carcelario de 2024, publicado en 2025, estableció que el trabajo en contexto de encierro es “relativamente escaso”, se caracteriza por “la precariedad, las limitadas posibilidades, por la ausencia de remuneración, la falta de cobertura en materia de seguridad social y la desprotección ante enfermedades profesionales o accidentes de trabajo”.
En 2024, el 35,8% de la población penitenciaria total realizaba alguna actividad laboral al mes, unas 5.692 personas de un total de 15.920 reclusos que había en ese momento. Sin embargo, el 86% de las personas que trabajaron no recibieron remuneración, el 11% recibió un peculio y solo el 3% un salario.
“Tenemos ahí un desafío importante para ir avanzando hacia la regulación del trabajo en las cárceles”, dijo Juanche durante la actividad, quien señaló que en la actualidad el 38% de las personas privadas de libertad trabaja, pero solo 22% lo hace de manera remunerada.
Otra problemática radica en que, al no existir aportes a la seguridad social, los años trabajados en prisión no cuentan para la jubilación. Eso “impide instaurar una verdadera cultura del trabajo digno”, plantea el informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario.
En relación con la cantidad de plazas laborales, el estudio señaló que, aunque la cantidad absoluta de personas que trabajan ha aumentado desde 2019, la proporción descendió en comparación con el período comprendido entre 2016 y 2018 —cuando era de alrededor del 39%— debido a que el crecimiento de la población carcelaria fue mayor que la creación de nuevos cupos. También hace referencia a que, al igual que ocurre con el acceso a la educación, la posibilidad de trabajar varía sustancialmente según las cárceles o incluso entre sectores de un mismo establecimiento penitenciario.
Algunas cárceles como Chacra Libertad, Juan Soler y Florida tienen una cobertura del 100%, mientras que el Penal de Libertad y la cárcel de Santiago Vazquez (el antiguo Comcar) tenían una proporción bastante más baja a la del promedio, con el 22% y 23% de la población con actividades laborales, respectivamente, y en el interior, la Unidad 13 de Maldonado tenía el 19%.
El antiguo Comcar, la cárcel más grande del país, “es relevante, particularmente por la baja presencia proporcional de posibilidades de trabajo, bastante por debajo del promedio nacional”, dice el informe. En los módulos 8, 10 y 11, solo el 11% de los privados de libertad realizaron alguna actividad laboral, mientras que en los módulos 7, 9 y preegreso la cifra asciende al 81%.
Cárceles Petit
Módulo 2 de la cárcel de Santiago Vázquez (antiguo Comcar).
Mauricio Zina / adhocFOTOS
